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Murcia se ahorrará 20 millones al año con la privatización de Canal 7

Canal 7 recibió 35 millones de euros en 2011 mientras que facturó sólo 450.000 euros.

LIBRE MERCADO
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A mediados de abril el Consejo de Ministros abrió la puerta a la gestión privada de las televisiones autonómicas, lo que posibilitaba abordar grandes cambios en el panorama televisivo estatal. Esta modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual daba a las Comunidades Autónomas libertad a la hora de decidir sobre el modo de gestionar el servicio público de televisión, apostando por una mayor eficiencia, y permitiendo el cierre o la privatización de la gestión de los entes públicos en un contexto de emergencia económica. 

La complicada situación de la comunidad de Murcia, que ya anunció en julio que se acogería al Fondo de Liquidez Autonómico por un importe de al menos 300 millones, ha llevado al Gobierno regional a incluir dentro de su plan de ajustes la privatización de su la gestión de su televisión local, Canal 7. Además, ha anunciado la reordenación de recursos de la radio pública de la región, Onda Regional de Murcia. 

La futura concesión será de carácter plurianual y se adjudicará con un presupuesto de quince millones de euros para cada ejercicio. Según señala el Gobierno murciano, la futura televisión pública de Murcia la gestionará de "forma directa" el sector privado dado que la nueva ley de comunicación audiovisual permite una "gestión indirecta pura" por parte de la comunidad autónoma.

Los datos de Canal 7


Entre 2006 y 2010 la financiación pública transferida a la radiotelevisión murciana fue de unos 46 millones de euros anuales de media. En 2011 ya fue necesario hacer un importante ajuste fijándose como máximo una financiación de 30 millones de euros.

Debido a las limitaciones presupuestarias impuestas por la actual situación económica y financiera de la Región de Murcia, el pasado 1 de agosto el Gobierno regional hizo público el inicio de un proceso de evaluación jurídica y económica de las distintas alternativas que permitiesen la continuidad de 7RM. Tras el nuevo objetivo de déficit fijado para las comunidades autónomas, la Región está llevando a cabo un proceso de restructuración de sus cuentas que pasa por recortes en el gasto.

De hecho, en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2012 se preveía para el ente regional una dotación de 26 millones de euros para este año. No obstante, la necesidad de nuevos ajustes en la Comunidad ha llevado al Gobierno murciano a sacar la tijera y recortar la dotación prevista en 11 millones de euros por lo que finalmente se destinarán al canal de televisión público 15 millones de euros, es decir, el gobierno autonómico se ahorrará aproximadamente 20 millones con respecto a 2011 al privatizar la gestión. 

En un momento de recortes públicos como el actual es muy difícil justificar las millonarias dotaciones a las televisiones y radios autonómicas poco rentables y en este sentido, la decisión del Gobierno de Valcárcel es un primer paso. Canal 7 ha estado recibiendo una media de 46 millones de euros anuales mientras que su facturación en 2011 fue de 450.000 euros.

Los ingresos por su actividad habitual previstos para 2012 no ascendían de esa cifra mientras que sólo en gastos de personal se preveía un coste de 957.000 euros (en 2011 los costes de personal ascendieron a 1.065.000 euros). 

Los 270 trabajadores insisten que la privatización supone el cierre pero el Gobierno murciano ha subrayado durante la rueda de prensa que el objetivo  es procurar que se reincorporen, en el máximo número posible, a La 7 cuando se resuelva el nuevo concurso de adjudicación.

Proyecto de Ley de Presupuestos 2012 para Canal 7

Emisiones bajo mínimo
 

En cuanto a las emisiones de este canal a partir del sábado, 1 de septiembre, han informado de que el deseo del ente Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM), al que pertenece la empresa pública TAM, es mantener una programación de continuidad por el tiempo que transcurra hasta la nueva concesión. La idea es que haya "al menos" un informativo y que siga emitiendo GTM porque los contratos "pueden resolverse en parte o en su totalidad".
 
Hasta la fecha se ha venido prestando el servicio público de comunicación audiovisual, bajo el control del Consejo de Administración de RTRM, avalado por los casi 90 empleados públicos de RTRM más los casi 300 de GTM.
 
El Gobierno regional ha reiterado este miércoles que velará por el pleno respeto a los derechos de los trabajadores y por el mantenimiento del máximo número de puestos de trabajo, pero ¿qué ocurrirá desde el 31 de agosto hasta que falle el concurso? Según fuentes de la empresa adjudicataria que ha podido saber Libertad Digital se está preparando un ERE a partir del 1 de septiembre que supondrá una reducción de plantilla que podría llegar al 90% de la actual estructura de la empresa.
 
La idea de GTM es quedarse con los trabajadores imprescindibles para mantener una emisión de circunstancias (bajo mínimos) y no "irse a negro" en la pantalla. El ERE podría afectar a cerca de 250 trabajadores, de los 270 actualmente en plantilla. No obstante, si GTM resulta adjudicataria del nuevo concurso para la gestión de la televisión autonómica una gran parte de ellos (si no la totalidad) podría volver de nuevo a su puesto de trabajo, pero todo depende de la resolución de ese nuevo concurso prevista para el próximo mes de marzo.

En el supuesto de que GTM finalmente no presten estos servicios mínimos, el propio ente público tiene infraestructura para emitir informativos, indica el Gobierno, y también fondo documental de programación, aunque el grupo GTM es el propietario de las instalaciones de La 7.
 
Por otra parte, resulta obvio que con los recortes la adjudicataria actual, GTM, ha dejado de percibir 11 millones de euros que tenía comprometidos (como se puede ver en el Proyecto de Ley de los Presupuestos de la comunidad) en su día por el gobierno regional, por lo que la intención lógica de la empresa sería exigir el pago de esa cantidad o una indemnización por la repentina rescisión del contrato, aunque según fuentes de la empresa "todo se solucionará en una negociación con el gobierno autónomo para resolver esta cuestión".
 

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