Los límites de la lógica

function abrirImagen(img, t) { v = window.open("","img", "menubar=no,width=800,height=600,toolbar=no,location=no,resizable=1,status=no,scrollbars=yes"); v.document.writeln(""+t+""); v.document.writeln(''); v.document.writeln(''); v.document.writeln(''); v.document.writeln(''); } Ni el Gobierno nacional ni ninguno de los autonómicos, que yo sepa, ha explicado por qué el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se dotará, tan pronto como sea posible, con 18.000 millones de euros. Tampoco ha tenido a bien nuestro Gobierno comunicarnos cuáles eran las autonomías a las que se había advertido por un posible exceso de déficit en 2012. En tercer lugar, no ha habido ninguna consideración respecto a si las aparentemente elevadas cantidades que Cataluña, Valencia y Murcia van a solicitar entran dentro de la lógica presupuestaria o no. El resultado de esa política oscurantista –a pesar de que los déficits los pagamos los ciudadanos residentes en España– es una todavía mayor incertidumbre sobre la situación presupuestaria del sector público. Con esa base de partida, he intentado calcular cuánto dinero podrían verse obligadas a solicitar las autonomías al fondo de liquidez y a partir de qué cifra habría que preocuparse. Hay que empezar por recordar que la economía española no encuentra financiación en el exterior desde hace muchos meses. Esta situación afecta a la banca, que ha tenido que sustituir financiación exterior privada, de otros bancos, fondos, compañías de seguros y depósitos, por financiación del Banco Central Europeo. A finales de 2011, antes de la primera LTRO (préstamos del BCE a los bancos), el sistema financiero tenía alrededor de 80.000 millones de euros de financiación del BCE. A 31 de julio de 2012 esa cifra alcanza los 410.000 millones de euros. Tampoco al Estado español le ha ido mejor. Hace meses que los inversores extranjeros no compran deuda pública española y se desprenden de la que tienen cuando encuentran la oportunidad. De hecho, una parte sustancial de la emisión de deuda pública del Tesoro la ha comprado la banca española. La situación de las autonomías es mucho peor que la del Estado. Sus emisiones de bonos y obligaciones no encuentran comprador a ningún precio y la banca se resiste a refinanciar sus préstamos según van venciendo. Esa situación es la que ha obligado a inventarse el Fondo de Liquidez Autonómico. Una necesidad imperiosa, que puede transformarse en una trampa para disimular un déficit mayor del autorizado, si Hacienda no interviene totalmente las cuentas de autonomías según vayan necesitando acudir a ese fondo. Los datos públicos con que contamos y las valoraciones que pueden hacerse son los siguientes: Deuda pública autonómica total a 31 de diciembre de 2011: 140.083 millones de euros. Pulse para ampliar Fuente: Banco de España Se supone que la vida media de esa deuda es de 3 años. La media de la deuda de la administración central es de alrededor de 6 años. Quizá 3 años es una cifra muy optimista. Pero esa, u otra suposición, son imprescindibles para poder sacar alguna conclusión. Con ese supuesto, los vencimientos de la deuda pública autonómica en 2012 serían, al menos, de 46.700 millones de euros. En estos momentos, y, en la práctica, desde principios de 2012, a la mayoría de las autonomías les ha resultado imposible refinanciarse en el mercado, por lo que su único recurso ha sido, y es, recurrir al Estado central para que les suministre liquidez. El déficit autonómico global para 2012, acordado con la Unión Europea, asciende al 1,5% del PIB de 2011. Antes de la revisión del PIB por parte del INE, ese PIB alcanzaba una cifra de 1.073.000 millones de euros, por lo que el déficit nominal autorizado para el conjunto de todas las Autonomías es de 16.095 millones de euros. Por tanto, las necesidades de refinanciación y de financiación de las autonomías para 2012, podrían sumar, al menos, 62.795 millones de euros. El Estado central ha puesto en vigor al menos 2 vías, que yo haya identificado, para suministrar liquidez con carácter extraordinario a las autonomías durante 2012. Ese dinero se ha transferido en los primeros siete meses de 2012, por lo que en ese tiempo no se han puesto de manifiesto problemas de liquidez: Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores: 17.800 millones Adelantos en las transferencias de ingresos impositivos (según declaraciones de la Secretaría de Estado de Hacienda): 5.000 millones Total: 22.800 millones de euros En consecuencia, las necesidades financieras globales se deberían haber reducido desde los 62.795 millones a alrededor de 39.995 millones de euros. Según las declaraciones del Ministro de Hacienda de hace unos meses, había 8 autonomías que podrían estar incumpliendo su compromiso de reducir su déficit hasta el 1,5% de su PIB autonómico. Esas autonomías –y sus deudas correspondientes a 31 de diciembre de 2012–, por lo que vamos sabiendo, podrían ser las siguientes: En conjunto, esas 8 autonomías sumaban, a 31 de diciembre de 2011, el 67% de la deuda autonómica total. Si esas mismas 8 autonomías son las que no son capaces de refinanciarse, porque sus financiadores conocen sus incumplimientos, el total, mínimo, de las necesidades de financiación se sitúa en el 67% de los 39.995 millones que figuran en el séptimo punto de estas consideraciones. Es decir, 26.796 millones de euros. El Fondo de liquidez para las autonomías se va a dotar con 18.000 millones de euros. En el peor de los casos, por tanto, el déficit de financiación, después de acudir al Fondo de Liquidez, podría alcanzar los 8.796 millones de euros. Una cifra elevada, pero manejable. Todas esas consideraciones y cálculos se han hecho partiendo no sólo de los datos y opiniones que figuran en los diez apartados anteriores, sino sobre la base, que es irreal, de que todas las autonomías son iguales, en términos de estructura temporal de su deuda autonómica y sobre la base de que los déficits, no conocidos, de esas ocho autonomías, superiores a sus correspondientes 1,5% de sus PIB autonómicos, se compensan con déficits inferiores por parte de las otras nueve autonomías. Es decir, que, en conjunto, las autonomías cumplen el objetivo de déficit del 1,5% del PIB acordado con la Unión Europea. La falta de datos, la incertidumbre y las malas experiencias previas se traducen en que muchos analistas no creen que este supuesto sea realista y que, en consecuencia, el déficit autonómico será de, al menos, el 2% del PIB, es decir, de casi 5.600 millones de euros más. En ese caso, las necesidades de liquidez se incrementarían desde los 26.796 millones de euros del punto 9 hasta los 32.396 millones de euros. Se ha hecho otra suposición que, hoy por hoy, resulta muy optimista, que el resto de las autonomías, las que van a cumplir con el objetivo de déficit público, son capaces de financiar sus vencimientos y su déficit autorizado para 2012. Conclusión El objetivo de este artículo no es emitir opiniones de valor sobre si la política que subyace a la creación del fondo de liquidez tiene fundamento –que creo que sí lo tiene– y sobre si es lógico que su volumen sea "ilimitado" –que no creo que lo sea– como ha declarado hace poco el presidente del Gobierno. En cualquier caso, habría que distinguir, en cada caso, si las peticiones de liquidez de cada autonomía al Estado se limitan al vencimiento de la deuda existente en 2011 y al déficit autorizado para 2012, o si se quieren utilizar para ocultar mayores déficits. Un elemento que conspira a favor del comportamiento irregular de los gobernantes autonómicos es que todavía no se ha hecho la reforma del Código Penal que permitiría procesar por delito a los que gastaran dinero público por encima de lo presupuestado, pues el cambio está condicionado a la aprobación definitiva de la denominada Ley de Transparencia. Existe, también, otra posibilidad para financiarse. Volver a dejar de pagar a los proveedores y acreedores e incluso retrasar los pagos a los empleados públicos. Una repetición de la situación extrema que condujo a crear el fondo para el pago de proveedores que se ha utilizado este año. Una conducta que no estoy seguro de que esté contemplada en esa modificación del Código Penal.