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El Gobierno y la protección social

La argumentación del Gobierno para justificar tanto los recortes sociales que está llevando a cabo como los que se avecinan se cae por su propio peso.

Emilio J. González
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El ministro Luis de Guindos ha dicho este miércoles en el Congreso de los Diputados que será "imposible" seguir manteniendo las prestaciones sociales si en los próximos meses la economía española no sale de la recesión y el estancamiento y comienza a generar puestos de trabajo.

No cabe duda de que la crisis ha puesto contra las cuerdas al Estado del Bienestar en nuestro país; pero, en contra de lo que dice Guindos, los problemas de éste no se derivan de las presentes dificultades de nuestra economía, sino de los propios fundamentos de nuestro sistema de bienestar.

Las bases del mismo se asientan en dos elementos propios de la década de los sesenta que hoy ya no se dan: una población joven que alimentaba el crecimiento anual de la fuerza de trabajo y un fuerte incremento de la productividad laboral, que permitió mayores salarios y, por tanto, mayores ingresos por impuestos y por cotizaciones sociales. Ese incremento de la productividad derivaba de los procesos de industrialización y de la sustitución de empleos agrarios poco productivos por los más productivos de la industria y los servicios que caracterizaron al desarrollismo. Sobre esos pilares se edificó un sistema de protección social cuyo eje era la solidaridad, porque el aumento constante tanto de la población activa como de los salarios permitía financiar prestaciones crecientes tanto en cuantía como en número de beneficiarios. Sin embargo, está situación ya no se da. El final del baby boom, a mediados de la década de los setenta, ha dado lugar al actual proceso de envejecimiento de la población, mientras que el incremento de la productividad ha sido nulo desde que el euro entró en vigor, en 1999. En este contexto, no se puede mantener un sistema de gastos crecientes cuando los que los financian son, proporcionalmente, cada vez menos y la productividad no crece. Ese es el verdadero problema, no la crisis, que lo único que hace es acelerar e intensificar lo que, de todas formas, era inevitable.

La crisis, además, tampoco tiene la culpa de que los distintos Gobiernos no hayan preparado el sistema de bienestar social y su financiación para lo que, como digo, era inevitable que sucediera. Los distintos organismos internacionales, y en especial el Banco Central Europeo, han venido advirtiendo desde hace lustros a los países como España, con una población cada vez mas envejecida, para que preparasen sus presupuestos a fin de poder mantener el sistema de bienestar social, si optaban por que siguiera siendo público en vez de reformarlo. Con ello querían decir que había que recortar otros gastos, para que la imposición general permitiera seguir financiando el modelo de protección social sin tener que subir los impuestos ni las cotizaciones sociales, en especial las empresariales, cuyo recorte drástico es necesario para poder crear empleo. En cambio, el gasto público ha crecido de forma disparada y disparatada por culpa, sobre todo, de las autonomías, con lo cual no se ha abierto en el presupuesto el margen necesario para garantizar el futuro del sistema de protección social. Esto es el fruto de las decisiones políticas de unos y otros, no de la crisis.

La argumentación del Gobierno para justificar tanto los recortes sociales que está llevando a cabo como los que se avecinan se cae por su propio peso. Si el Estado del Bienestar es insostenible, refórmenlo; si quieren mantenerlo tal cual, entonces metan mano a todo el gasto público innecesario que hay en este país, en especial en las autonomías, y financien con él el sistema de protección social. Lo que no tiene un pase es que el Ejecutivo hable de recortes sociales mientras permite que todas las administraciones públicas sigan derrochando el dinero.

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