El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una nueva reforma energética para tratar de reducir el denominado déficit de tarifa, el crónico desfase entre los ingresos que perciben las eléctricas y el coste real de la generación de energía.
El Gobierno no sólo se equivoca de objetivo, sino que acabará provocando más problemas de los que pretende solventar, ya que sigue sin atajar el cáncer que corroe el sistema eléctrico nacional desde hace años: las energías renovables.
España acumula un déficit de tarifa próximo a los 24.000 millones de euros. El principal responsable de esta deuda es el exorbitado crecimiento que han experimentado en los últimos años las energías limpias, sobre todo las plantas solares, al abrigo de la intervención pública. Zapatero creó una inmensa burbuja verde gracias a la concesión de unas generosas primas, cuya cuantía asciende ya a unos 7.000 millones de euros al año. Los socialistas fomentaron este tipo de fuentes sin reparar lo más mínimo en su elevado coste y a pesar de su comprobada ineficiencia.
El PP prometió resolver este problema una vez conquistado el poder, pero, una vez más, ha faltado a su palabra. En lugar de pinchar la burbuja renovable, el Gobierno se ha decantado por disparar la fiscalidad a todo el sector eléctrico, castigando con una dureza insólita a los generadores más eficientes y baratos, como es el caso de la energía nuclear o la hidráulica.
En principio, Industria pretendía castigar con impuestos muy elevados la producción de energía termosolar y fotovoltaica, para lastrar su rentabilidad y provocar así el cierre de numerosas plantas, esquivando de paso la inseguridad jurídica que provocaría la eliminación de primas renovables con carácter retroactivo. Pero no ha sido posible. Rajoy se ha decantado nuevamente por apoyar a Cristóbal Montoro. El ministro de Hacienda rechazó el proyecto de Soria y logró paralizarlo durante meses, convirtiéndose en el principal defensor de los intereses del sector renovable y abriendo de paso una crisis en el seno del Gobierno. Montoro, al igual que las empresas solares, optaba por aplicar un impuesto lineal que no resultara excesivamente perjudicial para las fuentes limpias. Dicho y hecho.
La posición del ministro genera dudas más que razonables si se tiene en cuenta que esta materia no es de su competencia –concierne única y exclusivamente al Ministerio de Industria– y, aún más preocupante, que su hermano y dos de sus más estrechos excolaboradores trabajan en una consultora que asesora a empresas del sector de las renovables.
Lo más grave, sin embargo, más allá de presuntos intereses personales, son los efectos de la reforma. No ataca el problema del déficit porque permite la supervivencia de su principal responsable; el consumidor pagará con creces tal decisión, ya que la subida de impuestos acabará repercutiendo, de una u otra forma, en el recibo de la luz; y lo peor es que esta nueva subida fiscal lastrará las inversiones de las eléctricas para mejorar el funcionamiento del sistema.