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El Pacto Fiscal convertiría a Cataluña en el tercer fuero de España

Mas exige recaudar todos los impuestos que se generan en Cataluña y, luego, pagar al Estado ciertos servicios, imitando el cupo vasco.

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El Parlamento catalán aprobó el pasado julio el polémico Pacto Fiscal con los votos de CiU, ICV-EUiA y ERC, y el apoyo parcial del PSC. El presidente de la Generalidad, Artur Mas, reclamará su aplicación este jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un encuentro en Moncloa. El Pacto Fiscal implica, ni más ni menos, que cambiar de arriba abajo el actual sistema de financiación autonómica, sustituyendo el principio de solidaridad territorial por otro similar al concierto económico existente en las regiones forales del País Vasco y Navarra.

Los siete puntos del Pacto acordado por el Parlamento catalán se resumen en las siguientes claves:

- Creación de una Agencia Tributaria catalana propia y única, aunque "tendría que colaborar administrativamente con otras administraciones de carácter local, estatal y europeo, especialmente en la lucha contra el fraude fiscal".

- Destinar los nuevos recursos que se obtengan con el Pacto Fiscal a las políticas sociales y a preservar los servicios básicos del Estado del Bienestar.

- El Pacto se vincula a la progresividad fiscal en el sistema impositivo catalán y a la lealtad institucional tanto entre el Estado y la Generalidad como entre la Generalidad y los ayuntamientos y otros entes locales.

- Creación de una comisión de seguimiento de la negociación del Pacto Fiscal con el Estado, conformada sólo por las fuerzas parlamentarias "que manifiesten su pleno apoyo" a la propuesta aprobada en el Parlamento catalán.

Principales implicaciones

Ahora bien, ¿en qué se traduce esta propuesta? La clave consiste en la petición de una Agencia Tributaria propia por parte de Cataluña, que gozaría de plena capacidad normativa y recaudatoria sobre la región. Es decir, la Generalidad de encargaría de recaudar todos los tributos que se generen en Cataluña, no sólo los impuestos propios o cedidos a las CCAA. Posteriormente, Cataluña negociaría con el Gobierno central una especie de cupo, a través de un concierto económico, para sufragar los servicios públicos que presta el Estado en esa región, así como una cuantía destinada a la "solidaridad" interterritorial.

De este modo, lo que exige Cataluña es, básicamente, cambiar el modelo de financiación autonómica. En el actual sistema, el Estado es el encargado de recaudar los principales impuestos a nivel nacional -excepto en País Vasco y Navarra- y, posteriormente, se encarga de repartir parte de este dinero entre las distintas regiones en función de la participación autonómica en los grandes tributos (IRPF, IVA y Especiales) y según una serie de criterios -población, dispersión demográfica, PIB regional, etc.-.

Lo que pretende Mas es darle la vuelta al calcetín: Cataluña recauda y después acuerda ceder al Estado parte de ese dinero. El cupo, lo que Cataluña tendría que pagar al Estado anualmente por los servicios prestados en su comunidad y la solidaridad interterritorial, se revisaría cada cinco años y se negociaría de forma bilateral entre la Generalidad y el Gobierno central. De este modo, Cataluña se convertiría, en la práctica, en el tercer territorio foral de España.

Efectos sobre el sistema de financiación

La cuestión es que este planteamiento obligaría a cambiar todo el sistema de financiación autonómico, ya que Cataluña acabaría aportando menos dinero al resto de CCAA de régimen común -todas menos País Vasco y Navarra-. Así, según un estudio del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas), si Cataluña lograse un concierto económico similar al vasco, "exigiría unos recursos adicionales de más de 16.000 millones de euros que habría que detraer del resto de las comunidades del régimen común". Es decir, el actual sistema de financiación regional perdería más de un 12% de sus fondos en el peor de los casos.

Por otro lado, tomando como referencia la valoración de las competencias estatales no transferidas al País Vasco que establece el último cupo (2007), el informe destaca que "un sistema de concierto a la vasca habría incrementado la financiación neta de Cataluña en 2007 en algo menos de 11.000 millones", lo cual reduciría en un 8% la financiación del resto de las CCAA de régimen común.

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