La agencia de medición de riesgos Moody's espera que la reforma energética aprobada recientemente por el Gobierno aporte seguridad jurídica y confía en que las compañías sean finalmente capaces de trasladar parte de los nuevos impuestos, principalmente en los precios al por mayor, al consumidor final. En un estudio, la agencia considera que esta circunstancia y la rapidez con la que se lleve a cabo dependerán de las condiciones del mercado y de las estrategias competitivas que realicen las empresas.
El pasado 14 de septiembre, el Ejecutivo aprobó un anteproyecto de ley con medidas fiscales para poner fin en 2013 a la generación del déficit de tarifa eléctrica, un texto que contempla la creación de siete tasas o impuestos, y que prevé recaudar unos 2.700 millones de euros netos.
Tras conocerse estas medidas, Moody's cree que Iberdrola, al ser el mayor generador de energía nuclear e hidráulica en España, será la eléctrica más afectada por los dos nuevos impuestos que ha fijado el Gobierno para la nuclear (uno gravará la generación de residuos radiactivos y otro que afectará al almacenamiento de residuos) y por la tasa a las centrales hidráulicas.
A continuación señala a Endesa, que es la que cuenta con la mayor cartera de instalaciones de generación térmica, por lo que espera que sea la más perjudicada por el conocido como céntimo verde al gas natural, medida con la que se estima recaudar unos 804 millones de euros a razón de 2,79 céntimos por metro cúbico de gas.
En consecuencia, el beneficio neto antes de impuestos podría ascender a "pocos cientos de millones de euros" en el caso de Iberdrola y Endesa. Gas Natural, por su parte, está menos expuesta a los efectos de la nueva reforma energética, según Moody's, que prevé que Abengoa tenga que absorber la totalidad del impuesto de generación.
La agencia crediticia calcula también que los nuevos impuestos tengan efectos crediticios negativos en las grandes eléctricas de España y el sector renovable. Por ello, Moody's confía en que las grandes compañías sean capaces de trasladar una parte de estos impuestos, principalmente a través de los precios de la electricidad al por mayor, a los consumidores finales.
Además, espera que la reforma energética cree mayor seguridad reglamentaria y esté encaminada a eliminar el déficit de tarifa futuro, pues actualmente asciende a 24.000 millones de euros y el Gobierno indicó que, de no adoptarse ninguna medida, crecería en torno a los 5.000 millones al año en los próximos ejercicios.