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Beteta dice que las CCAA incrementaron su plantilla en 9.600 personas en 2011

Según el secretario de Estado, el total de empleados de las diferentes administraciones subió en 2.467 trabajadores.

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El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado este lunes que las comunidades autónomas han aumentado sus plantillas desde enero de 2011 hasta enero de 2012 en casi 9.600 personas, mientras el Estado y los ayuntamientos reducían el número de sus trabajadores. Así lo ha explicado durante su intervención ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre las cuentas de su departamento previstas para 2013, que una vez más son "austeros por necesidad y por la convicción de que la salida de la crisis pasa inevitablemente por la reducción del déficit público y el cumplimiento de los objetivos comprometidos".

De hecho, entre enero de 2011 y enero de 2012 la plantilla pública se incrementó un 0,09% (+2.467 trabajadores) como consecuencia del incremento en 9.598 personas (+0,72%) de las plantillas autonómicas. Frente a ese comportamiento, se ha reducido tanto el número de trabajadores de la Administración General del Estado (-11.000 trabajadores, -1,85%) como de las haciendas locales (-50.000 personas, -7,76%).

El problema es que los datos que ha ofrecido Beteta no encajan. Si entre el Gobierno central y los ayuntamientos han perdido 61.000 empleados y las comunidades autónomas sólo han añadido unos 10.000, quedan 50.000 que no se sabe de dónde le han salido al secretario de Estado. Fuentes del Ministerio de Hacienda han explicado a Libre Mercado que este año podría haber algunos ajustes importantes en lo que hace referencia a los empleados de las universidades. En ediciones anteriores, los centros educativos superiores no han enviado los datos de forma homogénea, algo que el Ministerio está intentando cambiar a partir de ahora. Eso podría explicar la aparición de un fuerte contingente de trabajadores públicos que hasta ahora no estaban contabilizados en las cifras oficiales.

En cualquier caso, el secretario de Estado ha asegurado que "el empleo público sigue creciendo en las administraciones públicas", que actualmente suman 2.685.837 empleados. Eso sí, ha recordado que en 2013 la tasa de reposición se mantiene congelada en el 0% excepto para algunos servicios como la Acción Exterior del Estado, la Seguridad Social, la Intervención General o la Agencia Tributaria (AEAT).

Medidas dolorosas

En este contexto se enmarcan las medidas adoptadas, que "duelen" y que "no se hubieran tomado si hubiera habido alternativa", según ha dicho Beteta, citando decisiones como la asignación de los recursos, la congelación de las ofertas de empleo público, la congelación de los salarios, la postergación de la paga extraordinaria de Navidad o los cambios en la negociación colectiva.

"En julio tomamos medidas no sólo para ahorrar, sino también para racionalizar el empleo público equiparándolo con el resto de trabajadores en esas condiciones de forma general", ha explicado, reclamando a renglón seguido el "máximo apoyo de los empleados públicos" para poder lograr los objetivos de 2013.

En cualquier caso, Beteta ha apuntado que, tras el "esfuerzo" que ya se ha exigido al colectivo de empleados públicos este año, en 2013 se "garantizan las pagas extraordinarias", aunque sus sueldos se vuelven a congelar. De esta manera, el gasto en personal activo cae un 3,8%, si bien el dato queda en un +1,2% si se tiene en cuenta el aumento del 8,9% previsto en las clases pasivas.

El objetivo es la modernización

Por último, Beteta ha afirmado que estas constricciones presupuestarias no son óbice para que el objetivo fundamental de su departamento sea la "modernización" de la función pública a través fundamentalmente de dos reformas en las que ya trabaja el Gobierno: la Ley de la Función Pública y el Estatuto del Directivo Público. "Estos proyectos de ley engarzarán con un futuro modelo más dinámico, sin descuidar el acerbo acumulado y que cerrarán el círculo del marco jurídico para la función pública. Y procuraremos que sean fruto del consenso parlamentario y sindical", ha afirmado.

Por último, el secretario de Estado ha recordado que "el futuro se está escribiendo ahora" y que "el compromiso con la reducción (del gasto) y la modernización, las menores cargas administrativas y el incremento de la administración electrónica son imprescindibles para este objetivo". "Necesitamos volver a creer en nosotros y en nuestras posibilidades. Podemos vencer a la crisis y lo vamos a hacer", ha zanjado Beteta.

La oposición

El socialista Gabriel González ha calificado los Presupuestos de "regresivos y antisociales", y ha exigido un "compromiso" claro a Beteta y al Gobierno de que no se tocarán más las retribuciones de los funcionarios, después de haber "recortado la paga extra de Navidad, un derecho que supone entre el 7 y el 8% de su salario anual". Asimismo, ha criticado que la tasa de reposición alcance únicamente el 10% especialmente en algunos sectores como la educación, la sanidad o la extinción de incendios, que es donde se han acumulado "los despidos mayoritarios en los últimos años". "Son paradojas, incongruencias que no entiendo", ha zanjado.

Por su parte, la diputada de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Laia Ortiz ha rechazado que el problema sea el tamaño de la administración, y ha reprochado la crítica al aumento de la plantilla sin "decir que sigue aumentando la población y que la tasa (funcionario/ciudadanos) sí ha disminuido". "Y tampoco dice las comparativas con la UE, que es de las más bajas. Algunas comunidades autónomas incluso tienen la mitad de funcionarios de la media europea. Pero aplican una tasa de reposición igual para todos, afectando a la capacidad de los servicios públicos. Eso es profundamente injusto. Dice que es racionalización, redimensionamiento, pero sólo sustituyen espacios públicos por privados porque las necesidades continúan estando ahí", ha añadido. Por todo eso, la diputada catalana ha reclamado a Beteta que "sea un representante efectivo de los funcionarios" y deje de "culpabilizarles" cuando "el problema viene del sector privado" y, pese a ello, los trabajadores públicos están "aguantando la salida de la crisis" como muestra que en los últimos años hayan perdido ya casi un 30% de poder adquisitivo.

El popular José Alberto Martín Toledano ha replicado que "los datos acreditan que no se está destruyendo masivamente empleo público", como vaticinaba parte de la oposición tras la reforma laboral. Además, ha reprochado que se critique la supresión de la paga de Navidad a los funcionarios cuando IU y PSOE "van a hacerlo en Andalucía", y cuando se trata de cantidades que recuperarán en el futuro. "Con Zapatero los empleados públicos perdieron una media del 5% de salario que nunca van a recuperar", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que "el Gobierno está instrumentando medidas para que ese dinero quede congelado a disposición de la recuperación de la paga extra, está garantizándolo, para cuando el déficit se cumpla". "Así que no se puede meter miedo ni asustar a los funcionarios. Éstas son medidas positivas que dan soluciones a los problemas financieros de la administración", ha zanjado.

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