La Generalidad de Cataluña ha publicado la convocatoria anual de ayudas públicas para llevar a cabo cursos de formación dirigidos a los desempleados. En total se destinarán 40 millones de euros a estas subvenciones, procedentes del Ministerio de Trabajo dentro del plan de formación que establece cada año para los desempleados españoles. El dinero proviene de las cuotas de formación que todos los empleados en activo entregan mensualmente de sus nóminas, así como de los Presupuestos Generales del Estado y las aportaciones de los programas de desarrollo de la Unión Europea. A su vez, el ministerio distribuye este dinero entre las autonomías en función de criterios técnicos como población, número de desempleados y otros, para que sean gestionados por los Servicios de Empleo y Formación de cada comunidad autónoma.
En el caso de Cataluña, la Generalidad establece las prioridades formativas en función de las peculiaridades de su mercado de trabajo, pero introduciendo un matiz esencial: Todas las "acciones formativas" han de ser impartidas exclusivamente en lengua catalana. De esta manera, los parados catalanes que no hablen esa lengua no podrán acceder a esos cursos a pesar del derecho que les asiste por tratarse de desempleados españoles, a cuya formación el gobierno destina esa importante cantidad de dinero sin que quepa ninguna discriminación por criterios lingüísticos o de cualquier otro tipo.
Es más, la propia ley que regula la creación y funcionamiento del Servicio de Empleo de Cataluña, establece como principio rector "la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, sin discriminación por razón de sexo, etnia, edad, estado civil, adscripción política, afiliación sindical, religión, origen, opinión, lengua o cualesquiera otras condiciones o circunstancias personales o sociales". Incluso la propia Ley 1/1998 de Política Lingüística aprobada por la Generalidad, en los artículos a que hace referencia esta convocatoria de subvenciones, se limita a indicar que las empresas perceptoras de estas subvenciones deberán tener sus rótulos y folletos informativos "al menos en lengua catalana", sin mención alguna a que los contenidos académicos o formativos tengan que ser impartidos únicamente en la lengua vernácula.
No obstante todo lo anterior, el ejecutivo de Artur Mas ha decidido introducir esta discriminación en los cursos de formación laboral al establecer que han de llevarse a cabo exclusivamente en lengua catalana, contradiciendo flagrantemente lo dispuestos por la propia Generalidad en materia lingüística. Así pues, cualquier entidad colaboradora del Servicio de Empleo de Cataluña –entidades públicas, empresas o sindicatos-, que quiera ofrecer a los interesados estas opciones formativas deberá realizarlas exclusivamente en catalán, pues en caso contrario no podrá acceder a la correspondiente subvención.