El vigente sistema público pensiones, asentado sobre el modelo de reparto -en donde los contribuyentes pagan mes a mes las pensiones de los jubilados-, se ha demostrado una vez más insostenible, hasta el punto de que fue reformado a mediados de 2011 por última vez, y ahora el Gobierno trabaja en una nueva modificación para tratar de garantizar su viabilidad financiera durante los próximos años.
Pero, independientemente del fracaso estructural del sistema, la gestión del mismo puede resultar más o menos eficaz. En este sentido, el anterior gobierno socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, fue un mal gestor a la vista de los datos que ha desvelado la Intervención General de la Seguridad Social.
Así, a pesar de que el PSOE anunció año tras año que la Seguridad Social registró superávit, el sistema registró un déficit estructural superior a los 7.000 millones de euros en 2010 y 2011; asimismo, en 2009 y 2008, el anterior Ejecutivo desvió hacia otras partidas excedentes que debían haber sido ingresados en la hucha de las pensiones (Fondo de Reserva de la Seguridad Social); a ello se suma, además, la utilización del Fondo de Reserva para cubrir las necesidades de financiación del Estado mediante la compra masiva de deuda pública española durante la crisis, incumpliendo con ello el principio de prudencia que debería regir la gestión de dicho Fondo.
Ocultó déficit estructural
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró este miércoles que ha tenido que utilizar 3.063 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social porque la herencia que le ha dejado el PSOE es la caja "en número rojos". Así sucedió en 1996, donde el PP se encontró un déficit de "500.000 millones de las antiguas pesetas" y lo han vuelto a hacer en 2011, denunció Báñez en la sesión de control del Congreso.
El informe del organismo interventor, al que ha tenido acceso Libre Mercado, muestra que la Seguridad Social acumuló un déficit estructural de 7.706 millones en 2010 y 2011. En concreto, el saldo negativo del sistema se situó en 1.655 millones y 6.051 millones, respectivamente. Un déficit que, sin embargo, no fue publicitado por el Ejecutivo de Zapatero.
En ambos ejercicios, los ingresos por cotizaciones sociales no lograron cubrir el pago de las pensiones contributivas. Es decir, el nivel contributivo del sistema, que representa el grueso de la Seguridad Social, ya entró en números rojos en el ejercicio 2010 y mantuvo esta senda incluso en 2011. Este agujero, sin embargo, no dejó huella en el balance de la Seguridad Social en términos de Contabilidad Nacional, ya que esta metodología contabiliza como ingresos los recursos procedentes del antiguo Inem y del Fogasa, así como los rendimientos del Fondo de Reserva (invertido mayoritariamente en deuda pública española).
Pero dicho descuadre entre cotizaciones y pago de pensiones contributivas se hizo ya plenamente patente el pasado agosto, momento en el que, tras el déficit registrado en 2010 y 2011, la ley (artículo 3 del Real Decreto 337/2004) facultaba al Gobierno para hacer uso de la hucha de las pensiones. A finales de septiembre, el Gobierno aprobó disponer, por primera vez, de 3.063 millones de euros del Fondo de Reserva para cumplir "una serie de necesidades de tesorería".
Desvió fondos a otras partidas
Báñez también acusó al PSOE de sacar "por la puerta de atrás" cerca de 15.000 millones de euros provenientes de cotizaciones sociales para "maquillar el resto de políticas" lo cual, en su opinión, constituye un "escándalo".
En este sentido, el informe de la Intervención pone de manifiesto que Zapatero incumplió la obligación de dotar al Fondo de Reserva de los excedentes que generó el sistema contributivo en 2008 y 2009. En concreto, la Seguridad Social registró un superávit de 10.357 y 4.073 millones, respectivamente, pero tales cuantías no se ingresaron en la hucha de las pensiones sino que se desviaron para cubrir otras prestaciones públicas relacionas con la asistencia sanitaria, pensiones no contributivas de invalidez y jubilación, así como ayudas asistenciales que deberían haber sido sufragadas mediante los Presupuestos Generales del Estado y no las cotizaciones de los trabajadores.
Para evitar que se repitan este tipo de desvíos -por otro lado, frecuentes hasta ahora-, el Gobierno acaba de aprobar la separación de fuentes de financiación del sistema, que entrará en vigor en 2013, de modo que el Estado (vía impuestos) sufragará íntegramente el gasto no contributivo de la Seguridad Social.
Empleó la hucha para financiar al Estado
Por último, el PSOE insiste en señalar que cuando llegó al Gobierno en 2004 el Fondo de Reserva contaba con 15.000 millones de euros y lo dejó en 2011 con 67.000 millones. Lo que no dicen tan claramente los socialistas es en qué invirtieron este dinero. Así, según la Ley:
[...] el Fondo de Reserva podrá invertir en títulos emitidos por personas jurídicas públicas nacionales y extranjeras [deuda pública], de calidad crediticia elevada y con un significativo grado de liquidez [...]
En 2007, el 45% del Fondo estaba invertido en deuda pública europea de máxima calidad (rating triple A) y el 55% restante en deuda española que, por entonces, también gozaba de la máxima solvencia (triple A). Pero a cierre de 2011, el 89,7% del Fondo estaba ya invertido exclusivamente en bonos españoles y el 10,3% restante en deuda francesa, alemana y holandesa. La deuda española es hoy un activo de segunda división (rating BBB-, a un paso del bono basura, según S&P), y por tanto de mayor riesgo, de modo que el Fondo ha visto reducida a la mínima expresión sus activos de máxima solvencia (triple A).
Así pues, Zapatero empleó el Fondo para financiar al sector público, sin importar el riesgo de tal operación. Pese a ello, Rajoy mantendrá esta política, ya que pretende invertir el 100% de la hucha de las pensiones en deuda pública nacional.