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Las cuentas de los sindicatos

Parece que el coste total de los sindicatos españoles, con referencia en 2011, habría sido de unos 484 millones de euros.

Mikel Buesa
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A medida que se aproxima la fecha de la próxima huelga general, vuelve a suscitarse la cuestión de la financiación de los sindicatos, y la de los recursos que absorben las centrales convocantes de esa movilización. Y, como tantas otras veces, al tratar de encontrar una respuesta hay que reconocer que nos encontramos ante un enigma, un secreto celosamente guardado por esas organizaciones, lo que obliga a reconstruir las cuentas correspondientes a partir de informaciones parciales, seguramente incompletas, publicadas en diferentes medios de comunicación.

El primer aspecto por abordar es el de la estimación del conjunto de los recursos que la sociedad utiliza para sostener las organizaciones sindicales y sus actividades. Dos son los capítulos que han de tenerse en cuenta a este respecto. Por una parte, las cantidades que, bajo la forma de subvenciones, destinan las Administraciones Públicas a dicha finalidad; y por otra, la cuantía de los salarios que, pagados por esas mismas Administraciones o por las empresas, corresponden a los liberados sindicales.

Las subvenciones otorgadas directamente a los sindicatos responden a conceptos muy diversos, que van desde la representatividad –es decir, el dinero que se les concede por los resultados obtenidos en las elecciones sindicales– hasta el desarrollo de proyectos de naturaleza social, pasando por la financiación de las funciones consultivas y de negociación dentro del ámbito de las Administraciones Públicas. En 2011, la suma de lo que se conoce de estos conceptos fue del orden de 34 millones de euros; es probable que se hayan quedado algunos millones adicionales sin contabilizar. Además, están las subvenciones destinadas al sostenimiento de actividades de atención a los trabajadores en los ámbitos de la prevención de riesgos laborales, la mediación y el arbitraje y la formación; actividades que se desenvuelven en el ámbito de las respectivas fundaciones, en las que participan los sindicatos junto a las entidades patronales y, aunque no siempre, las Administraciones Públicas. Los recursos que en 2011 obtuvieron los sindicatos para estas actividades de servicios ascendieron a unos 367 millones de euros. Por consiguiente, el conjunto de las subvenciones arroja una cantidad mínima de 401 millones de euros.

Vayamos ahora con el capítulo de los liberados sindicales. Las cifras que se han publicado sobre este asunto son muy dispares y, a veces, seguramente muy infladas; se ha llegado a afirmar que en 2010 había unas 57.000 personas dedicadas a tiempo completo a las funciones sindicales. Teniendo en cuenta los datos que han publicado recientemente tanto el Estado central como las comunidades autónomas para sustentar su política de recortes en este terreno, así como los difundidos por la CEOE y por algunas Administraciones locales, creo que 26.000 sería una cuantificación razonable para el momento previo a dichos recortes –a comienzos de 2011–. Esta cantidad se verá reducida a unos 12.000 cuando se complete, seguramente en 2013, el proceso emprendido por las Administraciones Públicas para ajustarla a los mínimos legalmente establecidos. En términos de coste, puede estimarse que la sociedad ha dedicado unos 820 millones de euros a pagar los salarios de los liberados en 2011, y que dejará reducida esa cifra a 372 millones cuando culmine el ajuste mencionado.

Por tanto, la suma total de los recursos que bajo una u otra forma se han destinado a financiar a los sindicatos y sus actividades en el año tantas veces mencionado está en un nivel algo mayor a los 1.220 millones de euros. Sin embargo, sólo una parte de esta cuantía corresponde estrictamente al sostenimiento de las organizaciones sindicales como tales. Para cuantificarla es preciso establecer, por una parte, cuál es el coste total de esas organizaciones y, por otra, qué parte de ese coste sufragan los afiliados a las mismas.

La información a este respecto es aún más fragmentaria que la disponible sobre la financiación pública. Sin embargo, partiendo de los datos que se han difundido acerca del número total de empleados por las centrales sindicales –unos 7.700– y de los declarados en junio de 2011 por una ellas, se puede llegar a una estimación razonable. En concreto, parece que el coste total de los sindicatos españoles, con referencia en 2011, sería de unos 484 millones de euros. Para la financiación de tal cuantía estas organizaciones dispusieron de 284 millones correspondientes a las cuotas pagadas por los afiliados –el 59 por ciento del total–, unos 40 millones de rendimientos producidos por empresas por ellas participadas –ocho por ciento– y 34 millones de subvenciones directas –siete por ciento–. Quedarían, por tanto, sin cobertura 126 millones –el 26 por ciento de los gastos–, que tendrían que haber sido financiados con otras fórmulas, seguramente mediante el empleo irregular de aproximadamente un tercio de las subvenciones finalistas destinadas a la formación, el arbitraje y la prevención de riesgos laborales.

Esto último es, de momento, sólo una hipótesis. Pero no se formula sin una base que considero sólida, pues a ello apuntan los resultados de las auditorías realizadas, principalmente en el ámbito autonómico, por los organismos fiscalizadores de las cuentas públicas. Y se corresponde, por otra parte, a la experiencia del pasado, que quedó debidamente documentada por los informes del Tribunal de Cuentas acerca de los fondos públicos destinados a la formación continua de los trabajadores o la prevención de riesgos laborales.

En consecuencia, parece razonable exigir una mayor claridad en lo que atañe a las cuentas de los sindicatos. Su estructura y sus actividades están financiadas en buena parte con fondos públicos y desempeñan un papel institucional público reconocido por la Constitución. Ello debiera ser motivo suficiente para que, tal y como ocurre con los partidos políticos, una ley regulara las formas y los límites de su financiación, sometiendo ésta al escrutinio periódico del Tribunal de Cuentas.

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