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Uruguay, el primer Estado 'camello' del mundo

Si se aprueba el proyecto de Ley que está en manos del Parlamento, el Gobierno plantará unas 150 hectáreas de cannabis.

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Una planta de marihuana.

El Estado uruguayo monopolizará el mercado de marihuana del país. Será el encargado de producir y comercializar esta droga una vez que se apruebe el proyecto de Ley que el Ejecutivo envió al parlamento el pasado mes de agosto.

El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, envió al Parlamento un proyecto de Ley, con artículo único, donde establece que el Estado asumirá el control y la regulación de la importación, producción, adquisición, comercialización y distribución de marihuana.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 y sus modificaciones, el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, y distribución de marihuana o sus derivados, en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación.

Asimismo, el Estado ejercerá toda otra actividad material que resulte necesaria, previa, concomitante o posterior, para la ejecución de las actividades referidas en el inciso anterior, en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación.

Las autoridades uruguayas pretenden vender la marihuana al mismo coste que en el mercado negro para "evitar que haya un mal uso de la sustancia en manos inadecuadas", dijo el pasado lunes el director de la Junta Nacional de Droga, Julio Calzada.

Además, la 'droga pública' que producirá y venderá el Estado uruguayo "tendrá un estricto control de calidad", agregó. El Gobierno uruguayo intentará, con la aprobación de este proyecto de Ley, la separación del mercado de marihuana del mercado de otras drogas para que "se reduzca significativamente el número de nuevos ingresos de personas al mercado de sustancias toxicológicamente más riesgosas, como la pasta base o la cocaína". Y esto, curiosamente, se producirá, según el Ejecutivo uruguayo, cuando la venta de marihuana sea pública.

"Nadie está diciendo que la marihuana sea buena, lo que estamos haciendo es que el fundamento del tipo de política que hemos seguido durante más de 50 años en el país no han dado los resultados que se esperaban, y lo peor que puede hacer una política pública, es no actuar cuando la evidencia demuestra que, con insistir en el mismo camino, no se obtendrán resultados diferentes", afirmó en la presentación del proyecto de Ley el prosecretario de la Presidencia de Uruguay.

La exposición de motivos que preceden al único artículo del proyecto de Ley presenta los argumentos del conglomerado de organismos que forman la Comisión Global de Política de Drogas. Algunas de las explicaciones para justificar son bastante curiosas:

Recientemente se tienen indicios de que modalidades criminales como el ajuste de cuentas y el sicariato se comienzan a dar en el País, afectando de manera cada vez más importante a los sectores sociales más humildes y segregados de la sociedad.

En nuestro País, la marihuana es desde hace muchos años la sustancia ilegal más consumida, teniendo un importante nivel de legitimidad en la sociedad uruguaya. Esta sustancia, cuya capacidad para generar dependencia física y psicológica es de leve a moderada, se diferencia claramente en sus riesgos de otro conjunto de drogas cuyo potencial toxicológico y adictivo es mucho mayor.

Entre ellas encontramos la pasta base de cocaína, al alcohol, al tabaco y a los psicofármacos. Si bien la gran mayoría de los usuarios de marihuana en Uruguay, tienen un vínculo ocasional con la sustancia que no reviste mayores problemas para su salud física, es importante resaltar que se exponen frecuentemente a los riesgos psicológicos, sociales y legales producto de la necesidad de tener que acceder ilegalmente a esta droga.

Es fundamental la unificación de los mercados ilegales, la que los expone innecesariamente al posible consumo de otras drogas toxicológicamente más riesgosas, así como a situaciones de violencia asociadas a las actividades delictivas propias del mercado ilegal. Estos riesgos deben ser minimizados como vía alternativa para promover el cuidado de los usuarios y mantener niveles de convivencia ciudadana armónicos.

Con la legalización de la marihuana y monopolización de su mercado por parte del Estado, el Gobierno intentará que los consumidores de esta sustancia estupefaciente no "sean estigmatizados ni tratados a partir de la aplicación de la ley penal, sino que se pueda trabajar con ellos" para que puedan tomar decisiones importantes cita el escrito presentado al parlamento.

Un negocio de 40 millones de dólares

Una vez legalizada, el Estado venderá la marihuana al mismo precio que en el mercado negro, lo que supondría unos 27 euros por 40 gramos, según informaron fuentes oficiales. La Ley, que se espera sea aprobada a finales de año, pone en manos del estado la producción y comercialización de un negocio muy jugoso para las arcas públicas que supone unos 40 millones de dólares anuales.

Para poder comprar los 40 gramos mensuales de marihuana que serán permitidos, los consumidores deberán presentar una tarjeta que tendrá un código de barras. Para conseguir esa tarjeta los consumidores deberán presentar su documento de identidad y se agregarán otros datos como la edad, el lugar de residencia, la ocupación y el estado civil, informó la Junta Nacional de Droga.

Cuando presentó en agosto pasado el proyecto de ley, el presidente de Uruguay, José Mujica, de la coalición de izquierda Frente Amplio (FA), explicó que si prospera su iniciativa el país plantará unas 150 hectáreas de cannabis para cumplir con la demanda de sus consumidores. Según el último Informe Mundial sobre las Drogas 2012 de la ONU, el cannabis es la sustancia ilícita más consumida en el mundo con entre 119 y 224 millones de consumidores.

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