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El Estado podría ahorrar 2.500 millones al revalorizar las pensiones

La ley obliga a compensar la subida del IPC de este año, pero no a consolidar la revalorización en las pagas de 2013, como se ha hecho hasta ahora.

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La ley obliga a compensar la subida del IPC de este año, pero no a consolidar la revalorización en las pagas de 2013, como se ha hecho hasta ahora.

El próximo mes de diciembre, el Gobierno tiene que decidir sin más demora si revaloriza las pensiones con una paga extraordinaria que compense a los jubilados la subida de precios en 2012, que se mide según evoluciona el IPC de noviembre. Hasta ahora, cada vez que la oposición o los periodistas preguntan al Ejecutivo si va aplicar esa revalorización, tanto ministros como secretarios o subsecretarios de Estado responden repitiendo el mismo mantra: "El Gobierno cumplirá la ley".

El último en desgastar estas cinco palabras ha sido el responsable de la Seguridad Social. Este jueves, en la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, Tomás Burgos no se salió del guión oficial pese a que los portavoces de todos los partidos, excepto el PP, se pusieron de acuerdo para tratar de arrancarle una respuesta clara y contundente al secretario de Estado. Ni por esas. Por esta razón, la pregunta que muchos se hacen es por qué el Gobierno no dice abiertamente que revalorizarán las pensiones tal y como se ha hecho siempre, en vez de limitarse a asegurar que cumplirá con lo que dice la ley.

Tratando de buscar una respuesta, acudimos a la ley, concretamente a la Ley General de la Seguridad Social. El texto aprobado el 20 de junio de 1994 contemplaba tres puntos básicos:

  • 1) Las pensiones contributivas se revalorizarán a comienzo de cada año conforme al IPC previsto en los Presupuestos Generales del Estado del año en curso
  • 2) Si al cierre de noviembre el IPC supera las previsiones iniciales, se compensará a los pensionistas por el importe que corresponda a dicha desviación
  • 3) La revalorización se consolidará también en las nóminas del año siguiente.
Esto era lo que recogía la ley de 1994. Sin embargo, en 1997, con Javier Arenas –mentor político de Fátima Báñez– como ministro de Trabajo, la ley se modificó para derogar el punto tercero. Es decir, que, a día de hoy, ateniéndose estrictamente al texto que regula la Seguridad Social, el Gobierno sólo estaría obligado a compensar la desviación del IPC de este año y no a trasladar la subida a las nóminas de 2013. ¿Qué tipo de consecuencias conllevaría esto? Malas para el bolsillo de los pensionistas. Buenas para las arcas del Estado.

El jubilado no habría perdido poder adquisitivo este año, pero sí lo haría a partir de enero de 2013, ya que la base que se utilizaría para recalcular las pensiones seguiría siendo la misma que a principios de este año. Veamos un ejemplo. En 2010, la pensión media ascendía a 783 euros. La desviación del IPC fue del 1,3 por ciento, por lo que, como compensación, los jubilados cobraron de una vez una paga extra en enero de 142 euros y, además, recibieron 10 euros más en todas las nóminas del año siguiente, porque el Gobierno, como se había hecho siempre, incorporó en ellas la subida para que los pensionistas recuperasen la capacidad de compra. Esos 10 euros por 14 pagas -en este caso más, ya que se prevé que la inflación sea mucho más alta- serían precisamente los que podrían estar en peligro.

Para el Estado las consecuencias serían mucho más positivas, sobretodo de cara a cumplir las exigencias de déficit impuestas por Bruselas. Para tratar de explicar un poco mejor las consecuencias de esta decisión, vamos a poner otro ejemplo. En los Presupuestos de 2012 la previsión del Gobierno era que el IPC subiría un 1 por ciento. Si la inflación cerrase noviembre en el 3,5 por ciento que marca actualmente, estaríamos hablando de un desvío del 2,5 por ciento. Teniendo en cuenta que cada décima que se supera incrementa la factura unos 100 millones de euros por año, esto supondría una partida extra de 2.500 millones para compensar el desfase de 2012 y de otros 2.500 más para trasladar, como se ha hecho siempre desde 1997, el coste de esas subidas a las nóminas de 2013.

Sin embargo, a esto último no obliga la ley, por lo que el Gobierno podría ahorrarse la mitad de lo calculado hasta ahora si decide romper con lo que se ha venido haciendo desde hace quince años. En las próximas semanas, supuestamente, el Gobierno nos sacará a todos de dudas.

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