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Un nuevo parche

La idea de conceder un periodo de carencia de dos años a las familias más vulnerables afectadas por un proceso de desahucio no es más que un parche.

Emilio J. González
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La idea de conceder un periodo de carencia de dos años a las familias más vulnerables afectadas por un proceso de desahucio no es más que un parche para tratar de contentar a un sector de la opinión pública. Se supone que, con ese aplazamiento, los miembros de dichas familias tendrán tiempo de encontrar un trabajo –gracias a un cambio en la situación económica–, por lo cual podrán volver a pagar la hipoteca o, al menos, alquilar una nueva vivienda.

Por desgracia, nada hay en el panorama económico que nos indique que las cosas van a tomar ese derrotero; porque, por mucho que la crisis pueda tocar fondo en 2013, nada hace prever que a partir de entonces vayamos a tener un crecimiento capaz de generar empleo; sobre todo porque carecemos de sectores que sustituyan a la Administración y la construcción como motores de la economía. En consecuencia, dentro de dos años volveremos a estar en las mismas, con el periodo de carencia agotado y los procesos de desahucio otra vez en marcha.

¿Qué va a hacer entonces el Gobierno? Pues mucho me temo que obligar a los bancos y, sobre todo, a las cajas de ahorros a hacerse cargo del problema. Me explico. Hoy por hoy, el Gobierno no puede obligar a las entidades de crédito a paralizar los desahucios, porque sería obligarles a computar el préstamo hipotecario como fallido al cien por cien, lo cual incrementaría de forma drástica tanto sus pérdidas como su necesidad de recursos para sanear sus balances, con lo que volveríamos de nuevo a la cuestión del rescate; además, ese cambio de las reglas del juego en mitad de la partida generaría un problema de incertidumbre. Ahora bien, dentro de dos años se supone que las entidades financieras ya estarán saneadas, y por tanto se les podrá obligar a poner fin a los desahucios, aceptar la dación en pago –con independencia de que fuera una condición contractual–, etc. Es decir, que unos políticos que crearon el problema, al politizar las cajas de ahorro, y que no lo atajaron porque estaban encantados con las cifras de crecimiento económico, empleo y recaudación fiscal que acompañaron a la burbuja inmobiliaria, pueden agravarlo si se empeñan en seguir los dictados de la demagogia y el populismo.

¿Qué es lo que habría que hacer? En primer lugar, seguir con los desahucios, sin periodos de carencia ni nada por el estilo; porque, insisto, quien no puede pagar hoy, tampoco podrá hacerlo dentro de dos años. Y ya que el Gobierno va a crear un banco malo para adquirir y gestionar los activos inmobiliarios de las entidades crediticias que necesiten ayuda, pues que se destinen esas viviendas al alquiler social y a las políticas de solidaridad con los desahuciados. A fin de cuentas, si el saneamiento de la banca lo estamos pagando todos los ciudadanos, ¿por qué no dar un empleo adecuado a dichas viviendas, en vez de conservarlas vacías durante quince años o destruirlas?

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