España acaba de cumplir una de las últimas exigencias que impuso el Eurogrupo el pasado verano para prestar al Gobierno hasta 100.000 millones de euros con el objetivo de recapitalizar el sistema financiero nacional. La Comisión Europea aprobó este miércoles los planes de reestructuración de las cuatro entidades nacionalizadas (Bankia, Catalunya Caixa, Banco de Valencia y Novagalicia) para que, finalmente, reciban 37.000 millones de euros procedentes de las arcas comunitarias.
Los citados planes contienen numerosas condiciones, tales como reducir a la mitad el número de oficinas, redimensionar el volumen de empleados, reducir en cerca de un 60% sus balances, vender sus participaciones industriales o no volver a prestar dinero al sector inmobiliario. Se trata de un drástico ajuste en la estructura organizativa de dichas cajas y de un cambio radical en su modelo de negocio que, sin duda, supondrá sacrificios y que no estará exento de dificultades. Sin embargo, dicha reestructuración no es sólo necesaria sino imprescindible para volver a contar con un sector bancario saneado, sólido y solvente. No en vano el objetivo de Bruselas, como es lógico, no es otro que garantizar en la medida de lo posible la devolución del dinero inyectado para perjudicar lo menos posible a los contribuyentes de los países de la Zona Euro.
Puesto que las autoridades españolas y europeas han optado por el rescate público del sector financiero, lo mínimo que se puede exigir a las entidades auxiliadas es que reduzcan de forma muy sustancial sus costes de funcionamiento y que mejoren sus ratios de eficiencia y rentabilidad para generar el valor añadido que les permita devolver esos préstamos a medio y largo plazo. Lo que sería del todo injusto es socializar de forma indiscriminada el agujero de las cajas de ahorro sin exigir a cambio ninguna condición ni reestructuración, dando así por perdida de antemano la inyección de dinero público. Además, el saneamiento dictado por la Comisión Europea no sólo reducirá las pérdidas potenciales del rescate bancario para las cuentas públicas, sino que servirá para configurar entidades viables, capaces de generar beneficios, lo cual es imprescindible para que el crédito vuelva a fluir en España.
En este sentido, la operación de Bankia, aun no estando exenta de riesgos, es un paso adelante en la entidad que más interés ha despertado, tanto entre los ciudadanos españoles como fuera de nuestras fronteras. Por su dimensión, su enorme exposición al ladrillo y su cartera de créditos problemáticos, el saneamiento de este banco (la cuarta entidad financiera española) se presenta como un reto realmente complicado, sean cuales sean las medidas que se tomen. Sin embargo, los pasos que se están dando van en la buena dirección.
Para empezar, se ha confiado la empresa a José Ignacio Goirigolzarri, posiblemente el banquero español más prestigioso. Su rueda de prensa de este miércoles ha sido un compendio de sus mejores virtudes: claridad, comprensión del negocio en su conjunto, ambición para salir de las dificultades y compromiso.
Las condiciones impuestas al banquero vasco son duras, pero necesarias. Su entidad tendrá que sufrir un proceso de redimensionamiento acorde con su posición en el sector, sus activos tendrán que ver recortado su valor y su solvencia tendrá que crecer para conseguir el visto bueno del mercado. Según el plan estratégico de Bankia para 2012-2015, todos estos objetivos se conseguirán. Si así fuera, podría abrirse una pequeña posibilidad de que la entidad recupere su valor y pueda ser vendida por su propietario actual (el Estado) al menos por esos 18.000 millones que le ha costado ya.
No será sencillo que esto ocurra. Pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, el contribuyente español puede empezar a pensar que el rescate de las cajas, que los delirios de grandeza de los políticos convirtieron en una bomba de relojería dentro del sistema financiero, no le obligará a volver a rascarse el bolsillo.