Luis de Guindos ya tiene puestos los deberes para este fin de año. Se los ha puesto este jueves en Madrid, Ángel Gurría, secretario de Estado de la OCDE, que le visitaba para presentar el Estudio Económico de España 2012 realizado por su organización. El informe, de unas 30 páginas, se resume en doce grandes recomendaciones: seis desde el punto de vista macro, destinadas a "estabilizar la economía y afianzar el sector bancario, y otras seis dirigidas a mejorar la competitividad de la economía española, especialmente en lo que tiene que ver con el mercado laboral y de servicios.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es la organización que agrupa a los países más ricos del mundo. Los 34 estados más desarrollados forman parte de este grupo que se dedica a analizar la economía mundial, coordinar la labor de los gobiernos y realizar prescripciones a los países para que mejoren sus políticas.
Cada poco tiempo, una delegación de la OCDE visita un país y analiza su economía, de la que hace un informe, tanto para predecir cómo se comportará en un futuro como para hacer sugerencias de mejora normativa. La edición de este año es especial para España, inmersa como está en una profunda recesión y con numerosas reformas en marcha. Gurría ha dejado claro que su organización apoya los esfuerzos del Gobierno y que creen que estos marchan en la buena dirección. Pero no se ha quedado ahí. En el estudio no sólo hay alabanzas a las medidas de los últimos meses, también hay un listado de "recomendaciones" que los autores creen que permitirían dar un paso adelante hacia la recuperación.
Eso sí, que luego el Gobierno ponga o no en marcha estos consejos es harina de otro costal. De hecho, mientras Ángel Gurría respondía a las preguntas, Luis de Guindos le miraba con una media sonrisa irónica. El ministro de Economía ha asegurado que "España mira con mucha atención las recomendaciones de la OCDE y de la UE. La reforma laboral ha tenido en consideración las recomendaciones de los expertos". Y luego, cuando los informadores le han presionado sobre si hará algo en materia de impuestos o si aplicará la recomendación del "contrato único", De Guindos ha asegurado que, "el Gobierno español ha tomado las decisiones que ha tomado y no piensa tomar ninguna más al respecto".
Saneamiento de la banca: "recapitalizar las entidades viables y resolver de forma ordenada las no viables". Vamos, que lo que piden es que se liquiden cuanto antes aquellos bancos (sobre todo cajas) que no tengan esperanza de salvación; un poco en la línea de lo que ha hecho el Gobierno esta semana con el Banco de Valencia.
¿Quién paga la factura?: una de las sorpresas del informe es la segunda recomendación, que apunta a que sean "los titulares de deuda subordinada y de instrumentos de capital híbridos [preferentes y similares]" los que absorban las pérdidas de los bancos nacionalizados. De hecho, en Bankia, esta semana, ya se ha comenzado a transitar este camino y los titulares de este tipo de instrumentos han visto un recorte en su remuneración.
Déficit: la OCDE recuerda al Gobierno que debe "perseguir los objetivos de déficit acordados en junio [6,3% para este año] a menos que el PIB diste mucho de lo esperado".
Autoridad fiscal independiente: "Aplicar estrictamente el control de las políticas presupuestarias de los gobiernos regionales, así como los nuevos requisitos sobre la publicación de sus resultados fiscales".
Más impuestos: quizás la recomendación más polémica es la que atañe a los impuestos. La OCDE pide que se suban los impuestos indirectos, al mismo tiempo que se baja la tributación sobre el trabajo y las cotizaciones sociales. En sus recetas, destaca la peticion de "elevar los impuestos medioambientales, ampliar el tipo impositivo general del IVA [el más alto] a más bienes y servicios. Hacer permanente la subida de los impuestos sobre bienes inmobiliarios y reducir la tributación sobre estas transacciones".
Contrato único: la reforma laboral aprobada por el Gobierno recibe varias alabanzas en el informe, especialmente por la reducción de los costes laborales que ha facilitado. Sin embargo, la organización de Gurría no se olvida de la dualidad del mercado español, que no se ha solucionado desde febrero [de hecho, el porcentaje de contratos temporales se mantiene en los niveles del pasado año]. Por eso, pide el "contrato único", una recomendación que han hecho casi todos los expertos y que el Gobierno nunca ha querido aprobar. La ministra Báñez ha llegado a decir, incluso, que sería "inconstitucional".
Convenios colectivos: el informe pide "eliminar la extensión legal de los convenios colectivos", para no atar a las empresas a condiciones que no se ajustan a su realidad.
La gestión del paro: la OCDE insiste en que es necesaria "una supervisión y evaluación globales de la eficacia de los servicios de colocación y de las políticas activas de empleo".
FP Dual: en la línea de la reforma presentada hace unos días por José Ignacio Wert, el informe pide "combinar en un sólo régimen el sistema de formación profesional en los centros y los contratos de formación".
Menos trabas a los empresarios: España es uno de los países en los que más complicado es abrir un nuevo negocio. Por eso, se pide "recortar el coste y los trámites para la creación de empresas y eliminar las barreras de entrada a sectores específicos".
Comercio y horarios: por último, la OCDE pide "moderar las barreras de entrada impuestas por los gobiernos regionales a las grandes superficies y liberalizar los horarios comerciales".
Pensiones: respecto a las pensiones, la OCDE valora positivamente la reforma del sistema de 2011, pero cree que hay que profundizar en ella y propone eliminar cuanto antes la modalidad de jubilación parcial por el alto coste que conlleva para el sistema. Además, considera que no están suficientemente reconocidas las carreras de cotización más largas ni adecuadamente incentivada la prolongación de la vida laboral, por lo que aboga por requerir más años de cotización para obtener la pensión completa y toda la historia laboral para calcular el importe de la pensión. De llevarse a la práctica, el efecto de estas medidas sería un recorte de las pensiones efectivas que cobrarían los jubilados españoles (no los actuales, pero sí los futuros, según se pusiera en marcha la reforma).