Mariano Rajoy ha traspasado su última línea roja. Los pensionistas españoles verán mermado su poder adquisitivo a partir del próximo mes de enero. Según ha anunciado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo no compensará a los pensionistas por la desviación del IPC en 2012.
En los Presupuestos Generales del Estado para este año, se incluyó una previsión de inflación del 1%. La cifra real a finales de noviembre es del 2,9%. Por lo tanto, según lo que establece la ley, había que ajustar ese 2,9%: tanto con una paga extra en enero, para compensar lo perdido en 2012, como con su consolidación automática para las nuevas pensiones a partir del 1 de enero de 2013. Pues bien, ni una cosa ni la otra.
Esto quiere decir que la base que se utilizará para recalcular las pensiones en 2013 será la misma que a principios de este año. Dicha actualización habría tenido un coste para el Estado de unos 3.800 millones (la mitad en la paga extra de enero y la otra mitad a lo largo de 2013), unos 200 millones por décima de desviación. La ministra de Trabajo ha asegurado que con esta decisión se contribuye a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a futuro.
Subida en 2013
No obstante, como compensación, la vicepresidenta ha anunciado que a los pensionistas que cobren menos de 1.000 euros mensuales se les aumentará la prestación un 2% a partir de enero de 2013, frente al 1% que subirán las pensiones del resto, de acuerdo con lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado del año que viene, y así compensar parcialmente el desvío del IPC de 2012. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha explicado que esta medida beneficiará a 6,6 millones de pensionistas, que suponen el 70% del total, y ha cifrado su coste en 1.513 millones de euros.
Podríamos decir (aunque sea inexacto técnicamente quizás sea una imagen que puede aclarar las cosas) que el Gobierno hará dos previsiones de inflación, una para los que ganen menos de 1.000 euros y otra para los que ganen más. En función de cómo sea el IPC en 2013, las consecuencias serán diferentes:
- Si el IPC es superior al 2%, la medida no tendrá demasiados efectos a medio plazo. Por ejemplo, si fuera del 3%, aquellos a los que se les ha aplicado el 1% tendrán un ajuste de dos puntos (en paga extra y consolidación) y los demás sólo tendrán ese ajuste en un punto (en paga extra y consolidación).
- Si el IPC es inferior al 2%, entonces los que han tenido esa subida sí saldrán ganando. Pongamos que es un 1%: entonces, los que ganan más de 1.000 euros no sacarán nada (ya les han subido ese porcentaje) y, sin embargo, los que han recibido el 2% mantendrán esa subida.
De Zapatero a Rajoy
Como hemos explicado en otras ocasiones, los pensionistas españoles reciben una triple buena noticia cada mes de enero: (1) tienen una paga extra para compensar lo que han dejado de ganar a lo largo de todo el año anterior, (2) se consolida el aumento de la inflación del año anterior, (3) se les aumenta la pensión en función de la inflación prevista para el año siguiente.
Hay que explicar esto bien, porque lo que ha hecho Rajoy, aún siendo parecido en sus efectos prácticos a lo aprobado por José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010, no es lo mismo. El socialista lo que hizo es no realizar una previsión de inflación para 2011 (el punto 3); el popular lo que ha hecho ha sido no aplicar los puntos 1 y 2. Quizás se vea más claro con el siguiente ejemplo:
- Una paga extra por el ajuste de la inflación: supongamos que a un pensionista con una paga de 1.000 euros le suben la pensión un 1%. Luego, el IPC sube un 3%. Por lo tanto, le deben un 2%: 20 euros al mes, durante 12 meses. Recibirá 240 euros en una sola paga.
- Ajuste de pensión: evidentemente, esa subida se consolida y, a partir del año siguiente su pensión de referencia ya es de 1.030 euros.
- Nuevo incremento en relación con el IPC: una vez que tenemos que la pensión es de 1.030 euros, hay que subirla con respecto al IPC previsto para el año entrante. Si pensamos que será del 2,0%, habrá que revalorizar la pensión en esa cantidad.
Objetivo: cumplir con el déficit
"Lo último que tocaré son las pensiones", dijo el presidente. Pero por delante incluso de ellas está el cumplimiento del objetivo del déficit público, situado en un "casi imposible" 6,3% del PIB. Por conseguir el aval de Bruselas, según varios ministros consultados, Rajoy tomará cualquier decisión asumiendo "su coste político". Y el Ejecutivo sabe que con esta medida vuelve a ponerse a la calle en su contra.
El Ejecutivo asegura que se han hecho "todas las cuentas y todos los números posibles", pero que lisa y llanamente no hay dinero para más. "Es insuficiente cuando esperas otra cosa, pero se ha intentado sacar de dónde podíamos", dijo con claridad dramática la vicepresidenta. Muy seria en su exposición, consciente del palo en vísperas de Navidad, Sáenz de Santamaría se ayudó de la ministra de Trabajo: "Es una decisión muy difícil y muy dolorosa, pero no teníamos otra opción", afirmó hasta la saciedad Fátima Báñez.
La prioridad "de Gobierno y de país" es llegar a la meta del déficit, y con ello recuperar el crédito perdido. "Nos estamos jugando la salida de la crisis", incidió Báñez. El Gobierno puso el acento en que no ha habido congelación -como ocurrió con el PSOE- sino una subida limitada más favorable en el caso de aquellas personas que menos ingresan. "Sabemos que muchos pensionistas mantienen a sus familias, son la columna vertebral", llegó a decir la ministra.
La UE ya estaba informada de la decisión, que ha aplaudido. Pero en privado miembros del Gobierno admiten el "mazazo". "Estamos deseando que llegue el 2013, estamos convencidos de que va a despejar y de que estamos haciendo lo correcto", según un portavoz habitual.
Esfuerzo de los españoles, y también de la administración. Sáenz de Santamaría defendió su plan de racionalización, a pesar de la lentitud en su ejecución. "Se ha demostrado que es muy fácil crear una empresa pública. Ahora lo que hemos aprendido es la cantidad de trámites para disolverla". Pero se está haciendo, recalcó: "Se está haciendo un proceso de análisis de arriba abajo después de 30 años de crecimiento de las administraciones. No es cuestión de una hora". La vicepresidenta anunció nuevas medidas concretas antes de que concluya 2012.