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Garoña, la primera víctima del 'impuestazo' eléctrico

Zapatero decretó en su día el cierre de la planta, pero serán los impuestos del PP los que impedirán la continuación de su actividad.

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Central nuclear de Garoña | Efe

Si nada cambia, la central nuclear de Garoña, ubicada en Burgos, dejará de operar el próximo verano. De hecho, sus propietarios incluso barajan adelantar el cierre definitivo de sus instalaciones a mediados de este mes para evitar así el pago de nuevos tributos a partir del 1 de enero.

Curiosamente, el responsable de su cierre será el Gobierno del PP, gracias a la sustancial subida de impuestos que pretende aplicar sobre el sector energético. El anterior Ejecutivo socialista, bajo el mando de José Luis Rodríguez Zapatero, prometió cerrar Garoña en 2013, pero su decisión fue revocada por el Gobierno de Mariano Rajoy poco después de llegar al poder, permitiendo que prorrogara su funcionamiento hasta 2019.

Sin embargo, la propietaria de la central, Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola), dejó expirar el plazo dado por el Gobierno hasta el pasado 6 de septiembre para presentar la obligada solicitud de renovación para seguir operando. La razón estriba en el sablazo fiscal que el Gobierno asestará a las eléctricas, incluida la energía nuclear, con el objetivo de reducir el déficit tarifario.

La reforma eléctrica del PP, elaborada por Industria y Hacienda, eleva los impuestos y crea nuevas tasas al sector para cubrir los elevados costes del sistema como consecuencia de las generosas primas que reciben las energías renovables. En lugar de pinchar la burbuja verde -eliminando primas y compensando a los damnificados-, el PP ha optado por mantener el actual sistema cargando la factura sobre el resto de eléctricas, lo cual se traducirá, en última instancia, en futuras subidas de la luz para empresas y particulares.

En el caso de la energía nuclear, la reforma -actualmente, en trámite parlamentario- establece dos tributos extra: un impuesto a la producción de residuos de 2.190 euros por kilogramo de metal pesado y otro al almacenamiento de residuos. Además, se gravará con un 7% la producción de electricidad.

Esta nueva fiscalidad elevaría en algo más de un 20% los costes de producción de Garoña, por encima de la retribución media de la energía nuclear, de modo que la central perdería dinero por producir electricidad, según fuentes de Nuclenor consultadas por Libre Mercado. Esta subida de costes sería similar en el resto de centrales, pero el problema de Garoña es que ya cuenta con un margen de beneficios muy estrecho, por lo que no podría asumir esos nuevos impuestos. Ese reducido margen deriva de que la central burgalesa cuenta con una menor potencia instalada que el resto de plantas (la mitad) y su perspectiva temporal de funcionamiento es inferior (hasta 2019).

En concreto, Garoña perdería algo más de 40 millones al año si renovara su licencia frente a unos beneficios netos de 11 millones en 2011. El pasado año produjo 3,75 millones de MWh de electricidad, obteniendo un margen de ganancias próximo a 2,9 €/MWh (apenas un 6% por unidad). Dicho de otro modo, tomando como referencia el precio medio del mercado mayorista en 2011 (49,78 €/MWh), Garoña tuvo unos costes de producción de 46,85 €/MWh. Tras el impuestazo energético, dichos costes se dispararían hasta los 56,2 €/MWh, de forma que perdería más de 6 euros por megavatio producido. ¿Resultado? Unos 24 millones de euros al año en pérdidas que, sumados a los 120 millones que estaría obligada a invertir hasta 2019 para seguir operando, arrojarían unos números rojos superiores a los 40 millones de euros anuales (en total, unos 290 millones durante los próximos siete años).

El Gobierno, abierto a nuevos operadores

En su día, el Gobierno vio "inexplicable" que los actuales propietarios de Garoña dejaran vencer el plazo para ampliar la actividad de la central, máxime después de que diera "todos los pasos que tenía que dar" para que esta prórroga fuera posible, según señaló esta semana el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria. La explicación reside en la subida de impuestos que ha planteado el propio Ministerio.

Mientras, el Ejecutivo mantiene su disposición a que Garoña continúe operativa tanto si lo solicitan sus actuales propietarias como si lo pide un nuevo operador, siempre y cuando cuente con el aval del Consejo de Seguridad Nacional (CSN).

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