La Asociación de Inspectores del Banco a España ha puesto de manifiesto la complicidad del organismo regulador con los desmanes de los responsables de las entidades crediticias problemáticas, ante los cuales la doctrina impuesta por el anterior gobernador fue la de mirar para otro lado. El informe que se ha conocido este lunes revela algo que dicta el propio sentido común, tratándose del organismo que tiene la responsabilidad de supervisar el sistema financiero y que, bajo el mandato de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ofreció como resultado nada menos que la desaparición de 36 cajas de ahorro independientes y la intervención directa por el Estado de ocho entidades, de las cuales seis han sido finalmente nacionalizadas.
Pero las consecuencias de la nefasta gestión de MAFO al frente del Banco de España no se limitan a la ingente cantidad de recursos públicos inyectada al sistema financiero español (cerca de 100.000 millones de euros), con los consiguientes efectos en las cifras de déficit público, así como en los recortes presupuestarios y los incrementos impositivos que ya están sufriendo las familias y empresas españolas. Además de ese coste efectivo, sobre el anterior gobernador del Banco de España pesa la apabullante responsabilidad de haber mentido sobre las consecuencias de la crisis económica, que ya era un hecho a comienzos de 2008, y él negó con insistencia para propiciar la victoria de Zapatero, cuya segunda legislatura ha resultado letal para nuestra economía.
Y si MAFO se niega a asumir responsabilidad alguna en el desastre, menos aún tiene intenciones de hacerlo el PSOE, responsable de su nombramiento. No sólo eso, sino que son los socialistas los que más se significan en las campañas contra los recortes presupuestarios o los desahucios por impagos de hipotecas, la inmensa mayoría de los cuales no se llevarían a efecto si su gestión al frente del Gobierno hubiera sido más inteligente y menos sectaria.
Pero, siendo evidente la gravísima responsabilidad política del personaje, lo que ahora resulta imperativo dilucidar es el posible carácter delictivo de sus acciones al frente del Banco de España. Según la denuncia de los inspectores de la entidad, mientras Fernández Ordóñez blasonaba de la salud de nuestro sistema financiero los informes alarmantes de sus subordinados, en los que advertían del hundimiento inminente de numerosas entidades de ahorro, desaparecían sin dejar rastro ni suscitar las necesarias acciones preventivas propias de un órgano con esa responsabilidad.
Los hechos relatados en este informe y las consecuencias para la sociedad española en su conjunto resultan de la gravedad suficiente para que el exgobernador comparezca ante los órganos judiciales oportunos, por más que le pese al grupo Prisa, cuyos esfuerzos por hacer desaparecer a MAFO del escenario de sus desmanes resultaron ayer especialmente patéticos. La Fiscalía General del Estado, responsable de la defensa del interés común cuando es menoscabado por actuaciones como las que cabría imputar al exgobernador, tiene ahora la palabra.