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La Ley de Subvenciones prohíbe expresamente contratar con familiares y allegados

Salvo que el dinero provenga de aportaciones privadas, el PSOE habría incumplido la ley contratando a la hermana de Valenciano.

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Tras hacerse público que la Fundación Ideas para el Progreso ha pagado 600.000 euros a empresas de amigos y familiares de altos cargos del PSOE, la portavoz de ese partido en el Congreso ha defendido públicamente su carácter legal "y hasta moral". La moralidad de una decisión política trasciende obviamente el terreno jurídico, pero en cuanto a la legalidad de encargar trabajos a amigos y familiares de los cargos públicos, la Ley General de Subvenciones es tajante al prohibir expresamente en su artículo 29.7.d subcontratar con "personas o entidades vinculadas con el beneficiario" trabajos o encargos que hayan sido objeto de subvención pública.

Así pues, salvo que las tareas encargadas a la empresa de la hermana de Elena Valenciano hayan sido abonadas íntegramente con dinero de los afiliados y patronos de la organización socialista, la fundación del PSOE estaría incumpliendo flagrantemente la normativa general que regula la aplicación de los fondos públicos. 

La Fundación Ideas para el Progreso, presidida en la actualidad por Alfredo Pérez Rubalcaba como Secretario General del PSOE, ha recibido en los dos últimos años 3,5 millones de euros en subvenciones públicas. La norma legal que regula la gestión de estos fondos oficiales establece además en su artículo 31.3 que cuando un suministro o servicio de consultoría supere los 12.000 euros, "el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten".

En el caso de las labores de traducción, es obvio que existen muchas más empresas capaces de realizar satisfactoriamente ese trabajo además de la que dirige la hermana de la vicesecretaria general del PSOE. Sin embargo, como las justificaciones documentales de las subvenciones recibidas no se hacen públicas, resulta imposible determinar si el PSOE cumplió el requisito de pedir varios presupuestos y contratar con el más barato tal y como exige la normativa vigente. 

Por todo lo anterior, tan sólo una investigación de los organismos subvencionadores de las fundaciones de los partidos políticos -el principal es el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte-, a la vista de las justificaciones documentales aportadas por cada uno de ellos, podría aclarar si la gestión de esos fondos ha estado acorde con las exigencias de la normativa actual en materia de subvenciones públicas. En caso contrario, la legislación obliga a que reintegren a las arcas públicas todos los fondos incorrectamente aplicados, si bien es algo que, hasta la fecha, no existe constancia de que alguna vez haya ocurrido.

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