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Sólo 12 funcionarios revisaban las cuentas de todos los partidos

Los partidos se escudan en que el Tribunal de Cuentas fiscaliza su financiación, pero está muy limitado para realizar tal función.

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El Tribunal de Cuentas es el máximo órgano fiscalizador del Estado y su función básica consiste en supervisar la gestión económica del sector público y la financiación de los partidos políticos. Tras los escándalos surgidos en los últimos días sobre el presunto pago de sobresueldos a altos cargos del PP, con dinero procedente del pago de comisiones, y la contratación de amigos y familiares próximos a la cúpula del PSOE por parte de la Fundación Ideas, ligada al partido, las formaciones políticas se han apresurado a desmentir todas las informaciones, escudándose en que sus cuentas están limpias y son perfectamente transparentes, tal y como constata el Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, si bien el citado ente se encarga de verificar que las finanzas de las formaciones se ajustan a la legalidad vigente, lo cierto es que, en la práctica, cuenta con importantes limitaciones, tanto materiales como legales, para ejercer eficazmente tal labor. En primer lugar, su función no es realizar una auditoría en profundidad como la que, en principio, podría presuponer la mayoría de la opinión pública.

Muy al contrario, según reza la Ley, se limita, simplemente, a revisar los estados financieros que elaboran los partidos por su cuenta -siguiendo determinados criterios homogéneos- y, periódicamente, remiten al Tribunal. Es decir, este órgano recibe las cuentas enviadas por los partidos y emiten un informe en el que analizan si se ajustan o no a la legalidad. En este sentido, no lleva a cabo una tarea fiscalizadora como la que sí realiza la Agencia Tributaria o un tribunal judicial para investigar en profundidad los movimientos de dinero dentro de una empresa u organización.

Recursos limitados

Además, dispone de escasos recursos para llevar a cabo incluso la limitada tarea que el Poder Legislativo (los propios políticos) le encomienda en este campo. El Tribunal de Cuentas elabora anualmente un informe sobre la financiación de los partidos políticos. El último estudio publicado corresponde al ejercicio 2007.

Este retraso se debe a dos factores: por un lado, el insuficiente personal dedicado a supervisar las cuentas políticas, ya que hasta el pasado verano este departamento tan sólo contaba con doce personas; y, por otro lado, a la carga de trabajo, ya que estos mismos empleados eran los encargados de controlar los gastos de todas las campañas electorales que, tan habitualmente, se celebran en España y, puesto que debían presentar estos informes en un plazo determinado, "tenían que paralizar el resto de actividades", según fuentes próximas al organismo.

El Tribunal está intentando ahora corregir este retraso y para ello ha aumentado la plantilla de dicho departamento a 26 personas, con el objetivo de presentar el informe del ejercicio 2008 este primer semestre y los de 2009, 2010 y 2011 entre finales de este año y principios del siguiente.

Asimismo, a nivel presupuestario tampoco es, precisamente, uno de los entes con mayor dotación, pese a que se encarga de fiscalizar la actividad económica y presupuestaria de buena parte del sector público, más allá de los partidos políticos. El Tribunal de Cuentas contará en 2013 con un total de 908 empleados: los Consejeros de Cuentas, altos cargos que son designados por los propios partidos (seis por el Congreso y otros seis por el Senado); 669 funcionarios; así como empleados eventuales y fijos.

Mientras, su presupuesto asciende a 61,3 millones de euros, de los que 53,1 millones son gastos de personal. ¿Mucho o poco? Dependería de la utilidad de sus competencias y de la efectividad de su labor, pero lo cierto es que en las dos primeras semanas de enero el Gobierno ya ha repartido unos 325 millones de euros en subvenciones públicas a sindicatos, revistas, agricultores y ONGs, una cuantía cinco veces superior a la que recibirá dicho órgano en todo el año para evaluar, aunque de forma muy limitada, la buena o mala gestión efectuada por las administraciones públicas y los partidos políticos.

Ya ha denunciado irregularidades

Por último, los políticos que se escudan en el aval del Tribunal de Cuentas parecen olvidar que éste ya ha denunciado en diversas ocasiones la opacidad que reina en la financiación de los partidos. Sin ir más lejos, su último informe (2007) desvela, entre otras cosas, lo siguiente, tal y como avanzó Libre Mercado:

  • La inmensa mayoría de partidos, tanto a nivel estatal como autonómico, o bien "no incluyen ninguna información" en las memorias remitidas al Tribunal sobre la relación de subvenciones y donaciones recibidas, así como los detalles de las condiciones de los préstamos, o bien esta información "está incompleta", lo cual viola la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de partidos políticos.
  • "Ninguna de las formaciones" rinde al tribunal los debidos mecanismos de control interno que exige la ley para "garantizar la adecuada intervención y contabilización de los actos y documentos" relacionados con los ingresos y gastos.
  • Tampoco detallan en sus cuentas anuales la financiación de sus formaciones locales, ni contabilizan debidamente las donaciones privadas.
  • Advierte de la condonación de deudas por parte de las entidades financieras. Y ello, sin contar los bajos intereses que pagan los partidos (apenas un 0,4% anual).
  • Sus fundaciones eluden la fiscalización económico-financiera...

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