Dieter Brandau ha entrevistado en Es Noticia a Carlos Cruzado, presidente del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), sobre la comparecencia de Cristóbal Montoro para explicar la amnistía fiscal.
El ministro de Hacienda ha dicho que con la amnistía fiscal han aflorado 40.000 millones de euros y se ha recaudado 1.200 millones. Cifras que no cuadran con el 10% que anunció que pagarían los defraudadores.
Carlos Cruzado ha explicado que este baile de cuentas se debe a que "la parte aflorada por la que se ha tributado son unos 11.000 millones, el resto, 30.000 millones, han aflorado sin que hayan pagado impuestos".
De esta forma, "afloran sin pago porque ya interpretó la Dirección General de Tributos que los patrimonios que afloraran con anterioridad al plazo de prescripción no iban a pagar en esta amnistía, sólo pagarían por los intereses". Si finalmente "ese 10% queda en un 3 ó 2% el negocio ha podido ser bueno" para quienes han decidido volver a traer su capital a España, ha añadido.
Investigar los fondos
El ministro también ha asegurado que los técnicos de Hacienda tendrán acceso a toda la información de la amnistía fiscal, una "buena noticia" para Carlos Cruzado ya que "es un cambio de posición por parte del Ministerio que hasta ahora no daba la posibilidad de acceder a estos datos".
El presidente de Gestha ha dejado claro que "hay que analizar esta amnistía, hay que ver si esos fondos pueden proceder de actividades delictivas para en ese caso dar traslado al Ministerio Fiscal".
Cruzado ha insistido en que "sólo el delito fiscal queda fuera de imputación para el defraudador, pero si esos fondos proceden de actividades delictivas como el narcotráfico o la corrupción, esos delitos no van a quedar archivados como consecuencia de la amnistía".
Auditar al PP
Una vez que la prensa reveló que Luis Bárcenas hacía pagos con dinero negro, Mariano Rajoy anunció que encargarían dos auditorías externas para limpiar la imagen del PP. Los técnicos de Hacienda han hecho esta semana un ofrecimiento para ser ellos los que realicen una de estas auditorías.
Por el momento, ha dicho Carlos Cruzado, "no hemos recibido respuesta" al mismo tiempo que ha recordado que "la única obligación del PP, y del resto de partidos, es el sometimiento al control de Tribunal de Cuentas y de los órganos fiscalizadores de CCAA".
El presidente del sindicato de técnicos de Hacienda ha explicado que "el objetivo de la auditoría es determinar si las cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio, sin embargo, aquí habría que aplicar otros procedimientos para levantar esa contabilidad B si es que existe".
Por último ha señalado que la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos no funciona correctamente, "pese a que la ley establece un plazo de 6 meses para que el Tribunal de Cuentas haga esta fiscalización, la realidad es distinta, pasan años".
Llamativo, ha dicho, es que "los propios investigados por el Tribunal de Cuentas son los que tienen que dar el visto bueno al informe".