El Gobierno ha aprobado este viernes el anteproyecto de la Ley de Unidad de Mercado, con el objetivo de eliminar trabas autonómicas y, de este modo, facilitar la actividad empresarial. Sin embargo, al igual que ha acontecido con otras reformas estructurales impulsadas por el PP, el loable espíritu de esta norma se traduce, en la práctica, en una mera declaración de intenciones carente de utilidad y eficacia, una vez se analiza en detalle el contenido del texto.
La norma busca reducir la maraña administrativa existente. Para ello, implanta una especie de licencia única para poder operar en todo el país sin necesidad de tener que cumplir los innumerables requisitos legales que imponen las comunidades autónomas. Además, impulsa la creación del Consejo Nacional de Unidad de Mercado, para que converjan las diferentes regulaciones autonómicas sobre la base de la colaboración y la búsqueda de elementos de control y supervisión entre administraciones.
A primera vista, la música de la ley suena bien, pero la letra contradice sus grandes enunciados. En el ámbito de las mercancías, la norma permite que una empresa pueda comercializar libremente sus productos a nivel nacional una vez obtenido el correspondiente permiso en una comunidad autónoma. Sin embargo, los Gobiernos regionales todavía contarán con amplios mecanismos para restringir el comercio, ya que podrán blandir sus particulares normativas en materia de seguridad, salud pública y requisitos medioambientales. De este modo, si alguna autonomía decide que un determinado producto no cumple su particular legislación sanitaria o medioambiental podrá impedir o dificultar su venta, tal y como venía sucediendo hasta hoy.
En cuanto al sector servicios, la norma crea una licencia profesional única para operar en toda España, de modo que un fontanero, por ejemplo, ya no necesitará inscribirse en un registro especial o conseguir un certificado profesional diferente para trabajar en otra comunidad. Sin embargo, empresas y autónomos tendrán que seguir cumpliendo estrictamente la normativa específica de cada Gobierno regional, con lo que, en la práctica, la ley tan sólo ahorra un simple trámite –solicitar otra licencia–. Por si fuera poco, la norma mantiene intacta la discriminación lingüística que imponen algunas comunidades autónomas, de forma que las empresas que operen en Cataluña tendrán, obligatoriamente, que seguir rotulando y etiquetando en catalán.
Así pues, todo indica que la deseable unidad de mercado seguirá siendo en España un mero formalismo carente de significado. Y es que, aunque los principios que inspiran la ley están bien encaminados y, de hecho, supone un leve avance con respecto al marco actual, las autonomías mantendrán casi intacta su potestad regulatoria para dificultar la actividad empresarial, con lo que todo seguirá prácticamente igual. El proyecto inicial, que parte del secretario de estado de Economía, Jaime García Legaz, era mucho más ambicioso y sólido que el texto que acaba de presentar el Gobierno, lo cual indica que su elaboración no ha estado exenta de críticas y reticencias por parte de las comunidades autónomas. Por desgracia, el PP ha cedido nuevamente a presiones particulares en lugar de legislar pensando en el bien general de todos los españoles.