La Declaración Tributaria Especial (DTE), más conocida como amnistía fiscal, ha logrado aflorar un patrimonio oculto de más de 40.000 millones de euros. Eso sí, los contribuyentes que se han acogido a este procedimiento extraordinario han pagado por este concepto sólo 1.200 millones de euros. Estos son los dos grandes datos que Cristóbal Montoro presentó este miércoles en el Congreso. Alrededor de estas cifras se ha generado un gran debate social sobre la moralidad de la medida, la cantidad recaudada o el mensaje que se lanza a aquellos que sí cumplen con Hacienda.
Sin embargo, a pesar de todo el ruido que ha causado, en el Ministerio aseguran que están muy contentos con el resultado final. Para el equipo de Montoro, la DTE ha sido un éxito y supone la primera piedra en la creación de un nuevo sistema tributario, que incluya la gran mayoría de las rentas generadas por los españoles, estén donde estén sus bienes. Libre Mercado ha hablado con varios asesores fiscales, que han ayudado a algunos de estos contribuyentes a ponerse al día con Hacienda. ¿Su diagnóstico?: más allá de consideraciones éticas, la medida ha sido un éxito para el Gobierno y contribuirá a generar ingresos tributarios en éste y en los próximos ejercicios.
¿Los 1.200 millones recaudados son mucho o poco?: pues depende de cómo se mire. Quizás el gran error de Cristóbal Montoro fue hablar en su momento de 2.500 millones como objetivo. Entonces, lo que quería el Gobierno era que aflorasen unos 25.000 millones y aplicarles un tipo del 10%. La realidad es que han salido a la luz más de 40.000 millones; pero, de esta cantidad, sólo algo menos de 12.000 millones entran dentro del campo de la amnistía fiscal. Por eso, la recaudación final ha sido de 1.192 millones.
¿Qué tipo han pagado aquellos que se han acogido a la amnistía?: los que han pagado han pagado el 10%, pero no todos han pagado (o no por todo el patrimonio que han puesto encima de la mesa). Por eso, como hemos visto, la recaudación ha alcanzado sólo el 3% del dinero aflorado. La clave de todo esto es que sólo tributaban las rentas no prescritas. Esto es lógico y no es una cuestión que sólo se aplique en este caso. Una vez que se cumplen cuatro años de la generación de una renta, el dinero está fuera del alcance de Hacienda. Por eso, en la práctica, los asesores admiten que muchísimos de los afectados han pagado mucho menos del 3% de la cantidad total declarada.
Ejemplo: una persona puede demostrar que tenía 10 millones de euros ocultos en el año 2000. En los últimos cuatro años, ese dinero le ha generado unos rendimientos de 800.000 euros en total. Si se acoge a la amnistía fiscal, tendrá que pagar 80.000 euros, algo menos del 1% del total de la renta aflorada, que es de 10 millones. Lo que hay que tener claro es que ese dinero ya estaba fuera del control de Hacienda, porque había prescrito. No es que ahora Montoro se lo haya perdonado, es que no podía hacer nada, excepto aprobar una norma que ignorase la prescripción y eso habría sido muy atacable desde un punto de vista legal.
Por qué se ha traído justo ahora el dinero que ya había prescrito: ésta es la pregunta clave de todo el proceso, pero casi no se ha tocado en el debate público. Esos 30.000 millones que ya han aflorado y habían prescrito ya estaban fuera del alcance de Hacienda, pero sólo se han blanqueado ahora. ¿Por qué? La clave de todo está en la unión de la amnistía fiscal con una modificación contra el fraude que se aprobó también hace unos meses en la Ley General Tributaria. Existe una nueva obligación de informar a Hacienda, antes de abril, de todos los bienes y derechos que uno tenga en el extranjero, a los que no se aplicará ningún tipo de prescripción. El mensaje del Gobierno sería algo así como: ‘Si usted tiene un patrimonio de millones oculto, no informa y le pillo, por mucho que pueda acreditar que es del año 2000, no se le aplica la prescripción, es como si los hubiera obtenido el año pasado’. El miedo a este endurecimiento de la ley tributaria es lo que ha llevado a muchos a aceptar el mal menor de retratarse ante la Agencia Tributaria.
Ejemplo: supongamos que alguien tiene 10 millones ocultos tras esta amnistía fiscal. Si Hacienda le pilla, le cobrará un 51,9% de IRPF (5,2 millones), una sanción del 150% de la cuota defraudada (5,2*3=15,6 millones) y además puede acabar en la cárcel por un delito fiscal (que además ha visto endurecerse las penas). Parece claro que la nueva legislación sancionadora es una motivación clara para regularizar las cuentas con el fisco.
¿Pagará este dinero impuestos en los próximos años?: sí. Ésa es la mejor parte para las arcas públicas y la razón por la que en Hacienda están contentos. Los 40.000 millones pagarán Impuesto de Patrimonio desde ya (salvo en Madrid, que tiene este tributo bonificado) y si generan rentas, éstas también tributarán. Es un aumento de la bases imponibles de cerca del 4% del PIB. De hecho, parte de este dinero ya ha pagado impuestos. Los asesores y los abogados consultados apuntan que se han presentado miles de declaraciones complementarias, sobre todo de Patrimonio, porque la DTE sólo afectaba a IRPF y Sociedades. Incluso, puede que todo el dinero recaudado este año entre unas cosas y otras haya superado los 2.500 millones que Montoro anunció al comienzo del proceso.
¿Qué tipo de dinero ha salido a la luz?: en teoría, la amnistía no afectaba a actividades ilegales, sino sólo a dinero oculto proveniente de fuentes legales. Otra cosa es si será posible para Hacienda discernir de dónde viene el dinero e impedir que se blanqueen fondos con un origen ilegal. En clara referencia a Luis Bárcenas, Montoro ha asegurado que "quien haya cometido un delito de blanqueo o malversación seguirá siendo responsable de tales delitos". La cuestión es cómo le van a pillar.
Un incentivo perverso: alrededor de toda esta cuestión ha surgido una gran polémica, acerca de si es moral que mientras todos pagamos religiosamente nuestros impuestos, haya quien repatríe verdaderas fortunas pagando un 10% (y eso en el mejor de los casos). Y el problema no es sólo ético, sino también de los incentivos perversos que genera. Si los contribuyentes comienzan a pensar que habrá más amnistías fiscales, tendrán interés en defraudar a Hacienda, para luego pagar menos impuestos, al blanquear su dinero. Por eso, siempre que se produce un proceso de regularización, el Gobierno intenta convencer a sus contribuyentes de que será la última vez. En este caso no ha sido distinto. La última amnistía fiscal databa del año 1991, ¿cuándo llegará la próxima?