El Gobierno trabaja en la posibilidad de limitar los ingresos de los alcaldes a un solo sueldo, sin complementos como los que disfrutan actualmente según las sociedades o entidades en las que participen, pero elevando a 100.000 euros el máximo que puedan cobrar los regidores de las ciudades más grandes.
Según han explicado a Europa Press fuentes consultadas, se mantendría así la intención inicial del Gobierno de limitar el sueldo de los alcaldes al sueldo de un secretario de Estado, que puede rondar esos 100.000 euros porque al fijo anual que reciben, señalado en los Presupuestos del Estado en casi 70.000 euros, se suman los complementos de productividad, que son variables.
De ahí hacia abajo, los salarios de los regidores se reducirán según una escala que se regirá por el único criterio de la población de sus municipios, hasta el límite mínimo de 30.000 euros brutos para los alcaldes de pueblos de 5.000 vecinos. La propuesta baraja también que los municipios más pequeños, que podrían ser los de población inferior a los 1.500 habitantes, no tengan un sueldo fijo.
Si la ley finalmente fija estas cantidades, no supondrá gran variación para los alcaldes con nómina municipal más alta, los de las grandes ciudades, cuyas retribuciones se aproximan a esos 100.000 euros de tope previstos, aunque tendrán prohibida ninguna otra percepción económica.
El principal afectado será el alcalde de Barcelona, Xabier Trías, el de mayor sueldo de todos: 110.000 euros de base anuales; la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, percibe casi 95.000, mientras que la de Valencia, Rita Barberá, ingresa actualmente 87.000 euros anuales; el de Bilbao, Iñaki Azkuna, es el segundo alcalde con mayor sueldo, casi 96.400 euros anuales. También supera los 90.000 euros el salario anual del alcalde Zaragoza, Juan Alberto Belloch (91.812 euros).
El sevillano José Ignacio Zoido es caso aparte, porque cobra como diputado del Parlamento andaluz, renunció a su sueldo como alcalde, y percibe unos 43.580 euros al año. Zoido completa esta retribución con la que recibe como presidente del PP andaluz.
Sin acuerdo con el PSOE
Es la penúltima revisión de la reforma de la administración local que prepara el Ejecutivo y que tiene previsto aprobar en Consejo de Ministros el próximo viernes. Hace meses que la iniciativa es objeto de negociación entre Administraciones Públicas, las administraciones autonómicas y locales, el PSOE y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sin que se haya logrado cerrar un acuerdo.
La secretaría de Estado que dirige Antonio Beteta tiene prácticamente cerrado un texto desde diciembre; según la última versión a la que ha tenido acceso Europa Press, quedan abiertas pocas cuestiones, pero importantes: el régimen retributivo, el número de concejales que debe tener cada municipio, cómo equilibrar la función interventora y cómo reconocer el carácter institucional de la FEMP.
Fuentes socialistas, sin embargo, aseguran a Europa Press que el desacuerdo con el texto que prepara el Gobierno es completo y que no están conformes tampoco con el régimen retributivo, por lo que han decidido no continuar las negociaciones bilaterales con Ejecutivo y PP. Estas se mantienen entre el Gobierno y la FEMP, donde están representados todos los partidos.
El presidente de esta organización, el popular Iñigo de la Serna, asegura sin embargo que cabrán acuerdos sobre la reforma, aunque serán "parciales", y que se podrá avanzar en nuevos consensos una vez que la ley llegue al Congreso. Los portavoces y la junta de gobierno de la FEMP se reúnen mañana, encuentro en el que se podría aclarar el estado de las cosas.