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Margallo traslada a Bolivia el malestar y la preocupación por expropiaciones

El Ejecutivo no cuestiona el derecho soberano del Gobierno boliviano para ejecutar expropiaciones por razones de interés nacional.

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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha trasladado hoy a su homólogo boliviano, David Choquehuanca, el malestar del Gobierno por las expropiaciones de filiales de Red Eléctrica de España e Iberdrola y su preocupación ante posibles futuras acciones contra empresas españolas.

Durante una escala en Madrid, Choquehuanca se ha reunido con García-Margallo, quien le ha reiterado el "malestar" del Ejecutivo por el modo en el que se llevaron a cabo las últimas expropiaciones, "sin información ni diálogos previos y con ocupación policial" de las sedes de las empresas.

Según ha informado el Ministerio de Exteriores en un comunicado, García-Margallo le ha transmitido además la "preocupación" del Ejecutivo por las informaciones que apuntan a "futuras acciones del Gobierno boliviano contra empresas españolas".

"España desea que las relaciones bilaterales sigan presididas por la cordialidad, franqueza y buena fe que han mantenido hasta ahora, más aún con un país prioritario para la cooperación española y que tiene un número importante de ciudadanos residiendo en España", le ha dicho el ministro a Choquehuanca.

Ha confiado en que el "espíritu de diálogo y buena fe" se traduzca en hechos concretos, tanto en los casos de REE e Iberdrola, como en el trato al resto de empresas españolas presentes en Bolivia.

El Ejecutivo no cuestiona el derecho soberano del Gobierno boliviano para ejecutar expropiaciones por razones de interés nacional o utilidad social, pero García-Margallo ha recordado a su colega la obligación de indemnizar "adecuadamente" a los propietarios de las empresas nacionalizadas, como prometieron en su día las autoridades de La Paz.

Ante el caso concreto de Iberdrola, que vio cómo el 29 de diciembre se nacionalizaban cuatro empresas en las que tenía una participación mayoritaria-, ha confiado en que la indemnización se produzca "de forma transparente y rápida" y que refleje "adecuadamente" el valor de las acciones expropiadas.

El caso de REE se remonta a mayo del año pasado, cuando el Gobierno boliviano expropió su filial Transportadora de Electricidad.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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