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La Audiencia Nacional rebaja de 30 a 10 millones la fianza de Díaz Ferrán

Admite parcialmente un recurso de la defensa de Ferrán por una situación de arraigo y su avanzada edad, ya que tiene 70 años.

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Admite parcialmente un recurso de la defensa de Ferrán por una situación de arraigo y su avanzada edad, ya que tiene 70 años.

La Audiencia Nacional ha acordado rebajar de 30 a 10 millones de euros la fianza que impuso el pasado 5 de diciembre al expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán en el marco del caso Crucero, en el que se investiga el vaciamiento de su patrimonio para burlar a sus acreedores, al considerar que podría resultar "excesiva".

Así consta en un auto dictado este lunes por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal en el que se admite parcialmente un recurso de la defensa de Díaz Ferrán y se acuerda rebajar la fianza por la situación de arraigo del expresidente de la CEOE, que vive en Madrid con su mujer, y su avanzada edad, ya que tiene 70 años.

El tribunal, no obstante, justifica el mantenimiento de la fianza apuntando que se trata de "una serie de hechos delictivos dolosos, premeditados, sistemáticos, cometidos concertadamente, de forma organizada y reiterados en el tiempo, que afectan a una gran pluralidad de víctimas".

En la resolución, la Sección Segunda -compuesta por los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López- justifica la reducción de la cuantía al valorar la edad del expresidente de la CEOE -70 años- y su arraigo familiar y personal al tener domicilio conocido en Madrid.

El tribunal recuerda que la "fianza de cárcel" no tiene por objeto garantizar las eventuales responsabilidades pecuniarias del imputado sino que "no se sustraerá la acción de la Justicia".

Según el juez instructor de la operación Crucero, Eloy Velasco, Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, ya fallecido, diseñaron en colaboración con el empresario Ángel de Cabo "una estrategia para alzarse con sus bienes aparentando su insolvencia patrimonial".

Esta estrategia habría consistido en el traspaso del Grupo Marsans, propiedad del expresidentes de la patronal de empresarios, y de su patrimonio personal a las sociedades de De Cabo para crear, de esta forma, "una aparente insolvencia evitando así que sus acreedores, no sólo empresas, sino trabajadores, pudieran satisfacer sus créditos".

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