El inspector que ha revisado la documentación aportada por la central sindical para justificar la aplicación de los dos expedientes de regulación de empleo a su plantilla, ha encontrado anomalías en estos capítulos: la selección del personal afectado por los despidos o la reducción de jornada y salario, los documentos entregados donde se detalla la situación financiera de la organización y también cuestiona la legitimidad de las partes que intervinieron en el periodo de consultas. La Inspección sugiere que ha habido arbitrariedad y discriminación en la selección de despedidos. Fue Salvador Mera, secretario general de la UGT de Cádiz, el responsable de la "selección" en la provincia.
Esta primera valoración de los hechos, antes de que el TSJA se haya pronunciado acerca de la demanda por conflicto colectivo presentada por los trabajadores de UGT-Andalucía afectados por sendos expedientes de regulación -ERE y ERTE-, viene a dar cuando menos parte de razón a los sindicalistas despedidos o que han visto recortadas sus condiciones de trabajo. La Inspección de Trabajo ha detectado posibles irregularidades en el proceso que ha supuesto la salida de 26 empleados del sindicato en la provincia de Cádiz y de 159 en el conjunto de Andalucía.
Precisamente, el presidente del comité de empresa de Cádiz, uno de los díscolos que se han enfrentado a la dirección ugetista, es uno de los afectados por el ERE. Fue este Comité el que presentó una denuncia el pasado 14 de enero tras anunciar la empresa ugetista su intención de aplicar la reforma laboral para adelgazar su estructura y acabar con los contratos de trabajadores dependientes de programas subvencionados por las administraciones.
El primer pronunciamiento de la Inspección concluye que deberá ser la jurisdicción de lo social la que se pronuncie sobre la posible arbitrariedad o discriminación en la selección de trabajadores o defectos en la tramitación del procedimiento. Pero al recurrir a la Inspección, los sindicalistas perseguían un pronunciamiento favorable de un organismo con competencia en materia laboral para reforzar sus argumentos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.