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Pensiones de hambre

Los españoles pagamos impuestos para tener buenos servicios públicos y buenas prestaciones sociales. Pero nuestros políticos piensan de otra forma.

Emilio J. González
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El Gobierno ha decidido que a partir de 2014 va a informar a los contribuyentes mayores de 50 años del importe de la pensión de jubilación que les corresponderá en el momento del retiro, con el fin de que puedan calcular la diferencia entre la cantidad de dinero que percibirán efectivamente y la que pensaban que iban a cobrar, para que quien quiera tener una pensión más elevada pueda ahorrar o contratar un seguro que se la proporcione. ¿Qué nos dice esto? Pues muy sencillo: que el sistema no da más de sí y que la única forma que tienen los políticos de arreglarlo es bajarnos la cuantía de las pensiones que nos corresponderían si no se aplicaran las medidas del Pacto de Toledo, como, por ejemplo, la ampliación a toda la vida laboral del periodo de cómputo de la pensión, que supone reducirla en, aproximadamente, un 35% en relación con la que se percibiría sin este cambio.

Después de que los políticos y los sindicatos insistieran en mantener el sistema público de pensiones tal cual, sin cambios ni reformas que introdujeran cuando menos un sistema mixto entre capitalización y reparto, ahora nos encontramos con lo que se veía venir desde hace años en cuanto se analizaba la pirámide población española. Y es que un modelo como el nuestro, que financia las pensiones de hoy con las cotizaciones de hoy, es inviable en una sociedad cuya población envejece. Para complicar más el asunto, encima el ajuste anticrisis se está produciendo vía reducción de salarios, lo que disminuye la base de cotización del sistema, o sea los ingresos, y vía salida de trabajadores hacia otros países, lo que recorta el número de cotizantes. Pues bien, en este contexto, lo que tendría que hacer el Gobierno es recortar otros gastos públicos con el fin de que el déficit del sistema de pensiones se pudiera financiar con los ingresos procedentes de la tributación general. Porque recortar se puede recortar por muchas partes, empezando por los asesores y los coches oficiales y siguiendo por el cierre de las autonomías. Y es que los españoles pagamos impuestos para tener buenos servicios públicos y buenas prestaciones sociales. Pero nuestros políticos piensan de otra forma, creen que el dinero público no es de nadie, cuando en realidad es de todos, y lo utilizan para sus propios fines, empezando por el de llenar las administraciones de parientes, amigos y miembros del partido. Estos gastos no los están tocando, y sin embargo nos recortan las pensiones. No tienen vergüenza.

Ahora, encima, nos dicen que nos van a informar con antelación de cuál será nuestra pensión para que vayamos ahorrando con el fin de poder cobrar más después. La pregunta es: ¿de dónde va a salir ese dinero?; porque quien esté en paro no puede ahorrar, a quien le han bajado el sueldo y llega justo a fin de mes tampoco, y quien todavía soportar una hipoteca onerosa de veinte o treinta años, menos aún, con el agravante de que los pisos, la tradicional hucha de las familias, no van a volver a valer ni de lejos lo que se ha pagado por ellos en los últimos veinte años. Es decir, que, salvo aquellos que ganen mucho dinero, aquí prácticamente nadie va a tener esa capacidad de ahorro para poder complementar la pensión pública cuando llegue el momento de la jubilación. Por ello, y ya que los políticos de todos los partidos y los sindicatos decidieron en su momento no reformar el sistema de pensiones, lo que tendrían que hacer ahora es reformar el gasto público y acabar con todos los despilfarros y con las autonomías, a fin de abrir margen en los presupuestos para financiar el déficit de la Seguridad Social y permitir que la gente se pueda jubilar con una pensión digna, no con una de miseria, que es a lo que nos están condenando entre unos y otros.

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