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La fiscalidad de Baleares castiga el turismo y los alimentos

La patronal de la hostelería explica que el Gobierno de Baleares está perjudicando al sector con más impuestos.

El nuevo impuesto sobre envases de Baleares pretende corregir el déficit público de las Islas penaliza a los productos básicos de alimentación y de consumo turístico, según la Federación Española de Hostelería (FEHR). Además, el castigo fiscal y las cargas burocráticas asociadas a este tributo sitúan a las empresas de Baleares en una posición de desventaja competitiva, que se traducirá en pérdidas de inversión y empleo.

La FEHR explica que este impuesto sobre los envases no tiene en cuenta el valor del contenido (bebida o alimento), por lo tanto introduce una mayor carga fiscal sobre los productos más económicos. 

"Este castigo fiscal sobre el consumo de productos básicos no sólo drena rentas y recursos de los hogares. También lastra la competitividad de la distribución comercial, la industria, el turismo y la hostelería de Baleares", denuncian.

En primer lugar, porque añade un incremento injustificado de los costes indirectos de las empresas, en un momento económico extremadamente delicado. En segundo lugar, porque este tributo impone un entramado de cargas burocráticas (contabilidad, gestión, liquidación) que encarecen los costes de administración de los negocios. En tercer lugar, con este impuesto el Gobierno de Baleares se desmarca de los esfuerzos de la Administración central para garantizar la unidad de mercado, simplificar y reducir el coste de las cargas administrativas.

Esta discriminación de las empresas insulares es más palpable si cabe en el sector turístico, principal motor económico de las Islas. El nuevo tributo sobre envases afectará a 7.000 establecimientos y 13.000 puestos de trabajo. Su impacto sobre los costes de las empresas y la facturación puede acarrear el cierre de hasta 200 locales y la pérdida de más de 500 empleos en el sector de la restauración.

Sobre la protección del medioambiente desde la FEHR argumentan que "El impuesto no busca la protección del medioambiente, ya que en ningún momento se valoran los pasos que han dado en eficiencia energética y reducción, recuperación y valorización de envases. De modo que es un tributo con un fin puramente recaudatorio y no medioambiental".

También añaden que aunque su efecto inmediato sobre la recaudación ayudará a ajustar parte del déficit autonómico "no podrá evitar a medio plazo los graves daños que causará sobre la inversión de las empresas, la creación de empleo, el consumo de las familias y, por tanto, la pérdida de ingresos en otros impuestos ligados a la actividad, como el IVA, el IRPF, Sociedades, Cotizaciones Sociales, licencias de terrazas, etc".

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