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La Justicia anula la mayor privatización de aguas de Cataluña

La Generalidad adjudicó a Acciona la privatización de la gestión de la empresa pública catalana ATLL

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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado la razón a Agbar y ha acordado ejecutar la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC) que anuló la adjudicación de Aigües-Ter Llobregat (ATLL) a Acciona.

En tres autos notificados este miércoles, el tribunal deniega la petición de la Generalidad y de Acciona de que se suspendiera de forma cautelar la efectividad de la resolución del OARCC, ya que considera que se basó en un "argumento perfectamente sostenible", cuyo acierto deberá ser examinado cuando se analice la causa principal.

La sección quinta del TSJC también desestima el argumento de la Generalidad de que mantener vigente la decisión del OARCC podría suponer una influencia en el sistema tarifario, con un incremento de unos 30 millones de euros anuales, ya que "lo cierto es que esta argumentación no descansa en una justificación suficiente".

El origen del conflicto

El pasado seis de noviembre, la Generalidad adjudicó a Acciona la privatización de la gestión de la empresa pública catalana ATLL, encargada del control del agua. Acciona que presentó la mejor oferta económica y se impuso a Agbar, pasaría entonces a ser la encargada de as instalaciones que constituyen la red de abastecimiento de ATLL d durante 50 años.

El 27 de diciembre el Gobierno catalán ingresaba, gracias a Acciona, el primer pago de 298,6 millones de euros por la concesión. Esto explica que la Generalidad sea la primera interesada en que el conflicto lo gane Acciona porque sino tendrá que devolver el dinero. Pocos días después, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalidad de Cataluña (OARCC), estimaba un recurso planteado por Agbar en contra de la concesión porque "había encontrado fallos en el proceso".

Agbar en su recurso aseguraba que Acciona "pudo presentar una mejor oferta porque en lugar de comprometerse a hacer una serie de obras en 10 años, lo hacía en un plazo más largo y esto le daba una ventaja respecto a los otros concursantes". 

La Generalidad estudia recurrir

La decisión del TSJC se ha conocido mientras los consejeros de Economía, Andreu Mas-Colell, y de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, comparecían en el Parlamento precisamente para informar sobre la privatización de la gestión de esta compañía que presta el servicio de abastecimiento de agua a Barcelona y su área metropolitana.

Ya antes de conocer los tres autos del TJSC, Vila había asegurado que si este tribunal se pronunciaba en contra de los intereses de la Generalidad, la Administración catalana recurriría "posiblemente en casación".

No obstante, luego el consejero ha asegurado que, si bien no descartaba un recurso, la Generalidad debía analizar ahora los argumentos del TSJC, y ha subrayado que el Gobierno autonómico velará por "dar continuidad a la prestación del servicio" que presta esta empresa, que es algo que "no se ha invalidado", ha dicho Vila.

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