Basta recordar el papel de los economistas institucionalistas para tener en cuenta de qué modo la estructura económica de un país puede ser modificada por un poder independiente –v. El espíritu de las leyes de Montesquieu– del Ejecutivo y el Legislativo: el Judicial. Ese puño de hierro, como consecuencia de las vejaciones que sufrió la clase trabajadora hasta el siglo XX, actúa de modo importantísimo en el mundo laboral. Como ha señalado recientemente Jaime Suárez en El legado de José Antonio (Plataforma 2003, 2013), en muchos sentidos, y concretamente en el social, la Administración de Franco cumplió el programa social de la II República (v. también el ensayo de Fernando Suárez El cambio social en la era de Franco, FNFF, 1997).
En este sentido, Fernando Fernández Méndez de Andés, en "España: reformas pendientes en la Unión Monetaria Reconstruida" (Fundación de Estudios Financieros, documento de trabajo nº 2), al referirse a la actual reforma laboral, iniciada en 2012, indica que "corre el riesgo de una posible sindicalización que la paralice en términos prácticos". Abunda en la cuestión en el artículo "Límites a la justicia gratuita", publicado en Asesores Financieros y Tributarios (febrero 2013):
El Anteproyecto de Ley mantiene el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita de los trabajadores y beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social en la primera instancia del Orden Social. En las escasas causas en las que se recurre en suplicación, los trabajadores tendrán una exención del 100% de la tasa prevista. (...) Cruz Roja, las asociaciones en defensa de las personas con discapacidad, los sindicatos y los representantes de los trabajadores, así como las entidades gestoras de la Seguridad Social, tendrán derecho a la justicia gratuita siempre que ejerciten acciones en defensa de sus intereses específicos.
Todo eso puede originar una mayor rigidez en el mercado laboral, en un momento en que se considera muy conveniente su flexibilización. Sin embargo, la defensa de los intereses de las gentes de menos recursos tiene multitud de puntos de apoyo. Esto sólo se resuelve con un incremento notable en la rapidez de la acción de la justicia. Es uno de los problemas más delicados que tiene España, en estos momentos de búsqueda de salida de la crisis económica.