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EDITORIAL

La realidad de los desahucios

Los grupos de la oposición cometen un grave error apoyando las demandas de la PAH y el Gobierno juega con fuego al paralizar temporalmente los desalojos.

EDITORIAL
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A lo largo de los últimos meses, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con el apoyo de los partidos de la oposición y el beneplácito de muchos medios de comunicación, ha logrado vender a la opinión pública la imagen distorsionada de que los desahucios constituyen una plaga generalizada en España, con más de 400.000 familias afectadas por la pérdida de su única vivienda desde 2008; una epidemia que es preciso erradicar mediante la paralización de todos los procesos y la aplicación de la dación en pago con carácter retroactivo. La extensión de esta idea ha creado tal estado de alarma social que el Gobierno decidió reformar a golpe de titular materias muy importantes y delicadas, como el procedimiento de ejecución o la propia Ley Hipotecaria. Algunas comunidades autónomas fueron incluso más allá al aprobar la expropiación de pisos en manos de entidades financieras o la imposición de multas a las viviendas vacías.

Sin embargo, la auténtica dimensión de este problema difiere mucho de la proyectada.  La estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este viernes por el Banco de España muestra que el número de desahucios de vivienda habitual es muy inferior al anunciado por las plataformas de afectados y la mayoría de los partidos políticos. En 2012, uno de los peores años de la crisis, con una tasa de paro superior al 25%, se produjeron 14.165 desalojos forzosos (por vía judicial) y 18.325 entregas voluntarias (previo pacto entre entidad y deudor). Es decir, la pérdida de vivienda por impago afectó al 0,53% de los hipotecados, y de éstos algo menos de la mitad sufrió un desahucio (lanzamiento forzoso).

De hecho, sólo en 2.405 casos (0,04% del total de hipotecas) los afectados fueron literalmente desalojados de la vivienda por las autoridades judiciales, y de éstos sólo en 355 fue necesaria la intervención de las fuerzas del orden para ejecutar la sentencia. Además, en la mayoría de los impagos hipotecarios las partes implicadas (entidad y deudor) lograron llegar a un acuerdo y en muchos casos (43% de las entregas de vivienda) el banco concedió la dación en pago para saldar por completo la deuda.

El problema de los desahucios supone, sin duda, una terrible experiencia personal y familiar, pero los datos recopilados por el Banco de España muestran que el volumen de afectados es infinitamente inferior al que se ha tratado de difundir. La morosidad hipotecaria apenas supera el 3%, y hoy por hoy no existe una epidemia de desahucios de primera y única vivienda, ni mucho menos. Los grupos de la oposición cometen un grave error apoyando las demandas de la PAH y el Gobierno juega con fuego al paralizar temporalmente los desalojos y modificar la Ley Hipotecaria para contentar a los afectados. No en vano el objetivo último de la plataforma de Ada Colau es hacer añicos la seguridad jurídica y la propiedad privada blandiendo como excusa el "drama social" de los desahucios, cuando en realidad existen múltiples herramientas y recursos para atender debidamente a los afectados y paliar su situación sin necesidad de poner en riesgo la estabilidad del mercado hipotecario español, cuyo funcionamiento lleva siendo correcto y satisfactorio desde hace décadas.

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