Nueve países de la Unión, encabezados por Reino Unido y Holanda, se manifestaron en contra de una posible imposición de cuotas femeninas en los consejos de administración de las empresas. Ana Bujaldón Solana, presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (Fedepe), afirmó que encontrar mecanismos que equilibraran a hombres y mujeres en ese ámbito es urgente e imprescindible:
Lo creemos por justicia social y porque las experiencias demuestran que el resultado es de rentabilidad y productividad.
Decir que el Estado tiene que imponer las cuotas femeninas por "justicia social" es una demostración más de que tan vaporosa noción sirve para amparar cualquier quebrantamiento de los derechos de los ciudadanos, en este caso, el derecho de las propietarias a nombrar en sus empresas a las consejeras que les venga en gana, independientemente de cualquier consideración que se les pueda ocurrir a quienes no son las dueñas.
Y es asombroso que la señora Bujaldón sostenga que hay que establecer cuotas coactivamente porque son rentables. Es claro que desprecia la capacidad de juicio de las empresarias: si la paridad se tradujera en rentabilidad y productividad, serían ellas quienes se apresurarían a establecerla. ¿Por qué obligarlas, si no es por el desdén ante su capacidad de juicio?
Estos son los nueve países cuyos gobiernos se han opuesto a las cuotas: Reino Unido, Holanda, Bulgaria, Letonia, Estonia, Lituania, República Checa, Hungría y Malta. Seis de ellos padecieron la justicia social del comunismo. Igual no es por azar que desconfían de la supuestamente benéfica coacción del poder.