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La alternativa al recorte de las pensiones

El sistema público de pensiones está en peligro, pero no tanto por el envejecimiento de la población como por los políticos y los sindicatos.

Emilio J. González
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El sistema público de pensiones está en peligro, pero no tanto por el envejecimiento de la población como por los políticos y los sindicatos, que deberían tomar las medidas adecuadas para resolver sus problemas financieros.

Un grupo de doce sabios convocados por el Gobierno presentó la semana pasada su informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema, que viene a decir lo que ya sabíamos muchos desde hace tiempo, esto es, que la única forma de mantener el modelo de reparto pasa por recortar las pensiones actuales y reducir las futuras mediante la ampliación a 25 años del periodo de cálculo.

Para resolver el problema de las pensiones lo que hay que hacer es lo que no se está haciendo. Lo primero de todo es dejar de considerar la Seguridad Social un elemento separado del resto del presupuesto y enmarcar sus prestaciones en del conjunto del gasto público. ¿Por qué? Porque nada impide que el déficit del sistema de pensiones se cubra, en todo o en parte, con recursos procedentes de la imposición general. Eso lleva a una segunda cuestión, la de las prioridades del gasto público. En una sociedad como la española, donde el envejecimiento demográfico pone en cuestión la viabilidad del sistema público de pensiones, lo lógico sería renunciar a otras políticas de gasto público menos necesarias con el fin de liberar recursos para lo más importante, el pago de las susodichas.

Lo mismo cabe decir en relación con la sanidad. El envejecimiento de la población implica mayores gastos en salud, que es para lo que pagamos impuestos. Pues bien, los políticos, en lugar de renunciar a las partidas de gasto político y a las subvenciones, insisten en recortar aquello para lo que, en realidad, contribuimos, mientras convierten las Administraciones Públicas en oficinas de empleo de familiares, amigos y compañeros del partido o sindicato; o en instrumentos de compra de votos a través de todo tipo de subsidios y subvenciones; o en mecanismos de gasto político cuyo único fin es ayudar al partido de turno a permanecer en el poder.

Digan lo que digan los políticos, en España hay recursos suficientes para financiar los sistemas públicos de salud y pensiones, siempre y cuando se racionalice el gasto en las demás partidas y se eliminen todas aquellas carentes de justificación real, que son demasiadas. El problema es que los partidos no quieren hacerlo y se inventan comités de sabios, Pactos de Toledo y demás, con el fin de justificar con sus informes el recorte en las prestaciones sociales como algo inevitable. Pues no lo es si se mete mano a las autonomías, se cierran las radios y televisiones públicas nacionales, regionales y locales, así como la tupida maraña de empresas públicas que solo sirven para colocar a amiguetes y demás. El problema es que, para ello, hace falta una voluntad política, que, por desgracia, no existe en este país, con lo que los mayores de hoy y de mañana van a tener que pagar los abusos de los partidos.

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