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Bauzá elimina más de 100 entes públicos y ahorra 311 millones de euros

El Ejecutivo balear ha reducido a la mitad su parque móvil y subasta aquellos inmuebles públicos catalogados de innecesarios.

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El Ejecutivo balear ha reducido a la mitad su parque móvil y subasta aquellos inmuebles públicos catalogados de innecesarios.
José Ramón Bauzá, presidente de las Islas Baleares.

José Ramón Bauzá enseña sus cifras de ahorro. Durante su mandato, ha pasado de 182 entes y empresas públicas a un total de 74. Trasladados estos datos a criterios económicos, conllevan un ahorro de 311 millones de euros para el periodo 2010-2013, lo que supone una reducción del 38% del gasto total. Así consta en los informes que el Ejecutivo Balear remite al ministerio de Hacienda, en donde tendrán que recibir el visto bueno de Cristóbal Montoro.

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En plena presentación de la reforma de la administración, Bauzá demuestra así que está cumpliendo con los deberes, y espera que así conste a la hora del reparto del déficit público. La supresión de organismos ha supuesto una reducción del número de empleados del sector público instrumental: en concreto, de 623 trabajadores, lo que supone una disminución del 19,10% del total.

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El severo plan de ajuste incluye otros datos llamativos. En la administración, se han suspendido varios complementos a empleados públicos, lo que ha supuesto un ahorro de 17,5 millones. En dos años, se ha reducido a la mitad del parque móvil oficial tanto de consejerías como del sector público instrumental, pasando de 708 a 361 vehículos.

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En el capítulo de inmuebles, el recorte también ha sido importante. Para empezar, se pagan dos millones de euros menos en alquileres considerados innecesarios o renegociados a la baja. Se han ingresado otros dos millones en subastas de edificios y solares públicos.

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Bauzá también está llevando a cabo medidas de simplificación documental. Ya se ha aprobado una norma a tal efecto, lo que permitirá un ahorro de 17 millones al año en eliminación de cargas administrativas. Desde el Ejecutivo ponen un ejemplo: antes, presentar una solicitud ante una oficina de la administración costaba 80 euros mientras que ahora, gracias al decreto y mediante la tramitación digital vía internet, el coste se reduce a 5 euros.

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