El sistema Muface es lo más parecido que tiene España a un sistema de "cheque sanitario". En esencia, este convenio permite que determinados funcionarios elijan si quieren ser atendidos por el sistema de salud habitual o si, por el contrario, prefieren que el Estado dedique esa financiación a pagarles un seguro médico de gestión privada. Así, aquellos trabajadores públicos que eligen la cobertura de Muface entran en un sistema gestionado por proveedores privados. Los beneficiarios pueden elegir entidad y facultativo, albergando la posibilidad de cambiar su elección cada año, así como de salirse del modelo Muface y ser atendidos por la sanidad pública.
Los datos muestran que el modelo tiene muy buena acogida entre los empleados de la Administración. Los datos de 2010 hablan de 1,2 millones de funcionarios acogidos a este régimen. Este dato coincide con los números publicados para 2013, por lo que parece evidente que el sistema goza de una enorme popularidad.
Poniendo en perspectiva los datos de afiliación, encontramos que el 98% de los maestros, el 95% de los profesores de secundaria, el 51% de los profesores de formación profesional, el 96% de los profesores universitarios y el 92% de los profesores de escuelas universitarias eligen esta opción por encima de la sanidad pública ordinaria.
Hasta aquí hemos explicado el modelo Muface y hemos detallado la buena acogida que tiene entre los empleados públicos. Ahora toca ir un paso más allá y plantearnos la realidad económica del modelo:
- Muface genera un ahorro medio en la prestación de servicios sanitarios equivalente al 35%. El Estado entrega una cuota fija por cada paciente, equivalente a 825 euros anuales. En el sistema público, esta cifra asciende a 1.280 euros.
- De acuerdo con los estudios del Círculo de la Sanidad, la no universalización del modelo Muface está costando a España entre 13.000 y 16.000 millones de euros al año. Semejante ahorro podría materializarse simplemente extendiendo el sistema Muface a todo el Sistema Nacional de Salud.
El despilfarro que no cesa
A continuación, recogemos algunas noticias recientes que confirman que el despilfarro y la mala gestión del dinero público siguen a la orden del día:
- Solamente en 2012, el gobierno catalán otorgó más de 10 millones de euros en subvenciones a CCOO y UGT. Las centrales sindicales recibieron estas partidas por diferentes conceptos: "archivo documental", "servicios lingüísticos", "impulso de la igualdad en la negociación colectiva", "sección de jóvenes", etc. Pero el maná de dinero público también llegó a los medios de comunicación en catalán, que se repartieron más de 6 millones de los contribuyentes.
- La Junta de Andalucía mantiene 36 "observatorios" que se niega a eliminar. Estos entes públicos se dedican a aspectos muy variados: flamenco, drogas y adicciones, publicidad no sexista, participación ciudadana, calidad de vida de los andaluces, lectura…
- Las Comunidades Autónomas siguen manteniendo 149 embajaditas frente a las 118 embajadas del gobierno central. El gasto anual de estas embajaditas supera los 150 millones. Según el Ejecutivo, "al menos 25 de las oficinas existentes responden a fines políticos". Regiones como Cataluña y País Vasco se han negado tajantemente a integrar estas oficinas en la red nacional.
- El Gobierno creará un sinfín de comités para limitar las duplicidades autonómicas. Aunque el gabinete de Rajoy pretende reducir la "grasa" del Estado, la supervisión de su propuesta de reforma de las Administraciones Públicas llama a la creación de decenas de comisiones y organismos.
- El último estudio de Transparencia Internacional ha detectado más de 21.000 entidades públicas en España. La cifra incluye alrededor de 3.000 sociedades mercantiles, más de 1.700 consorcios, 1.400 organismos autónomos administrativos o 3.700 entes municipales...
- En 2012, RTVE dejó pérdidas de 105 millones a pesar de recibir alrededor de 950 millones de euros de los Presupuestos. Semejante cuadro no ha impedido que el ente siga gastando 21,5 millones de euros al año en su servicio de comidas. Por otro lado, cabe señalar que TVE-1 ha perdido el 40% de su audiencia desde que la Administración Zapatero eliminó la publicidad. Además, vale la pena recordar que presentadores estrella como Jordi Hurtado, Mariló Montero, Anne Igartiburu o Concha Velasco se embolsan anualmente 130.000, 499.000, 300.000 y 107.000 euros, respectivamente.
- Zapatero pagó 234 millones de más a pensionistas. La falta de control de los complementos a mínimos afectó a 124.522 jubilados entre los años 2009 y 2010. Ahora, esas pensiones deberán ser devueltas.
- La Junta de Andalucía coló a 1.821 empleados nuevos con la llamada "Ley del enchufismo". La Cámara de Cuentas ha revelado que el Ejecutivo regional andaluz engordó la plantilla de sus empresas públicas a través de un supuesto plan de reordenación. En total, se estima que Andalucía mantiene a más de 30.000 "enchufados" en las diferentes instancias de su Administración.
- La Fundación del Teatro Real de Madrid registró un déficit de 2,4 millones de euros en 2011, tal y como se desprende de la Memoria de Cuentas Anuales publicada en el Boletín Oficial del Estado.
La "austeridad" según Rajoy y Montoro
El gobierno de España ha argumentado falsamente que el gasto público es del 43% del PIB cuando este indicador alcanzó el 47% en 2012, de acuerdo con Eurostat. Por mucho que los Ejecutivos de Zapatero y Rajoy hayan hablado recurrentemente de "austeridad", lo cierto es que este indicador ha crecido en casi 8 puntos del PIB desde que comenzó la crisis, pasando del 39% del PIB en 2007 al 47% en 2012.
Analizando estos datos con el año 2000 como referencia, comprobamos que el tamaño del sector público español se ha disparado un 45%, frente a la media del 20% que ha registrado la Unión Europea. De hecho, comparando 2007 y 2012, comprobamos que la recaudación ha caído en 51.000 millones, pero el gasto ha crecido en 81.000.
Semejantes datos desmontan la tesis del "austericidio" que argumentan los partidarios de aumentar el tamaño del Estado, pero aún hay más. Como ha explicado Libre Mercado, las Administraciones Públicas gastaron en 2012 casi un 30% más de lo que ingresaron por la vía fiscal. Además, el déficit final para 2012 fue el segundo mayor de la historia de España, alcanzando el 10,6% del PIB.
Excluyendo las ayudas financieras, algo que viola los principios de contabilidad de Eurostat y de la la Intervención General del Estado, el Gobierno argumenta que el déficit bajó del 9% al 7%. Este ajuste, de unos 22.000 millones, se abordó en un 70% por la vía de la reducción de la inversión, el tijeretazo más fácil e inefectivo de todos.