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El Gobierno aprueba la reforma "definitiva" del sector eléctrico

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado la aprobación de la reforma del sistema eléctrico.

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La reforma eléctrica de José Manuel Soria ya está en marcha. Y en esta ocasión, el Gobierno asegura que será la "definitiva". Así lo ha anunciado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la reunión del Consejo de Ministros de este viernes. En su opinión, hablamos de "una reforma estructural, una de las más importantes" de la legislatura, "clave para superar un desequilibrio básico y muy importante como es el que afecta al sector eléctrico".

Sáenz de Santamaría ha añadido que se trata de una "reforma necesaria para corregir el déficit de tarifa" -el desfase que existe entre los ingresos de las compañías y el coste de la generación eléctrica-. Este déficit de tarifa no ha dejado de aumentar "desde el año 2005" hasta alcanzar este año los 26.000 millones de euros. Con esta nueva ley, seguía la vicepresidenta, "los consumidores no serán los únicos" que tengan que asumir el ajuste.

Eso sí, hay que recordar a que en los últimos años se han sucedido los cambios legislativos en esta materia. Por eso, Sáenz de Santamaría ha enfatizado que lo que se presentaba este viernes "nace con vocación de ser la reforma definitiva" y no se quedará "en una modificación puntual de aspectos particulares".

Por su parte, el ministro de Industria, ha sido el encargado de explicar los detalles del proyecto de ley. Para empezar, ha apuntado que antes de que se apruebe éste, habrá una sucesión de decretos para que las medidas sean efectivas cuanto antes. Como explicación a esta urgencia, Soria ha asegurado que "si no hubiéramos hecho nada, las únicas dos alternativas que teníamos eran la quiebra del sistema o incrementar los precios por encima del 40%" de forma más o menos inmediata.

Soria también ha señalado que las medidas que ha tenido que tomar no eran fáciles, aunque sí "imprescindibles" y que el Gobierno ha procurado repartir el coste entre los consumidores, los Presupuestos Generales del Estado y las empresas. En este sentido, la obsesión del Ministerio de Industria es transmitir la idea de que "ha sido una reforma pensada en el consumidor", con el objetivo de "perseguir el interés general. La reforma no se casa con nadie, pero es que hasta ahora hemos tenido un sistema insostenible".

La factura de las renovables

El consumidor español asiste atónito a los cambios constantes en la legislación, que acaban afectando a la factura eléctrica. El problema nace en 2003, con las ayudas a las renovables, que se dispararon con José Luis Rodríguez Zapatero y su apuesta por la energía verde.

Generar electricidad con este tipo de fuentes (eólica, solar, termosolar,...) es más caro que con las fuentes tradicionales. El Ejecutivo socialista aprobó una serie de leyes que prometían una importante rentabilidad durante toda la vida de las nuevas plantas. Por lo tanto, el Estado español está comprometido a pagar un sobrecoste en las próximas décadas.

Según las cuentas del Gobierno, las primas a las renovables han aumentado casi un 500% desde ese año, en concreto un 493%. Esto ha dado lugar a un enorme déficit de tarifa que ha habido que financiar. Y el pago de los intereses de esa deuda, en un círculo vicioso todavía sin resolver, se ha ido sumando también a los números rojos del sistema: más deuda genera más coste y como ese coste no se paga sino que va a déficit de tarifa, lo que ocurre es que crece aún más la deuda.

Esto no quiere decir que el Gobierno vaya a acabar de un plumazo con las renovables. Soria ha recordado que "las infraestructuras están ahí y hay que pagarlas, se utilicen o no". De hecho, el ministro de Industria asegura que el Ejecutivo mantiene "una apuesta clara por las energías renovables. Sabemos que son más caras que el resto y hay que retribuirlas. Lo que cambia es la forma de retribuirlas".

Eso sí, habrá que ver cómo reaccionan las compañías del sector, que ya han declarado que consideran cualquier cambio como retroactivo. Se prevé un aluvión de demandas para intentar obtener en los tribunales la compensación inicialmente prometida. Soria ha admitido esta posibilidad. Ha dicho que "están en su derecho", pero ha afirmado que su departamento ha seguido la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia.

Hay que recordar que ya en 2012 se aprobaron algunos cambios. Soria ha asegurado que las medidas adoptadas el año pasado han logrado paliar "una parte importante de estos costes". El Gobierno calcula que si no se hubiera hecho nada la factura de la electricidad tendría que haber subido "un 19%" para cubrir todo el déficit de tarifa, que habría alcanzado los 10.000 millones de euros.

El reparto

En cualquier caso, a pesar de estos cambios, quedaban 4.500 millones de déficit de tarifa con un carácter "estructural"; es decir, que no eran consecuencia de los precios de la energía. El objetivo de la reforma es acabar con el desfase, para que deje de subir, de una vez, la deuda con las eléctricas.

Soria ha explicado cómo se repartirá el ajuste entre los diferentes actores que intervienen en el sector eléctrico, si todo sigue según los planes del Gobierno. De los 4.500 millones, entre 2.500 y 2.700 millones serán asumidos por las compañías eléctricas. Algo más de 1.000 millones irán a parar a las compañías tradicionales y el resto (1.500-1.700 millones) corresponderá a un recorte en las primas a las renovables.

En el capítulo de reducción de costes regulados, Soria ha señalado que para las renovables, que dejarán de regirse por el mecanismo de primas, la rentabilidad, ligada a la inversión será del 7,5 % (bono a diez años más 300 puntos básicos) y para las redes (distribución y transporte) del 6,5 % (bono a diez años más 200 puntos básicos). Junto a estas menores rentabilidades, se reducirán los pagos por capacidad, lo que reciben algunas empresas por tener disponibles plantas de 26.000 euros por megavatio (MW) a 10.000 euros por MW, aunque lo cobrarán más años, de diez a veinte. Y se permitirá parar una cuarta parte de los ciclos combinados, unos 6.000 MW.

Por otro lado, el Gobierno asumirá 900 millones de ajuste, vía Presupuestos Generales del Estado (es decir, que lo pagarán los contribuyentes con sus impuestos). Y el resto, hasta esos 4.500 millones, irá directamente a una subida de la factura de la luz (otros 900 millones). Por ejemplo, este mes de agosto ya se anuncia un incremento en el recibo medio del 3,2%.

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