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¿Quién debe pagar la universidad?

El debate sobre el coste, las becas y las tasas debe tener en cuenta las estadísticas sobre salarios y procedencia de los licenciados.

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Alumnos haciendo un examen en la universidad | Archivo

Hay cientos de historias de empresarios de éxito que nunca pisaron un aula. Y a los medios de comunicación les gusta destacarlo. Desde Steve Jobs, que dejó la universidad a los seis meses, hasta Amancio Ortega, que no es licenciado, son muchos los multimillonarios sin estudios que se enriquecieron a base de talento y esfuerzo. Y también son habituales los chascarrillos acerca del fontanero que gana más que un doctor en Historia.

Pues bien, a pesar de todas estas anécdotas, la evidencia estadística dice que hay pocas inversiones mejores que ir a la Universidad, si se sabe aprovechar bien. Según los datos del informe Panorama de la Educación 2013 de la OCDE, en los países ricos, la media de ingresos de un universitario equivale a 157, comparado con el 100 que se otorga como referencia para una persona con educación secundaria superior (Bachillerato o FP). Enfrente, alguien que no alcance ese nivel de estudios, tendrá un salario equivalente a 76.

En España, las diferencias son similares. Un universitario puede esperar ganar un 40% más de media que un titulado medio y hasta un 75% más que alguien que se quedó en la ESO o ni siquiera llegó a ese nivel.

Y los beneficios no se quedan sólo en los salarios. La situación en el mercado laboral también está muy condicionada por el nivel de estudios. Así, la tasa de empleo es del 79% para la educación terciaria, un 67% para secundaria y un 52% para inferior a secundaria. Mientras, la tasa de paro en cada segmento es del 12%, 19% y 26% respectivamente. Comparados con los países de nuestro entorno, son niveles muy altos en los tres casos, pero puede verse que tener un título universitario al menos sirve como amortiguador.

Como explicamos esta misma semana en Libre Mercado, estas diferencias tienen un reflejo a lo largo de la vida laboral que puede ser superior a los 100.000 euros respecto a los titulados de nivel medio. Y eso descontando los impuestos y otro tipo de penalizaciones que sufren los universitarios.

Procedencia

Los defensores de la universidad española tal y como está planteada aseguran que es una herramienta de igualación social. Sin embargo, viendo algunas cifras esta interpretación puede ponerse en duda. En 2011, el Ministerio de Educación publicó el informe ¿Universidad sin clases?, en el que se incluye un análisis de la procedencia de los estudiantes universitarios en España.

Según sus datos, un 41% de los estudiantes universitarios tiene al menos uno de sus dos progenitores con un título universitario. Pero entre las personas de entre 40 y 59 años (los padres de esos universitarios) el porcentaje con estudios es de un 16%. Esto quiere decir que es mucho más fácil llegar a la facultad si alguno de tus padres estuvo allí. Del mismo modo, mientras que la tasa de paro entre los 40 y los 60 años es del 13,8%, entre los padres de los universitarios no llega al 6%.

Al mismo tiempo, en la pregunta sobre posición social también se percibe un sesgo. Se les preguntaba a los estudiantes que situaran a su familia en una escala de 1 a 10 en función de sus ingresos, siendo 1 los más ricos y 10 los menos adinerados. Más de un 70% de los estudiantes sitúan a su familia entre el 1 y el 5 (clase media y alta). A cambio, sólo declaran estar en los últimos dos deciles de la sociedad en cuanto a ingresos el 2,2% de los que asisten a la universidad.

Además, a medida que aumenta la edad de los estudiantes, también se incrementa "la proporción de progenitores con niveles educativos bajos y disminuye el peso de los que cuentan con padres con niveles educativos altos. Se observan, asimismo, niveles educativos predominantemente bajos en los progenitores de estudiantes con una transición a los estudios retrasada". Es decir, que los estudiantes que llegaron a la universidad por caminos no convencionales (más de 25 años, enseñanza para adultos, etc.) provienen casi siempre de familias de clase media-baja.

Del mismo modo, "con respecto al tipo de titulación cursada, es significativo comprobar cómo los que están matriculados en Diplomaturas (frente a las Licenciaturas, los Grados o los Más-teres) tienen mayoritariamente progenitores con bajos niveles de estudios".

¿Quién paga?

Con este panorama, la polémica de las becas que ha recorrido España en las últimas semanas se ve con otra perspectiva. Por un lado, hay que recordar que la universidad ya está financiada al 80% por parte del erario público. O dicho de otro modo, las tasas cubren apenas el 20% del coste total (en el caso de las primeras convocatorias, incluso menos). Por lo tanto, las famosas becas sobre las que tanto se ha hablado sólo sirven para pagar ese 20% (o parte de esa cantidad) a algunos de los estudiantes.

En este punto, hay dos preguntas que hacerse. ¿Tiene sentido que con los impuestos de toda la sociedad se pague un servicio que aprovechan mayoritariamente las rentas medias-altas? ¿Se puede hacer una universidad accesible a todos y que reparta mejor los costes? En estos momentos, hay tres modelos en marcha en función de la respuesta que se quiera dar:

- Subvención a las tasas: es el sistema que rige en España y en la mayoría de los países desarrollados. El usuario paga una cantidad muy inferior al coste real. En España, como apuntamos, esta cifra está entre el 10 y el 20%. Sólo los repetidores acaban pagando más de una quinta parte del coste de sus estudios y eso sólo en las asignaturas que suspenden.

En este modelo hay varias cuestiones: ¿qué porcentaje debe pagar el Estado a todos los universitarios 50-70-80-90%? ¿Cuántos deben beneficiarse de las becas para el resto de las tasas? ¿Qué requisitos académicos hay que exigir para acceder a estas becas? ¿Deben aprovecharse de estas ventajas todos los estudiantes o debe estar limitado por la renta familiar?

- Créditos: es una opción con cada vez más adeptos. Países como Estados Unidos o Reino Unido lo han puesto en práctica. Básicamente, la idea que está detrás de esta alternativa es que la universidad no la deben pagar ni los contribuyentes ni los padres. Son los estudiantes los que deben costearse sus propios estudios. ¿Cuándo? Pues cuando tengan posibilidad de hacerlo. Es decir, cuando trabajen.

También en este modelo hay varias alternativas. Pueden ser créditos individuales (cada uno se hace cargo de su factura) o colectivos (toda una promoción se compromete a devolver el dinero en función de lo que cada uno gane). También pueden ponerse requisitos académicos de acceso al crédito más o menos exigentes. Y las condiciones de los préstamos pueden variar: cuándo empezar a devolverlo (a los 25 o a los 35 años), intereses, plazo de devolución,…

- Impuestos a los licenciados: es una de las últimas propuestas. Como explica Roger Senserrich en Politikon, Oregon lo ha aprobado hace unos meses. Como en los anteriores modelos, éste también acepta múltiples formatos. En el caso que del estado norteamericano, los titulados universitarios pagarán un impuesto del 3% de sus ingresos en los 24 años siguientes a licenciarse. Con esta aportación, se supone que cubrirán el coste de sus estudios, incluyendo una tasa de financiación.

Eso sí, hay que tener cuidado de que un sistema así no se convierta en una nueva Seguridad Social, en el que los trabajadores actuales pagan a los estudiantes. Más bien, la idea debería ser que abonen su propia factura en diferido, mientras trabajan, casi como si también fuera un préstamo.

En Libre Mercado

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