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Feijóo ve "irresponsable" y "cuestionable" la decisión de la CE para el sector naval

En opinión portavoz del Gobierno asturiano y del Lehendakari, las únicas ayudas que deberían devolverse son las concedidas a partir de 2011.

En comunidades como Galicia, Asturias y País Vasco, la decisión de la Comisión Europea de exigir a España que recupere las ayudas fiscales que concedió al sector naval entre 2007 y 2011 por considerarlas ilegales ha caído como un jarro de agua fría.

En una comparecencia ante los medios, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Gobierno central que solicite la "suspensión cautelar" de esta determinación, que ha tachado de "cuestionable jurídicamente, poco responsable desde el punto de vista económico e insensible desde el punto de vista social".

"Acabo de mantener una conversación con el ministro de Industria donde le he pedido formalmente que el Reino de España recurra ante el Tribunal de Luxemburgo esta decisión y que además solicite en el recurso la suspensión de los efectos económicos de esta resolución para la devolución que se les solicita a los inversores", ha anunciado.

También ha indicado que el ministro de Industria, la Xunta y las comunidades autónomas seguirán "concretando una hoja de ruta" en los próximos días con la Agencia Tributaria, con el Ministerio de Hacienda, con los inversores y con el sector naval para encontrar la solución "menos mala" y que impacte "lo menos posible" en el futuro del sector naval.

Sobre la decisión, ha considerado que esta decisión de la CE provoca "daños", aunque "controlados", al sector naval gallego que ha apostado por "revertir" con ese recurso a Estrasburgo.

Poco antes, el consejero gallego de Economía ha señalado a Joaquín Almunia al lamentar que el comisario haya "sometido a este castigo al sector naval, a Galicia y a España". Además, ha señalado que "está perjudicando los propios intereses de la UE".

Críticas también en Asturias y País Vasco

Por su parte, el portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha asegurado que, a falta de conocer los detalles, Asturias no puede estar satisfecha con esa decisión del Colegio de Comisarios por lo que implica para un sector industrial "muy importante para la región".

"Es una decisión claramente insuficiente a las demandas hechas desde Asturias", ha precisado Martínez, que ha asegurado que la CE "no puede penalizar a una industria modernizada y competitiva como es la naval asturiana".

En su opinión, las únicas ayudas que deberían devolverse son las concedidas a partir de 2011, tesis en la que va a seguir trabajando el Gobierno asturiano y ante la que no descarta iniciar actuaciones en el ámbito judicial.

En todo caso, Martínez ha instado al Gobierno español a que "de forma inmediata negocie con la Unión Europea y propios inversores" fórmulas que minimicen el impacto de esta decisión. Asimismo, ha asegurado que, aunque se haya modificado la posición inicial, "hay sólidos argumentos jurídicos a favor de las tesis españolas".

Desde el País Vasco, su lehendakari, Iñigo Urkullu, ha criticado duramente al Comisario de Competencia. "El futuro no se construye sólo con buenos deseos sino con hechos. Joaquín Almunia ha expresado buenos deseos pero sus hechos van por el otro lado", ha asegurado. "Esta decisión no contribuye a generar tranquilidad para la confianza en el futuro del sector naval", ha añadido a la vez que ha pedido medidas de apoyo a los astilleros.

Las reacciones a raíz de que el Colegio de Comisarios acordase no exigir la devolución de las ayudas otorgadas entre el inicio del régimen en 2002 y abril 2007, cuando la Comisión declaró públicamente incompatible un sistema similar de Francia.

La decisión es más favorable que la planteada inicialmente por el vicepresidente de la CE y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, que exigía la devolución de las ayudas recibidas entre 2005 y 2011, pero menos beneficiosa para España de lo que hubiera deseado el Gobierno y el sector, partidarios de limitar el reembolso a las bonificaciones fiscales concedidas desde que se incoó el expediente contra España en junio de 2011 hasta la actualidad.

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