El mercado laboral español necesita buenas noticias. Y el dato de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de este año, con 225.000 parados menos, es excelente. Con casi seis millones de desempleados, nadie en su sano juicio lanzaría las campanas al vuelo. De hecho, cuando pase la campaña veraniega, lo más probable es que el paro repunte, como suele ocurrir en España en el segundo semestre. Pero aún así, no debemos dejar pasar la oportunidad de celebrar una cifra que supone un mínimo alivio en una situación desesperada.
En este sentido, da la sensación de que la reforma laboral que hace un año y medio aprobó el Gobierno está comenzando a dar sus frutos. Aquella ley se quedó a medio camino, especialmente en lo que hace referencia a la regulación de los convenios y a las modalidades de contratación. Pero las facilidades que ahora tienen las empresas para acometer medidas de flexibilidad interna antes del despido están permitiendo a las compañías españolas mantener plantillas y mejorar su competitividad.
Ni mucho menos éste es un proceso fácil. Como muchos trabajadores saben, esta flexibilidad implica normalmente reducciones de jornada y sueldo. Pero sólo hay que echar la vista atrás y ver la sangría de despidos que ha caracterizado al mercado laboral español en otras épocas. Ahora, incluso con un crecimiento negativo o cercano a cero, somos capaces de generar algo de empleo o al menos no destruir más. El crecimiento interanual del paro ha sido del 5%, la menor tasa en los últimos dos años. No es el mejor dato posible, pero la sensación es que hemos parado el desplome.
Sin embargo, más allá del dato del paro, podemos observar ciertas tendencias realmente preocupantes. No sólo por lo que implica, en el corto plazo, tener seis millones de desempleados o casi dos millones de hogares con todos sus miembros en paro. Sino también por las consecuencias a medio plazo para la sociedad española.
Desde junio de 2012, España tiene 633.000 ocupados menos. Sin embargo, el paro sólo ha crecido en 284.000 personas. ¿Cómo puede ser? Pues fácil, porque 349.000 de nuestros vecinos han abandonado el mercado laboral. Es decir, han dejado de ser activos. Puede que muchos piensen que esta cifra es un mero tecnicismo. Sin embargo, pocos datos explican mejor la prosperidad de una sociedad que su tasa de actividad y el número de ocupados. En el último año, ambos datos han sufrido descensos.
Si un país tiene 20 millones de activos y 16 millones de desempleados, puede reducir el paro en un millón de personas de dos formas. Bajando aquella cifra a 19 o subiendo ésta a 17. Y no es lo mismo hacerlo de una manera u otra. Aunque en el último trimestre, el mercado laboral ha tenido un poco de las dos, el descenso en la población activa es una señal alarmante.
España es un país de 46 millones de habitantes. Pero menos de 14 millones trabajan para el sector privado. Si abrimos la mano y contamos a los empleados públicos, alcanzamos un número de ocupados de 16,7 millones. La gran pregunta que debemos hacernos como sociedad es si serán capaces menos 17 millones de trabajadores de sostener sobre sus hombros a los otros 30 millones. No es una situación sostenible a largo plazo. Somos el único país de Europa junto a Grecia con una tasa de actividad entre los 20 y los 64 años inferior al 60%.
Las causas de esta caída continua en la población activa son muy diversas. Por un lado está el envejecimiento de la población. Cada año, unas 100.000 personas más se jubilan que los que entran al mercado. Además, la crisis está retrasando la entrada de muchos estudiantes, que alargan su formación esperando una mejor oportunidad. También están los inmigrantes, que ante la falta de expectativas se marchan a otros países de Europa o vuelven a su lugar de origen. Y no es menor el efecto desánimo, que ha provocado que muchos de nuestros conciudadanos hayan dejado de buscar un empleo.
En cualquier caso, la imagen que nos dejan estas cifras permite poco margen para el optimismo. Tenemos una economía que no ofrece confianza, un sector público al borde de su capacidad y, probablemente, las peores expectativas demográficas de Europa para la próxima década.
Nada de esto se arreglará en un trimestre. Pero la magnitud del desafío nos obliga a actuar con urgencia. La economía española no puede permitirse una década perdida. Y cuando decimos que no puede, no estamos utilizando una frase hecha. Es que no puede. Con 17 millones de trabajadores no seremos capaces de pagar nuestra deuda, nuestras prestaciones sociales o nuestras infraestructuras. Las señales hablan de estancamiento, cuando lo que necesitamos es un rebote. Sólo con reformas atrevidas y cambios radicales sería posible conseguirlo. Esperemos que el Gobierno así lo entienda. De ello depende nuestro bienestar y el de nuestros hijos.