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Uruguay legaliza la marihuana, pero restringe el consumo de tabaco y alcohol

Es el primer país de América que permite la venta de cannabis, mientras limita el consumo de tabaco y alcohol.

Es el primer país de América que permite la venta de cannabis, mientras limita el consumo de tabaco y alcohol.

Uruguay obtuvo una enorme repercusión mediática la semana pasada después de que el Congreso aprobara un proyecto de ley para legalizar la producción y venta de marihuana, no sólo con fines terapéuticos sino también de ocio. La medida, que aún tiene que ser ratificada por el Senado para su entrada en vigor, supone un drástico cambio de rumbo en la política sobre drogas que siguen la inmensa mayoría de países.

De hecho, Uruguay será el primer país latinoamericano en legalizar la marihuana y el primero del mundo en dejar en manos del Estado el control de su producción, distribución y venta, con el fin de combatir eficazmente el narcotráfico al tiempo que se pretende concienciar a la población sobre los riesgos de su consumo. Las principales claves del proyecto, impulsado y aprobado por el Frente Amplio, la coalición de izquierdas que gobierna en Uruguay, se resumen en los siguientes puntos:

- El Estado "asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, y distribución de cannabis y sus derivados". Es decir, el Gobierno controlará de forma estricta toda la cadena de producción, comercialización y venta de marihuana.

- Para ello, crea un nuevo organismo público, el Instituto de regulación y Control del Cannabis (IRCCA), que será el encargado de regular dichas actividades mediante la concesión de licencias, la creación de un Registro de Usuarios -manteniendo su identidad en el anonimato-, así como la supervisión y aplicación de las sanciones correspondientes en caso de incumplir la normativa.

- El Gobierno, a través del IRCCA, concederá permisos a terceros (personas o empresas) para plantar, cultivar, cosechar y comercializar cannabis con fines medicinales (investigación), industriales (cáñamo para producir papel, textil o combustible) y recreativos, pero bajo el "control directo" del Estado y la aplicación de la correspondiente fiscalidad. El Gobierno determinará el acceso a las semillas y destruirá toda plantación no autorizada bajo intermediación judicial.

- Se legaliza el cultivo para consumo personal, pero con un límite de seis plantas y hasta una cuantía máxima de 480 gramos anuales. Además, los clubes de consumidores (de 15 a 45 miembros) también podrán cultivar hasta 99 plantas y cosechar una cantidad máxima anual en función del número de socios.

- El IRCCA concederá licencias a las farmacias para la venta de marihuana, con un límite de 40 gramos mensuales por usuario, que será también la tenencia máxima legal por persona para consumo propio.

- Los consumidores deberán inscribirse en un Registro de Usuarios, aunque su identidad no se hará pública, mientras que el uso medicinal de este producto requerirá receta médica. Tan sólo los mayores de 18 años y residentes en el país podrán comprar marihuana con fines recreativos en las farmacias habilitadas. Su consumo quedará limitado a determinados espacios, tal y como estipula la Ley del Tabaco, y controles en caso de conducción (como sucede con el alcohol).

- Se prohíbe todo tipo de publicidad, promoción o patrocinio de los productos de cannabis psicoactivo; y el Gobierno promoverá campañas educativas y publicitarias para concienciar a la población sobre los riesgos de su consumo y prevenir la drogadicción.

A precio de mercado

En este sentido, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Julio Calzada, explicó que el objetivo del proyecto es "regular un mercado que hoy está totalmente desregulado y controlado por el narcotráfico, un mercado opaco en el que participan anualmente unas 120.000 personas […] Cada persona que nosotros podamos incluir en un mercado regulado, es una persona que le restamos al narcotráfico". Calzada anticipó que el precio al que se venderá la marihuana estará "en línea con el mercado negro, unos 2,5 dólares por gramo", algo menos de dos euros, "ni muy por arriba ni muy por debajo del actual, para no permitir las desviaciones de producto de un mercado al otro".

Por último, el proyecto no especifica qué criterios se aplicarán para otorgar licencias, cuál será su costo, a quiénes serán autorizadas o la cantidad de producción que permitirá el Estado, pero varias compañías y profesionales extranjeros han mostrado al Gobierno uruguayo su interés en producir marihuana en el país si el Senado ratifica la legalización de esa droga, lo cual no se prevé antes de otoño. Según Calzada, los interesados no sólo quieren producir la droga para uso recreativo sino también terapéutico.

Restricciones en tabaco y alcohol

Sin embargo, una de las múltiples paradojas que ha generado este proyecto es que, mientras que el Gobierno de Uruguay legaliza la producción y venta de marihuana, al mismo tiempo restringe el consumo de otras drogas legales como el tabaco y el alcohol, con una de las normativas más estrictas de toda América Latina.

La Ley del Control del Tabaquismo, aprobada en 2008, es muy similar a la vigente en España, ya que, entre otros aspectos, prohíbe fumar en todo tipo de establecimientos; se prohíbe toda forma de publicidad, patrocinio y promoción de productos de tabaco; obliga a las tabaqueras a financiar campañas publicitarias sobre los efectos negativos del tabaco en la salud; obliga a incorporar imágenes y advertencias sanitarias en los paquetes de tabaco sobre sus efectos nocivos; prohíbe la venta a través de máquinas expendedoras, la venta de cigarrillos sueltos o en paquetes de menos de 10 unidades, así como la distribución gratuita de tabaco, etc.

Igualmente, el Gobierno, tras otorgar luz verde a la legalización del cannabis, presentó un nuevo proyecto de ley en el Congreso para restringir el consumo de alcohol y combatir su uso problemático, que, entre otras medidas, contempla las siguientes:

  • Crear la Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas (URBA) para controlar la distribución, comercialización, publicidad y venta de alcohol mediante la concesión de nuevas licencias y la aplicación de nuevas tasas, cuya recaudación se destinará a la prevención y concienciación sobre el alcoholismo.
  • Así pues, bares, restaurantes, pubs, discotecas, supermercados y demás establecimientos deberán contar con una nueva autorización, a mayores de las obligaciones ya vigentes, cumpliendo una serie de requisitos extra, para vender alcohol.
  • Se prohíbe la venta entre las 22:00 y las 8:00 horas, a excepción de aquellos establecimientos que cuenten con una licencia especial sin límite de horario para consumo dentro del local.
  • También se prohíbe la venta y consumo en eventos deportivos y todo tipo de espectáculos, salvo excepciones, así como en la vía y espacios públicos. Se impedirá la entrada a este tipo de eventos a personas bebidas.
  • Se prohíben las barras libres y las happy hour (dos por uno), cualquiera que sea su modalidad, así como la promoción de bebidas conjuntas con otros productos (refrescos, bebidas energéticas, etc.).

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