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EDITORIAL

El Gobierno no puede echar las campanas al vuelo

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Tras dos largos años de durísima recesión y destrucción de empleo, todo apunta a que la caída está llegando a su fin. El PIB tan sólo retrocedió un 0,1% en el segundo trimestre y ya existen indicadores que avanzan un leve crecimiento durante el presente período estival. A ello, se suman los buenos datos que está presentando la evolución del paro en los últimos meses, así como el fin de la contracción económica en la zona euro. La mejora de las perspectivas y el fundamental apoyo, explícito e implícito, que sigue otorgando el Banco Central Europeo (BCE) tanto a la banca como a la deuda pública española se están materializando en una renovada relajación de los mercados. No en vano, el Ibex y la prima de riesgo han registrado esta semana sus mejores datos en cerca de dos años, lo cual es, sin duda, una buena noticia para los intereses del país.

Sin embargo, el Gobierno se equivocaría de plano si aprovecha este período de calma para instalarse en la complacencia en lugar de redoblar los esfuerzos para acelerar y profundizar en la política de reformas económicas y ajustes fiscales que aún precisa España para salir realmente del atolladero. La buena noticia es que el sector privado, a base de esfuerzo y sacrificio, se está ajustando poco a poco a pesar de las constantes zancadillas del Gobierno, sobre todo en materia tributaria. En este sentido, destaca muy especialmente el desapalancamiento que han protagonizado las familias y empresas, ya que han reducido su deuda en cerca de 325.000 millones de euros desde finales de 2008, hasta situarse en un total de 1,9 billones el pasado junio.

También es muy importante el cierre de la histórica brecha exterior, que llegó a situarse en el 10% del PIB. El ajuste de cuentas efectuado por el sector privado y la intensa internacionalización de las empresas está permitiendo que España presente capacidad de financiación externa por primera vez desde 1997. Este dato es clave, ya que necesitamos exportar para poder afrontar el pago de las numerosas y abultadas deudas contraídas durante el espejismo de la burbuja inmobiliaria. La imprescindible recapitalización bancaria merece, igualmente, una mención destacada, ya que constituía una de las principales dudas de los inversores sobre la solvencia del país. Además, dicho saneamiento financiero está acelerando, a su vez, la caída de precios inmobiliarios, lo cual es imprescindible para posibilitar la futura recuperación del sector del ladrillo.

Pero, aún así, España se enfrenta a grandes retos por delante que, ni de lejos, han sido aún superados. El mayor de todos es, sin duda, la descomunal burbuja que aún se cierne sobre el sector público. Si el Gobierno cumple los objetivos marcados por Bruselas, el déficit cerrará este año en el 6,5% del PIB, mientras que la deuda superará ampliamente el 90%, todo un récord. Mientras esta burbuja no estalle, la ansiada recuperación corre el riesgo de convertirse en un prolongado estancamiento. Y el problema es que Mariano Rajoy es muy dado a relajarse en ausencia de presión externa. La calma que, por el momento, viven los mercados, la flexibilización del objetivo de déficit, el paraguas del BCE, la cercanía de las citas electorales y la impopularidad de los ajustes constituyen fuertes incentivos para quedarse de brazos cruzados en esta materia. Los españoles no nos podemos permitir ese lujo. El Ejecutivo del PP debe acelerar los deberes, redoblando la intensidad de las reformas y los ajustes para que el crecimiento y la creación de empleo no se quede, una vez más, en una mera promesa incumplida... Un nuevo 'brote verde' con fecha de caducidad.

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