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Los pensionistas del futuro sufrirán un mayor ajuste por el retraso en la reforma

El Gobierno se ha ajustado al informe del grupo de sabios, aunque ha utilizado el margen para suavizar al máximo su propuesta final.

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Las cuentas de la Seguridad Social llevan años al límite de su aguante. | Archivo

"Cuando los desequilibrios potenciales no se anticipan adecuadamente, el proceso de reformas termina siendo un juego muy injusto, por el cual los representantes políticos y la sociedad deciden darle la espalda a un problema y legárselo a las generaciones venideras".

Fátima Báñez no podrá decir que no se lo advirtieron. Los sabios que ella misma convocó en abril fueron muy claros en el informe que presentaron ante el Ministerio. Es necesario afrontar una reforma en profundidad del sistema. Y cuanto antes. Los expertos abogaban por empezar la aplicación "entre 2014 y 2019, si bien existen razones de peso para que se haga lo antes posible".

Es lógico, no sólo las cuentas de la Seguridad Social llevan años al límite de su aguante, teniendo que tirar incluso del Fondo de Reserva para solventar los déficit, sino que esto permitiría a los pensionistas futuros tomar sus decisiones: "La adopción temprana de un factor de sostenibilidad [contribuiría] a despejar incertidumbres de los pensionistas actuales o que están próximos a serlo".

En este sentido, el Gobierno sí ha seguido el consejo de los sabios en lo que hace referencia al índice de revalorización anual, pero se ido a la fecha límite (2019) para el factor intergeneracional. Para los que se jubilen a partir del año que viene será un alivio. A cambio, los pensionistas que lleguen a su retiro a partir de 2020 probablemente tendrán un ajuste algo superior al previsto.

Los sabios

Los consejos de los diez expertos que firmaron el estudio se resumen en dos grandes apartados: enfrentarse al reto de un sistema de pensiones al borde del precipicio demográfico y hacerlo informando a los ciudadanos de las consecuencias.

Libre Mercado ha hablado con José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de Fedea y profesor en la Universidad Complutense, que formó parte del grupo de expertos. En su opinión, el Gobierno "sí se ha ajustado" a su propuesta, aunque haciendo uso de la flexibilidad que ésta contenía: "En el intergeneracional, entiendo que la fórmula es la nuestra, sólo que subiendo a los 67 [la edad base para el cálculo].

En lo que hace referencia al factor de revalorización, Conde Ruiz explica que el Gobierno tenía "bastante libertad": "La idea era generar una ecuación que garantizase la sostenibilidad del sistema. El Gobierno ha escogido un índice. En ese sentido, se ajusta a nuestro marco". Su planteamiento era técnico, dejando la decisión política al Ejecutivo. "Fuimos muy cuidadosos porque hay cosas que desde la economía no se pueden decir. No hay un modelo".

Realidad y política

Escuchando a los políticos españoles es difícil saber cuál es la realidad. Todas las reformas se hacen para "garantizar la sostenibilidad" del sistema. Los pensionistas del futuro pueden estar "tranquilos" porque cobrarán "una cantidad similar" a la que cobraron sus padres por la misma cotización. Y aunque hay cambios cada dos años, ministros y diputados aseguran que ésta vez es la definitiva y que el modelo es lo suficientemente sólido como para llegar a 2040 ó 2050.

Frente a este discurso, el informe del Comité de Expertos sobresalía por su claridad. Ni mucho menos entonaba un discurso catastrofista. Pero sí advertía de los riesgos. Y entre ellos, destacaba el retraso en la aplicación de las reformas: "Si no se actúa con la suficiente antelación, se hará descansar la mayor parte de los ajustes necesarios en el futuro sobre las espaldas de unas pocas generaciones, en lugar de repartirlos entre el mayor número de ellas".

Parece mentira que tenga que venir un grupo de expertos para recordar lo evidente. El dinero para pagar las pensiones sale de las cotizaciones sociales de los trabajadores. Si cada vez hay más beneficiarios porque cada día somos una sociedad más envejecida y no sube el número de trabajadores, las pensiones tendrán que bajar sí o sí (habrá menos tarta a repartir, pero más comensales).

Ante esta situación, hay tres opciones:

  • Subir los impuestos, para pagar las prestaciones de jubilación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, o subir las cotizaciones sociales. Evidentemente, esta alternativa es muy poco popular. Pero además, se puede volver en contra del Gobierno, porque aumentar aún más los tributos puede provocar una estampida de profesionales, que escapen hacia países en los que no se les esquilme.

  • Aumentar el número de cotizantes: retrasando la edad de jubilación o ampliando la tasa de población activa.

  • Aceptar que las pensiones medias van a caer, tanto en términos reales como en relación con el último salario cobrado. Esto no quiere decir que los pensionistas futuros vayan a perder poder adquisitivo respecto a los actuales jubilados. Pero sí que recibirán mucho menos por sus cotizaciones.

Esta situación es común a todos los países avanzados. El esquema sobre el que se sustenta un sistema de reparto (que haya más nuevos cotizantes que nuevos pensionistas) obliga. En España, el punto crítico aún no ha llegado, porque nuestro baby-boom fue un poco posterior al del resto de Europa. Las previsiones de la UE hablan de 2030 como año en el que alcanzaremos el máximo número de trabajadores. A cambio, en 2050, el gastaremos el 15% del PIB en pensiones, cuando ahora apenas llegamos al 10%.

Transparencia

Por todo eso, los expertos pedían al Gobierno que se pusiese manos a la obra cuanto antes. Ya hemos visto que lo ha hecho a medias. Y también, que lo haga con la máxima transparencia posible, para que cada futuro pensionista pueda decidir cómo ajustar sus ingresos y qué porcentaje de los mismos perderá cuando se retire. En este sentido, el Ejecutivo ha prometido que se enviará información al respecto a los mayores de cincuenta años.

Eso sí, en lo que tiene que ver con la transparencia, no ayudan las palabras de Fátima Báñez, este lunes, durante la presentación de su propuesta. La ministra aseguró que la idea es que los pensionistas del futuro cobren lo mismo que los actuales en el caso de que hayan cotizado lo mismo. Esto no tiene sentido. Para que unos y otros cobren lo mismo, no hay más que mantener la situación sin cambios.

La realidad es que las prestaciones bajarán, porque se endurecen las condiciones de acceso y porque los factores de compensación (anual e intergeneracional) tirarán para abajo de las pensiones. Puede que sea inevitable que esto sea así, pero por eso mismo sería necesario algo más de pedagogía política y una explicación clara a la ciudadanía de las consecuencias de las reformas.

En Libre Mercado

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