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Las operadoras podrán desplegar las redes sin licencias

El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Telecomunicaciones para facilitar el despliegue de redes.

Rocio Regidor
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El Gobierno pretende simplificar el despliegue de fibra | Archivo

Las operadoras de telecomunicaciones podrán desplegar sus redes sin licencias. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que pretende simplificar el despliegue de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones mediante la eliminación de la necesidad de obtener diversas licencias municipales. El Gobierno liberalizará el sector suprimiendo las licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de las redes en dominio privado. Estas licencias, antes necesarias para instalar cualquier infraestructura, serán sustituidas por declaraciones responsables. En este sentido, el Gobierno aumenta el volumen de las sanciones económicas desde los dos hasta los 20 millones de euros.

La nueva norma modifica la anterior ley, vigente desde el año 2003, para adecuarse a la realidad de las telecomunicaciones en la actualidad. La nueva ley de comunicaciones pretende recuperar la unidad del mercado y marcar las bases para la inversión en redes ultrarrápidas fijas y móviles. Estas mejoras redundarán en el ciudadano en forma de "mejores ofertas para los ciudadanos y empresas", así como en menores precios y mejor cobertura, ha explicado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría.

Sector clave

El sector de las telecomunicaciones es clave para la economía española y cada vez está teniendo más peso en el PIB nacional. En 2012 tuvo una facturación de 34.000 millones dando empleo a más de 65.000 personas. Las telecomunicaciones se encuentran en un momento de cambio y renovación continua. El Gobierno pretende hacer hincapié en este desarrollo favoreciendo el despliegue masivo de redes de fibra óptica ultrarrápidas, la realidad de las telecomunicaciones en la actualidad.

La difusión de la banda ancha, según estudios de la Comisión Europea, contribuye alrededor del 0,7% del crecimiento del PIB. Además, en un momento de crisis como el actual, con una tasa de desempleo de más del 25%, estos estudios prevén la creación de más de 100.000 empleos en la UE hasta 2015 y dos millones de empleos hasta 2020 asociados a la innovación de estos servicios.

Duplicar el ancho de banda

La nueva ley tiene principalmente dos grandes objetivos: facilitar el despliegue de las redes de nueva generación fijas y móviles y mejorar la oferta de servicios. Según ha anunciado el propio ministro de Industria, la norma permitirá duplicar la actual capacidad de banda ancha, lo que "debería traducirse en un incremento del 0,3% del PIB" conforme a las estimaciones de la Comisión Europea.

Con el fin de aumentar las redes en todo el territorio nacional, se adoptarán medidas para facilitar el despliegue de las redes fijas en los edificios y garantizar así el acceso de los ciudadanos a estas redes ultrarápidas. Para ello, la LGT propone que todos los operadores puedan utilizar los elementos comunes de los edificios en régimen de propiedad horizontal para instalar sus accesos. Es decir, si una compañía instala a un particular infraestructuras para la fibra óptica -si el edificio no tiene cable previamente- la compañía hará que llegue la fibra a todo el edificio. Si por ejemplo, un vecino de ese primer usuario contrata el servicio de fibra óptica con otra empresa, ésta podrá utilizar las infraestructuras instaladas por la anterior, compartiendo así el recurso. Esto facilitará un despliegue "más fácil y barato", según Industria.

Se elevan las sanciones

Una parte importante de la nueva ley se basa en el refuerzo de la potestad sancionadora e inspectora en materia de infracciones en telecomunicaciones del ministerio de Industria. Por un lado se elevan las cuantías de las sanciones, hasta los 20 millones de euros, y por otro, se establecen nuevas infracciones.

Lo que se hace es un cambio gradual en el objeto de la infracción y su consiguiente sanción económica. Así, si antes había dos tipos de sanciones, ahora pasan a ser tres. Las sanciones leves, fruto de un mal uso de las telecomunicaciones o de licencias que generen interferencias, se multarán con hasta 50.000 euros.

Por otra parte, las infracciones muy graves, antes penalizadas con dos millones de euros, estarán sancionadas, según la nueva ley, con hasta 20 millones de euros. Dentro de estas infracciones se encuentran, por ejemplo, las interferencias en la red provocadas por compañías, usuarios o frecuencias sin licencia que puedan afectar gravemente a las telecomunicaciones aeronáuticas, y como consecuencia, a la vida de los ciudadanos. Las infracciones graves estarán gravadas con sanciones de hasta dos millones de euros.

Se recupera la unidad de mercado

El Gobierno también incluye en la norma medidas encaminadas a reducir la "dispersión normativa" entre las distintas comunidades autónomas y simplificar los procedimientos para el despliegue de las infraestructuras, y confía en que, con su aplicación, los ciudadanos noten mejoras en la cobertura, en la velocidad de Internet y en los precios y costes. Además, se simplificarán los procedimientos administrativos estatales para acceder al uso del espectro radioeléctrico.

Con el fin de apostar por esa unidad de mercado, el Gobierno suprimirá las licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de las redes en dominio privado. Estas licencias serán sustituidas por declaraciones responsables dando más libertad al sector.

Seguridad medioambiental

Además, se crea una Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud para aumentar la confianza en la seguridad medioambiental, y se refuerza la potestad inspectora y sancionadora por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.

La nueva norma modifica introducir precisiones sobre las cookies. En este punto, se clarifican las obligaciones y los responsables de su correcta gestión. El texto cambia a su vez la Ley 59/2003 de firma electrónica de forma que los certificados reconocidos utilizados en el DNI electrónico pasan a tener una duración de 5 años, y no de 2 años como hasta ahora.

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