Todas las agencias públicas dependientes del Gobierno federal están preparadas para funcionar con el nivel de fondos que les aportan los Presupuestos anuales. Puntualmente, demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo en esta cuestión y esto abre la puerta al llamado cierre del Gobierno federal.
1. ¿Qué pasará?
Cuando se llega a este punto, diversas actividades dependientes del Ejecutivo nacional quedan suspendidas. Esto significa el cierre de edificios, oficinas, monumentos o atracciones turísticas, incluyendo la Isla de Alcatraz en San Francisco o la Estatua de la Libertad en Nueva York. En total, 800.000 de los dos millones de funcionarios federales se quedan en su casa, sin percibir sueldo alguno, a la espera de un acuerdo. Es importante subrayar, eso sí, que el "cierre del gobierno" no suspende la atención de ninguna de las actividades federales que se consideran esenciales.
Los republicanos, que gozan de mayoría parlamentaria en el Congreso, han propuesto la aprobación de unos presupuestos provisionales para seis semanas. Esto habría supuesto un aumento del gasto público equivalente a $21.000 millones de dólares. No obstante, condicionaron esta oferta a un aspecto clave en la negociación: los fondos presupuestarios que requiere la entrada en vigor de la reforma sanitaria de la Administración Obama.
2. Una reforma impopular
Los legisladores republicanos vinculados con el Tea Party han presionado a sus compañeros de partido para que se nieguen a aprobar cualquier presupuesto que incluya fondos destinados a financiar la puesta en marcha de las leyes sanitarias aprobadas por Obama en 2010. En la práctica, esto dejaría sin efecto dicha reforma.
Es importante explicar que la impopularidad de la reforma sanitaria impulsada por la Casa Blanca es muy elevada. Las últimas encuestas de la CNN muestran que seis de cada diez estadounidenses se oponen a la entrada en vigor de Obamacare y que menos del 20% cree que su familia saldrá beneficiada por la entrada en vigor de dicha ley. Esa oposición a Obamacare se vuelve absoluta entre los legisladores del Tea Party. Un ejemplo de ello lo tuvimos la semana pasada, cuando el senador Ted Cruz habló desde su escaño durante 21 horas para protestar contra la legislación.
Entre los empleados federales, afectados por el cierre del gobierno, la oposición del Tea Party a la reforma sanitaria de Obama no debería resultar impopular: las últimas encuestas muestran que el 92% de los trabajadores públicos de Washington se opone a la entrada en vigor de la ley sanitaria.
¿Por qué existe tanta oposición a una reforma que Obama abanderó con éxito en su carrera a la Presidencia? Hay dos motivos principales:
- El mandato individual: la ley obliga a que cada estadounidense compre un paquete de aseguración sanitaria, aún si esto va en contra de su voluntad.
- El desastre fiscal: el coste de la reforma es tan elevado que su entrada en vigor supone la llegada de 21 nuevos impuestos, con un coste de entre $675.000 y $800.000 millones de dólares.
Cada familia de cuatro miembros verá cómo aumenta el coste de su asistencia sanitaria en unos $7.450 dólares anuales. En términos de creación de empleo, las consecuencias de Obamacare son la reducción de plantillas y el aumento del trabajo a tiempo parcial. Se calcula que el 70% de los costes de la reforma sanitaria de Obama recaerán sobre los estadounidenses de menores ingresos.
Frente a este escenario, son cada vez más las voces que abogan por una reforma sanitaria de corte liberal, basada en eliminar intermediarios y promover la competencia en el mercado de los seguros. En estados como Oklahoma se han hecho intentos en esta dirección y numerosos expertos creen que este camino es mucho más efectivo que seguir aumentando la burocratización y la intervención del Estado en el ámbito sanitario.
3. Los republicanos y el déficit
La resolución satisfactoria de la disputa presupuestaria debe garantizar la financiación del gasto público que cubren las diferentes actividades del gobierno federal. Hay dos vías que permiten conseguir ese ajuste: por un lado, el aumento del techo de la deuda; por otro lado, el recorte del gasto público. La solución a este tipo de disputas presupuestarias pasa, a menudo, por una combinación de ambas medidas.
El aumento del techo de la deuda ha sido una constante desde los años 80 hasta la actualidad. Fue a finales de la Administración Carter que el límite del endeudamiento federal empezó a ser revisado al alza de forma sistemática por demócratas y republicanos. George W. Bush consiguió aumentar este umbral en siete ocasiones durante sus dos legislaturas, mientras que Obama ya ha conseguido cinco aumentos desde que llegó al poder en 2008.
En lo tocante al recorte del gasto público, es importante subrayar que la presión ejercida por los legisladores del Tea Party ha conseguido importantes avances en este campo. No hablamos de ajustes fiscales dramáticos, pero sí de recortes presupuestarios que consiguen que el aumento del gasto público sea inferior al ritmo de crecimiento de la economía. Esto se ha traducido en una progresiva reducción del déficit federal. Así las cosas, antes de las elecciones legislativas de 2010, en las que el Tea Party fue el gran triunfador, el Gobierno de Estados Unidos registraba un déficit del 12% del PIB. Sin embargo, en 2013 se espera que acabe en niveles del 4% del PIB.
Si ajustamos los datos a la inflación, encontramos que el gasto primario del Gobierno federal (excluyendo el pago de intereses) ha crecido solamente a un ritmo del 0,2% en los últimos años. Esta austeridad fiscal ha sido ejecutada a través de procesos como el secuestro presupuestario, un mecanismo automático que recorta el gasto público cada vez que se llega a una disputa fiscal como la vivida en 2012.
Si profundizamos en la reducción del gasto, encontramos que la partida que más se redujo en los últimos años es la del gasto operativo de la Administración. ¿Qué se ha hecho para conseguir que dicha partida caiga un 47% de 2012 a 2013? Atención a la evolución del número de empleados públicos. De nuevo vemos un cambio de tendencia tras el auge del Tea Party en 2010.
Por otra parte, la congelación salarial aplicada a los empleados federales ha permitido un ahorro aproximado de 90.000 millones de dólares.
4. ¿Afectará a los mercados?
Tal y como explica The Wall Street Journal, "la furia presupuestaria vivida en Washington contrasta con el bostezo de los mercados financieros". Echando un vistazo a anteriores ejemplos, parece evidente que este tipo de batallas presupuestarias no afectan sobremanera a los inversores. De hecho, en 1995, el "cierre del gobierno" bajo Presidencia de Bill Clinton no tuvo ningún efecto en la evolución de los índices bursátiles. Lo vemos en la siguiente gráfica, que señala con una flecha el periodo durante el cual se produjo la disputa presupuestaria:
De hecho, algunos analistas apuntan que podría darse un pequeño rally alcista después de la resolución del conflicto, si bien la duración y la intensidad de este pequeño salto bursátil sería testimonial en el medio y largo plazo.