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El Pacto Fiscal catalán supondría un hachazo a Madrid de hasta 10.000 millones

Si Cataluña logra una financiación "singular", cada madrileño tendría que aportar hasta 1.540 euros al resto de regiones.

Si Cataluña logra una financiación "singular", cada madrileño tendría que aportar hasta 1.540 euros al resto de regiones.

La tensa reunión que mantuvieron el lunes los barones del PP en torno a la financiación autonómica refleja el temor que existe en algunas regiones, especialmente Madrid, a que la nueva reforma del sistema acabe por beneficiar aún más a Cataluña en el reparto de fondos. Es un secreto a voces que el Gobierno de Mariano Rajoy cuenta con la carta de la financiación para tratar de aplacar la deriva secesionista que han emprendido los nacionalistas catalanes, con CiU a la cabeza.

De hecho, aunque Rajoy garantizó a sus barones que en ningún caso habrá "cambio de cromos", el presidente de la Generalidad, Artur Mas, advirtió el martes que una mejora de la financiación no será suficiente para evitar la celebración de la polémica consulta. Declaraciones, por tanto, contradictorias que, en todo caso, sitúan el tema de la financiación en el centro del tablero político entre el Gobierno y Cataluña. Es, precisamente, en este contexto en el que debe entenderse la particular propuesta lanzada por la líder del PP catalán (PPC), Alicia Sánchez-Camacho, consistente en otorgar una financiación "singular" a su región.

La idea no es nueva, puesto que nació a finales del pasado año a modo de alternativa frente a la declaración secesionista acordada entre CiU y ERC, pero ahora ha resurgido como una posibilidad a tener en cuenta para tratar de contentar a los nacionalistas. Tal y como avanzó Libre Mercado, dicho modelo consiste en ceder más impuestos a Cataluña, crear una Hacienda propia y limitar la solidaridad interterritorial. Se trata, en resumen, de un sistema similar al Pacto Fiscal que en su día reclamó Mas a Rajoy, aunque éste, finalmente, lo rechazó.

El Pacto Fiscal de Camacho ha levantado ampollas en la Comunidad de Madrid, cuyo presidente, Ignacio González, ha amenazado incluso con celebrar una consulta sobre la financiación en caso de que se le otorgue un régimen fiscal propio y diferenciado a Cataluña. Este mayúsculo revuelo es comprensible si se observan los posibles efectos que dicha concesión acarrearía a las arcas madrileñas y, por ende, a sus contribuyentes.

El tercer fuero catalán

Tanto la idea inicial de Mas como la más reciente de Camacho consiste, básicamente, en conseguir más dinero para Cataluña reduciendo la denominada "solidaridad interterritorial", es decir, la aportación de fondos al resto de autonomías. El Pacto Fiscal, llevado a sus últimas consecuencias, convertiría a Cataluña en el tercer fuero de España, tras País Vasco y Navarra. De este modo, la Generalidad recaudaría todos los impuestos que se generan en la región y, posteriormente, pagaría al Estado los servicios que presta en este territorio (competencias no transferidas), imitando así el cupo vasco.

Para calibrar el volumen de dinero que ello supondría es preciso recurrir a las balanzas fiscales, que no es otra cosa que la diferencia entre lo que aportan al Estado los contribuyentes de cada autonomía vía impuestos y lo que perciben a través del sistema de financiación autonómica (servicios públicos). Dicho de otro modo, cuánto dinero aporta o recibe cada región del sistema.

Según denuncia la Generalidad, Cataluña registró un déficit fiscal con respecto al Estado de 16.543 millones de euros en 2010, el 8,5% de su PIB. Es decir, los catalanes aportaron a la cuenta común 16.543 millones más de lo que recibieron del Estado. Las nacionalistas emplean este dato para justificar su lema de "España nos roba". Pese a ello, dicho cálculo está manipulado, ya que contiene varias trampas contables, según denunció en su día Convivencia Cívica Catalana. Entre otras cosas, porque utiliza un método -denominado "flujo monetario"- que no es correcto para medir la solidaridad interterritorial.

En este sentido, uno de los mayores expertos en balanzas fiscales de España, el profesor Ezequiel Uriel explica que la Generalidad "utiliza un método inadecuado para determinar el montante de la solidaridad interterritorial de Cataluña". Por el contrario, aclara que el déficit fiscal medio que registra esta región entre 1996 y 2009 sería del -5,1% del PIB catalán, equivalente a algo más de 10.000 millones de euros hoy. "En el supuesto de que entablara negociaciones sobre un Pacto Fiscal el punto de partida sería ese 5,1% de solidaridad interterritorial, y hay que suponer que las discusiones se centrarían en la rebaja de ese porcentaje", añade.

Así pues, llevado al extremo, eliminando por completo todo atisbo de "solidaridad" por parte de Cataluña, el Pacto Fiscal restaría al sistema un máximo de 10.000 millones de euros. No es el único que coincide en esta cifra. Otro reconocido experto en materia de financiación territorial, el profesor Ángel de la Fuente, miembro del Instituto de Análisis Económica del CSIC, ya advertía en un estudio publicado en 2012 de que "un sistema de concierto a la vasca habría incrementado la financiación neta de Cataluña en algo menos de 11.000 millones", empleando datos de 2007. Y esta mayor financiación catalana implicaría, por tanto, una reducción del 8% en la financiación del resto de las regiones españolas. Esto significa que, en caso de querer mantener el actual nivel de "solidaridad interterritorial", las otras regiones ricas tendrían que desembolsar esos 10.000 millones extra.

En concreto, la gran perjudicada sería, sin duda, Madrid porque es la mayor aportadora de recursos netos, de modo que los contribuyentes madrileños tendrían que desembolsar algo más de 1.540 euros por habitante para cubrir el agujero que le ocasionaría al sistema el Pacto Fiscal catalán, siempre y cuando no se modificase el modelo vigente, lo cual sería más que improbable. En este sentido, el propio De la Fuente explica que "la aprobación de una excepción catalana desataría inmediatamente una espiral de reivindicaciones similares en otras regiones de renta alta", lo cual no es de extrañar a la vista de las cifras.

Madrid, la que más aporta y menos recibe

No en vano, cabe recordar que, según los últimos datos de liquidación del sistema, correspondientes a 2011, la financiación autonómica ya trata mucho peor a Madrid que a Cataluña, tal y como avanzó Libre Mercado. Cataluña fue la que recibió más dinero del sistema de todas las autonomías de régimen común (más de 19.000 millones); unos 2.530 euros per cápita, 235 euros más que cada madrileño; embolsándose casi el 60% de lo que se recauda en dicha región a través de IRPF, IVA y Especiales, frente al exiguo 17% que recibió Madrid. Por el contrario, Madrid aporta el 75% de la "solidaridad" del sistema y Cataluña un 22%.

La factura del rescate catalán

Pese a ello, Mas sigue reclamando al Gobierno más de 9.000 millones extra que, según él, se derivan de ciertos "incumplimientos" con la Generalidad: 5.748 millones serían deudas pendientes en infraestructuras; 672,6, fruto de la reducción de ingresos finalistas procedentes del Estado; 1.715,2, por medidas que ha dictado el Gobierno central y que suponen un incremento del gasto por parte de la Generalidad; y 1.239,9, fruto de medidas estatales que implican un decrecimiento de los ingresos del Gobierno catalán.

Sin embargo, Mas olvida que, hasta el momento, Cataluña ha pedido prestados a los diferentes fondos habilitados por el Estado (FLA, ICO y pago a proveedores) un total de 20.156 millones de euros en los dos últimos años para evitar la quiebra, siendo la región que más asistencia financiera ha solicitado de toda España. Según datos de Hacienda, la Administración catalana pidió prestados en 2012 un total de 8.758,1 millones de euros y este año lleva solicitados unos 11.398 millones. Y ello, sin contar los anticipos a cuenta ni el dinero inyectado por el Gobierno central para salvar a las cajas catalanas.

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