La Comisión Europa ha lanzado este viernes una nueva advertencia a España sobre la necesidad de recortes adicionales de gasto de cara a 2014 para poder cumplir el objetivo de déficit del 5,8% del PIB, más allá de los ajustes que contempla el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del próximo ejercicio. Bruselas desconfía de las cuentas públicas elaboradas por el Gobierno porque considera que no se alcanzará el volumen de recaudación fiscal previsto. La razón estriba, por un lado, en que rebaja la previsión de crecimiento al 0,5% del PIB, frente al 0,7% oficial que calcula el Ejecutivo, y, por otro, en que los ingresos extra derivados del fraude fiscal están sobrevalorados. Pese a ello, la Comisión estima que el déficit tan sólo se desviará ligeramente, entre 1.000 y 3.000 millones de euros por encima de la meta establecida.
Sin embargo, el Gobierno se ha apresurado a responder que, en ningún caso, serán necesarios nuevos recortes. Tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como el de Hacienda, Cristóbal Montoro, han coincidido esta vez en enmendar juntos la plana a Bruselas, asegurando que sus cálculos son incorrectos. Su argumento es sencillo: la recuperación está en marcha y el crecimiento económico del 0,7% se encargará por sí solo de reducir el déficit gracias al aumento de la recaudación tributaria. Independientemente de quién tenga razón, lo grave es la complacencia y dejadez que muestra el Gobierno en la corrección de uno de los problemas más importantes que sigue presentando el país tras casi seis largos años de crisis económica, a saber, el contraproducente descuadre de las cuentas públicas. No es de recibo que el PP se conforme con reducir el déficit en tan sólo 1 punto del PIB, desde el 6,8% al 5,8%, registrando así uno de los mayores descuadres fiscales de la zona euro el próximo año. Y aún lo es menos que en lugar de reducir el gasto público lo confíe todo a la relativa mejora de la economía y el consiguiente incremento de los ingresos.
Esta estrategia demuestra que el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha dado por concluido el ajuste del sector público. Rechaza adoptar nuevas medidas de austeridad, a pesar de que ésta casi ha brillado por su ausencia durante la crisis. Primero el PSOE y ahora también el PP se han dedicado a subir todos los impuestos hasta un nivel inédito, recortando lo mínimo posible el sobredimensionado tamaño estatal, especialmente en el ámbito autonómico. Como resultado, empresas y familias soportan hoy uno de los mayores esfuerzos fiscales de la OCDE y de la Unión Europea para tratar de mantener en pie un gasto público absolutamente insostenible. Las próximas citas electorales pesan más en el Gobierno que la adopción de medidas que, pese a ser impopulares, son esenciales para completar el saneamiento de la economía española.
Y lo mismo sucede en el ámbito de las reformas. Bruselas no sólo alerta de la necesidad de aprobar nuevos recortes sino que también urge poner en marcha los cambios estructurales pendientes, cuya consecución es clave para afianzar la recuperación económica sobre bases sólidas. En este sentido, la Comisión Europea advierte al Gobierno sobre el retraso en las recomendaciones de los expertos en materia de pensiones, la rigidez que aún presenta el mercado laboral, la ausencia de sanciones a las autonomías que incumplen el déficit o las deficiencias que presenta la reforma energética. Sin embargo, a pesar de los insistentes consejos de las autoridades comunitarias y la mayoría de expertos, el Ejecutivo de Mariano Rajoy opta por hacer oídos sordos, ya que se conforma con anunciar medidas tibias, cuando no meramente cosméticas, con el fin de vender su mensaje reformista al exterior, a pesar de que su eficacia real sigue siendo escasa.
Esta actitud contrasta diametralmente con los drásticos sacrificios y esfuerzos llevados a cabo por el conjunto de familias y empresas españolas durante la crisis, auténticos artífices de las señales positivas que muestra la economía nacional en determinados ámbitos. El Gobierno haría bien en imitar su admirable comportamiento, acelerando la reducción del déficit y la aplicación del amplio listado de reformas aún pendientes para llevar cuanto antes a buen puerto la recuperación. La complacencia siempre es mala consejera, pero mucho más en tiempos de dificultades.