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Madrid aprueba nuevas medidas para proteger al consumidor

La Comunidad de Madrid presentará este jueves una serie de medidas para perseguir prácticas comerciales abusivas que han crecido en los últimos años.

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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará este jueves una serie de medidas encaminadas a erradicar determinadas prácticas comerciales abusivas que han crecido de forma notable en los últimos años.

Las medidas llegan a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que va a ser tratada en esta reunión del ejecutivo regional y que también incluye la rebaja fiscal anunciada semanas atrás por Ignacio González. Su forma legal será una modificación "sustancial" de la Ley de Protección de los Consumidores.

Como principal novedad quizá se puede destacar que se perseguirá lo que se ha denominado el "acoso telefónico" que muchos usuarios sufren con determinadas promociones; también se castigarán las falsas revisiones de gas y comportamientos como dar a un usuario de alta en un servicio que no haya solicitado o plantearle dificultades para darse de baja o cambiar de operador.

Repuestos y letra pequeña

Otro de los aspectos más llamativos de la nueva norma es que obligará a las empresas a disponer de repuestos de sus productos por un plazo no inferior a cinco años. Esta norma obedece al gran número de reclamaciones que los consumidores presentan, por ejemplo, por teléfonos móviles que tras una rotura de pantalla han de cambiarse por otro nuevo ya que no se dispone de la pieza estropeada.

La reforma también permitirá que a partir de enero, fecha en la que se prevé su entrada en vigor, se empiece a regular la denominada "letra pequeña" de los contratos, es decir, esos párrafos en un tamaño significativamente menor y en no pocas ocasiones con un color más claro para dificultar su lectura. Los contratos deberán, por tanto, estar redactados en castellano, con un lenguaje claro y ser legibles.

Mediando con las empresas

Las modificaciones legales impulsadas por el gobierno de Ignacio González también plantean algunos puntos que pueden ser interesantes para las empresas: así, se prevén reducciones en el importe de las sanciones de hasta un 30% si se paga dentro del plazo de alegaciones.

Además, la CAM prevé poder ejercer en un mayor número de casos el papel de mediador entre las empresas y los consumidores. El plan es llegar a acuerdos con compañías o sectores que registren un elevado número de quejas por motivos similares, agilizando la gestión de reclamaciones y reduciendo costes a las empresas.

Multas de 300 a 600.000 euros

La ley prevé sanciones que irán desde los 300 euros en las infracciones más leves hasta los 600.000 en el caso de las más graves. Sin embargo, también se introduce una figura que podría evitar la imposición de sanciones, la amonestación.

El procedimiento consistirá en que si se detectan indicios de una infracción leve y siempre antes de iniciar un proceso sancionador se podrá amonestar por escrito a la empresa, ofreciendo la posibilidad de subsanar los problemas en un plazo de quince días.

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