El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado jueves que aprobará una nueva ley para garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos, tras la vergonzosa imagen que dejó tras de sí la huelga indefinida que protagonizaron los barrenderos en Madrid. De este modo pretende poner coto a los abusos e irregularidades que tan frecuentemente cometen los sindicatos durante este tipo de protestas con el único fin de conseguir sus objetivos, sin importarles un ápice el daño que injustamente infligen a terceros. Sin embargo, aunque a primera vista pudiera parecer una medida necesaria y loable, lo cierto es que el nuevo anuncio del PP está tan lleno de contradicciones e incongruencias que, por desgracia, todo apunta a que la citada reforma quedará en nada. Es decir, el Gobierno anuncia un cambio para que, en la práctica, todo siga más o menos igual.
Lo primero que llama la atención de esta nueva ley es el pernicioso oportunismo. La huelga de limpieza que tomó a los madrileños como rehenes durante casi dos semanas ha servido de excusa al Gobierno para tratar de resolver un problema, el de los abusos sindicales, que, en realidad, existe desde hace largos años. De hecho, el PP de Madrid lleva mucho tiempo reclamando la necesidad de aprobar una Ley de Huelga para regular debidamente este derecho, que, siendo fundamental, es utilizado torticeramente por los sindicatos para cometer todo tipo de tropelías, coacciones e ilegalidades contra los derechos y libertades de los demás. Es, cuanto menos, triste que haya que esperar a este tipo de sucesos para que el Gobierno se anime, finalmente, a tomar cartas en el asunto, sabiendo que es uno de los problemas crónicos que padece España. El Estado no debería legislar a golpe de titular en los medios de comunicación.
Pese a todo, dicho retraso sería lo de menos si, efectivamente, el Ejecutivo lograse solventar este grave defecto de una vez por todas. El problema es que, muy probablemente, no será así. La razón estriba en que no es posible elaborar una ley de servicios mínimos eficaz en connivencia con los sindicatos, que son, precisamente, los que incumplen de forma reiterada dichos servicios. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó este viernes que la intención del PP es consensuar la nueva norma con los agentes sociales. Pero la firma de CCOO y UGT convertirá en papel mojado cualquier reforma mínimamente seria sobre esta materia. El manido espíritu de consenso que esgrime el PP es, en este caso, un síntoma de debilidad política y, lo que es más grave, de profundos complejos ideológicos, ya que una ley que pretende erradicar los desmanes sindicales jamás podría contar con el respaldo de Toxo y Méndez. Una reforma de esta naturaleza ha de contar, por definición, con el rechazo explícito de los sindicatos, por lo que la voluntad de diálogo del PP es, en el fondo, síntoma de que esta norma difícilmente solucionará nada.
Sin embargo, más allá de estas contradicciones, lo más grave es que, en realidad, se trata de un cambio normativo completamente innecesario y, por tanto, inútil. Ya hay una normativa que regula los servicios mínimos en caso de huelga, el problema es que no se cumple debido a la dejación de funciones que suelen realizar las autoridades políticas. Si bien es cierto que sería conveniente dotarse de una Ley de Huelga eficaz y transparente, la promulgación de una Ley de Servicios Mínimos constituye un anuncio vacuo, puesto que carece de sentido legislar con el fin de hacer cumplir lo que ya está regulado. En este sentido, basta con que las autoridades competentes se esmeren en el cometido de sus funciones legalmente atribuidas para evitar que los servicios mínimos se incumplan. Lo demás son simples brindis al sol.