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Escocia se enfrenta a un colapso fiscal en caso de secesión

La incertidumbre sobre la nueva entidad política se uniría a una malas perspectivas demográficas a medio plazo.

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La incertidumbre sobre la nueva entidad política se uniría a una malas perspectivas demográficas a medio plazo.

Según todas las encuestas, no hay demasiadas posibilidades de que los independentistas escoceses ganen el referéndum que tienen preparado para el año que viene. A menos de un año de la cita con las urnas, las encuestas apuntan que un 50% de la población votará en contra de la secesión y un 30% que votará a favor, con un 20% que todavía se declara indeciso.

En realidad, desde que se anunció oficialmente la convocatoria, los nacionalistas han ido perdiendo apoyos. Y la cuestión económica, que al principio parecía una baza en las manos de Alex Salmond (primer ministro escocés), cada vez se asemeja más a un lastre en la mochila de los separatistas.

Primero, fue el Gobierno británico el que encargó una serie de trabajos sobre el coste de la independencia. Ahora, el Instituto de Estudios Fiscales (IFS), uno de los think-tank independientes más prestigiosos de las islas, ha analizado sus finanzas públicas y ha llegado a una conclusión: una Escocia desligada del Reino Unido tendría un agujero fiscal de enormes proporciones, que sólo podría cerrar o con importantes subidas de impuestos o fuertes recortes de gastos.

Una apuesta arriesgada

Al igual que hacen sus colegas catalanes, los nacionalistas escoceses llevan décadas apelando a la cartera de sus conciudadanos para acumular más apoyos. En condiciones normales, los partidarios de la independencia siempre han sido una minoría. Y en esta situación, el Londres nos roba (se plantee como se plantee en las islas) puede ser un argumento de peso.

Sin embargo, en los últimos meses, el bumerán económico se les está volviendo en contra y amenaza con llevarse definitivamente todas sus esperanzas. Como explica Martin Wolf, uno de los columnistas económicos más conocidos del mundo, en su artículo de esta semana para el Financial Times: "La independencia tendría sus costes, particularmente fiscales. Es perfectamente razonable que los ciudadanos decidan que están dispuestos a pagar ese precio. [Pero] sería equivocado pretender que esos costes no serían sustanciales".

Como ya explicamos en Libre Mercado, una Escocia independiente tendría que hacer frente a muchos problemas, con un coste muy elevado para su actividad: efecto frontera en el comercio con el resto del Reino Unido, deslocalizaciones, fuga de cerebros, incertidumbre asociada a la nueva moneda, huida de capitales,...

Esta semana, el tema ha sido el equilibrio fiscal del nuevo país. Según los cálculos del IFS, Escocia podría ver cómo su deuda se disparaba por encima del 100% del PIB en los próximos años si no toma medidas rápidamente. Es más, si quieren mantener esta ratio en el 40%, tendrán que aplicar recortes del gasto o incrementos de impuestos por una cantidad equivalente al 4% del PIB a partir de 2020. Y eso aceptando todas las suposiciones del estudio, que el propio Wolf apunta que podrían ser muy optimistas en varios aspectos (por ejemplo, cuando estiman un incremento de la productividad igual al del resto del Reino Unido).

Hay varias causas que explican esta situación, pero por encima de todas sobresalen dos cuestiones: el envejecimiento de la población y los riesgos asociados a la incertidumbre que genera todo cambio político de esta magnitud. En lo que hace referencia a la demografía, el futuro para Escocia no parece especialmente auspicioso, con un mayor porcentaje de habitantes por encima de los 65 años y una tendencia que acentuará ese problema en las próximas décadas. De hecho, las previsiones apuntan a una caída del número total de escoceses unida a un incremento en el número total de mayores de 65 años. Es difícil imaginar un escenario peor.

Y eso sin tener en cuenta que muchos jóvenes profesionales de nivel medio-alto podrían dejar el país tras la independencia, tanto por no estar de acuerdo con este proceso político como porque tengan que seguir a sus empresas, si estas cierran sus centros de trabajo en el nuevo país (y hay indicios de que algunas lo harían). El resultado de todas estas tendencia sería un menor número de contribuyentes y cotizantes que deberían soportar a un creciente ejército de dependientes. Por cierto, en lo que respecta a España, tanto Cataluña como, sobre todo, el País Vasco, muestran una tendencia demográfica similar. De hecho, en ambas comunidades autónomas, las cotizaciones a la Seguridad Social ya no cubren el pago de las pensiones.

Colapso fiscal

Habrá quien diga que el coste del envejecimiento puede solucionarse con inmigración, aunque está claro que eso no es fácil de conseguir. Pero incluso así, el problema para los escoceses es que el mayor peligro de colapso fiscal no llega de esta tendencia, que además irá mostrando sus peores efectos a medio plazo, sino de una realidad que es casi inevitable en cualquier proceso independentista: la incertidumbre.

Como explica Tim Harford en su columna de esta semana: "Escocia sería una pequeña economía, muy dependiente de los ingresos de los hidrocarburos, con un mercado de bonos soberanos todavía no establecido y sin historial". No es un escenario especialmente apetecible.

Tras la separación del Reino Unido, la deuda pública escocesa se situaría en el entorno del 84% del PIB (teniendo en cuenta que asumiría la parte correspondiente a su población). El nuevo gobierno tendría que encontrar inversores para financiar el pago de lo que se le debiera a sus antiguos compatriotas. Teniendo en cuenta, además, que no está claro cuál sería la moneda o cuáles las condiciones en las que quedaría el sector financiero, no lo tendría nada fácil para conseguirlo.

El IFS apunta que al menos la Escocia independiente tendría la opción de establecer un sistema fiscal más efectivo que el actual. Aunque eso dependería (en el caso escocés y en el catalán) de la sensatez y talla política de los líderes que controlen el proceso secesionista. La pregunta que hay que hacerse es si esta capacidad legislativa y esa supuesta optimización del modelo tributario sería suficiente para compensar el resto de problemas.

Porque según los cálculos del IFS, "incluso bajo el escenario más favorbale, el agujero fiscal en Escocia ascendería al 1,9% del PIB, comparado con el 0,8% para el resto del Reino Unido". Para cerrar este boquete en sus cuentas públicas, sería necesario que el nuevo Gobierno aprobase incrementos en los impuestos equivalentes a "nueve puntos en el tipo básico del impuesto sobre la renta, ocho puntos en la tarifa del IVA, un 6% de reducción del gasto público total o una reducción del 8% en el gasto de los servicios públicos". Será complicado atraer a los votantes a las urnas con estas perspectivas.

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